Fotomontaje de los ministros Ana Mato y Cristóbal Montoro.
Que buena parte de la oposición esté pidiendo las dimisiones de los ministros Ana Mato –por las sospechas de haber recibido regalos de la red Gürtel – y Cristóbal Montoro –por aprobar una polémica amnistía fiscal de la que podrían haberse beneficiado implicados en esa trama de corrupción– es de manual de política básica. Que empiece a haber quinielas dentro del PP sobre la fecha de una posible remodelación de Gobierno que afecte a las carteras de Sanidad y Hacienda, ya es otra cosa. Y haberlas, haylas.
La ministra Mato está viviendo un déjà vu : la policía envió a la Audiencia Nacional, hace unos días, una ampliación de un antiguo informe en el que se apunta a que ella y su exmarido, Jesús Sepúlveda (implicado en el caso Gürtel ), se beneficiaron de presentes de la red corrupta entre los años 2000 y 2004. La mayor parte del contenido de dicho informe ya se conoció hace un par de años, cuando el caso estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y los populares no habían llegado al poder. El asunto fue archivado por prescripción de los posibles delitos.
SEPARADOS DESDE EL 2000 / Entonces Mato, cuentan en el PP, ya tuvo que explicar a Mariano Rajoy por qué aparecía en aquellos papeles. Según la versión que le ofreció, Sepúlveda y ella hacían vida por separado desde el 2000, pese a que no hubiera ruptura oficial. Ella mantenía la firma en alguna cuenta común, pero aseguró que ni la usaba ni miraba sus movimientos y que, sobre todo, desconocía las relaciones de su exmarido con los cabecillas de la trama. Y pidió no ser sacrificada por lo que pudiera haber hecho quien fuera su pareja, aunque puso su cargo (entonces de vicesecretaria general) a disposición de su jefe. Cuentan los que la conocen que ahora, con la ampliación del documento policial, Mato «sin duda» ha puesto su cabeza política, de nuevo, en manos de un Rajoy muy erosionado por el escándalo de los sobresueldos. Él la respalda. Al menos, de momento.
En el caso de la titular de Sanidad, hay una fecha clave ya marcada en el calendario que puede afectar, para bien o para mal, a su futuro político: el 13 de febrero. Es el día que Sepúlveda, su ex, está llamado a declarar como imputado en la Audiencia Nacional, que está revisando el caso. Se le achaca un posible delito de cohecho. Es previsible que el exalcalde de Pozuelo tenga que responder a preguntas sobre supuesta financiación ilegal en su consistorio y también en torno a los hipotéticos viajes y fiestas que Francisco Correa, el líder de la trama, regaló a los Sepúlveda-Mato. Con sus respuestas se la juega la ministra, que ha garantizado en una entrevista en El País que conserva facturas para probar su inocencia.
En todo caso, la presión sobre ella es fortísima. Existen dudas sobre su destino dentro y fuera de su casa política. Cuando se pregunta en rueda de prensa sobre su posible dimisión o cese a cualquier miembro de la dirección del PP, todos se limitan a recordar que tiene la confianza del presidente. Otra cosa es Esperanza Aguirre, a la que se interrogó ayer sobre esta cuestión. «La dimisión es una cuestión totalmente personal y es ella la que tiene que decidir», respondió, para a continuación hacer un alegato de la dimisión, algo que «en España no se lleva» y «que habría que poner mucho más al día».
«REGENERAR» LA POLÍTICA / Aguirre, la que se había retirado de la primera línea, compareció ayer ante los periodistas como presidenta del PP de Madrid. Sí, ayer, el mismo día en que el extesorero Luis Bárcenas y el exsenador popular Jorge Trias Sagnier declaraban ante la Fiscalía Anticorrupción para hablar de los supuestos sobresueldos en negro a dirigentes conservadores. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid también comentó este asunto: volvió a insistir en que hay que «regenerar» la política, una tarea para la que se ofrece. Pero aún dio un paso más. En respuesta a un periodista que le planteó si cree necesario que el PP convoque un congreso extraordinario (el PSOE pide la dimisión de Rajoy), Aguirre respondió que no, aunque añadiendo: «El presidente ha empeñado su palabra, ha dicho que todo esto [lo de los sobresueldos] es falso. Si se demostrara que no es así, entonces podría a lo mejor alguien pensarlo». ¿Pero se cree los papeles secretos de Bárcenas?, se le planteó también. «Como toda gran mentira, a lo mejor tiene su parte de verdad», contestó la que se autodenominó lideresa y amagó con disputarle la jefatura del PP a Rajoy en el 2008.
Como era de esperar, sus declaraciones no gustaron a la dirección popular. Ni las referidas al congreso extraordinario ni las emitidas sobre la hipotética dimisión de Mato. Además, algunas fuentes consultadas relacionaron la falta de apoyo explícito a la ministra de Sanidad con el hecho de que el equipo de Rajoy se haya planteado, con bastante seriedad, señalar a Mato como posible candidata a la presidencia de la comunidad en lugar de Ignacio González, el delfín de Aguirre.
AMNISTÍA FISCAL / Pero Mato no es la única cuestionada. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, está en una situación similar. Él es el responsable de la amnistía fiscal del Gobierno, que además de provocar indignación ciudadana, no ha recaudado lo que se esperaba y, lo que es peor, podría haber ayudado a imputados en la trama Gürtel –entre otros, a Luis Bárcenas– a blanquear dinero. Al menos, eso es lo que sospecha el juez Pablo Ruz, que ha pedido a la Agencia Tributaria que aclare si los implicados en esta red se han beneficiado de la regularización. El empresario José Luis Ulibarri, imputado en la causa, negó ayer haberse aprovechado.
Mato y Montoro, pues, están en boca de sus propios compañeros del PP. Y son objetivo para los socialistas, que les dedicarán una batería de preguntas en el Parlamento, donde quieren que se explique también Rajoy.
elperiodico.com - GEMMA ROBLES / PILAR SANTOS
MADRID
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