viernes, 14 de septiembre de 2012

Educación recorta los contenidos que controlan las autonomías

Wert, durante la sesión de control al Gobierno el miércoles.


Educación impondrá más contenidos a las autonomías
El Gobierno decidirá hasta un 75% de lo que se enseñe en las aulas
La medida afectará a todas las etapas educativas y a todas las asignaturas



El Gobierno quiere aumentar el porcentaje de contenidos mínimos que fija el Estado en los currículos escolares desde la educación primaria hasta el bachillerato y la FP, recortando en consecuencia el margen que ahora tienen para completar el tiempo escolar las comunidades autónomas, según el borrador de la reforma de la ley orgánica educativa —la séptima de la democracia— en el que trabaja el Ministerio de Educación y al que ha tenido acceso este periódico. El Ejecutivo de Mariano Rajoy pasará a fijar “los contenidos comunes necesarios para la adquisición de las competencias básicas”, los cuales requerirán “el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para aquellas que no la tengan”. Actualmente, la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en 2006, establece unos contenidos mínimos del 55% y el 65%, respectivamente. La medida afectará a todas las asignaturas; lo mismo a Matemáticas que Historia, Lengua o la nueva Educación Cívica y Constitucional que sustituirá, sin los contenidos más polémicos ya limados por este Gobierno, a la asignatura de Ciudadanía.

Se trata de una antigua reivindicación, recogida en el programa electoral del PP del año pasado, para asegurar unos contenidos comunes en toda España. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, dijo este jueves en TVE que “no es de recibo” que el sistema “acabara derivando en 17 sistemas educativos distintos”. “Tenemos un sistema, en cuanto al reparto de competencias, que en teoría es claro, pero que, tras 20 años de aplicación, es evidente que ha presentado disfunciones”, añadió.

La ley (cuyo anteproyecto podría llegar en las próximas semanas al Consejo de Ministros) declara en el texto su intención de mejorar los problemas del sistema educativo: un abandono escolar temprano del 26,5%, casi el doble de la media europea, y resultados mediocres en exámenes internacionales. Lo intentará hacer adelantando la elección de los alumnos hacia la FP, creando un nuevo ciclo de formación profesional dentro la enseñanza obligatoria (FP Básica se llamará), estableciendo evaluaciones externas al final de cada etapa que serán reválidas en la ESO y bachillerato (el Gobierno ha desechado la idea inicial de establecerla también al final de primaria). Muchas voces han calificado la reforma de segregadora en el debate que se ha generado desde que se presentaron sus líneas generales a finales del pasado mes de junio: consideran que lejos de arreglar los problemas, estos aumentarán.

José Ignacio Wert vinculó este jueves en una entrevista en Los Desayunos de TVE las evaluaciones externas con esa idea de garantizar la educación común en toda España. Pero ese debate ha estado centrado durante mucho tiempo en la fijación de esos contenidos mínimos, cuyos pesos, sin embargo, no cambió la ley aprobada en 2002 durante el Gobierno de José María Aznar.

También volvió a ser un motivo de pelea durante la tramitación de la actual ley educativa, pues el PP siempre se quejó de que no quedaban garantizados unos “contenidos mínimos comunes para todos”, entre otras cosas, por su ambigua redacción, dijo en su día la actual ministra de Fomento, Ana Pastor. “Garantizaremos que todos los alumnos, con independencia del lugar en que residan, tengan una formación común con un currículo básico en todas las etapas educativas”, decía el programa electoral con el que el PP ganó las últimas elecciones generales. Por su parte, los partidos nacionalistas presionaron durante todo el proceso de tramitación de la LOE para conseguir más margen de acción.

Ahora, la redacción queda en el anteproyecto de ley orgánica de modificación de aquella norma, la LOE, de la siguiente manera: “Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez y eficacia de los títulos académicos, corresponderá al Gobierno: a) El establecimiento y definición de las competencias básicas de cada enseñanza y de los criterios para su evaluación. b) La fijación de los contenidos comunes necesarios para la adquisición de las competencias básicas. Los contenidos comunes requerirán el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para aquellas que no la tengan”.


EL PAÍS.com - J. A. Aunión - Madrid 13 SEP 2012

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