Un Gobierno en depresión

El deterioro de la economía golpea la imagen del Ejecutivo de Rajoy
incapaz de frenar el aumento del paro y rebajar el déficit.

El Gobierno ha empeorado en solo siete meses la pésima herencia económica recibida del Ejecutivo socialista, que dejó cinco millones de parados, un déficit desbocado y el comienzo de una nueva recesión. Con apenas un 15% del mandato cumplido, el presidente Mariano Rajoy reflexiona ya sobre si España pedirá el rescate del país, con la prima de riesgo escalando el muro infernal de los 600 puntos y con un horizonte de altísimo riesgo en forma de nuevas subastas multimillonarias de bonos que llegarán en septiembre y, sobre todo, octubre.

Los 5.273.000 parados que dejó la gestión socialista son ya 5.693.000 con siete meses de mandato popular; la prima de riesgo ha subido más de 100 puntos; la bolsa está bajo mínimos y el país ha entrado en otra recesión. Todo lo que el PP prometió no recortar cuando llegó al Gobierno lo ha recortado; todo lo que el PP criticó y censuró desde la oposición lo ha llevado a cabo multiplicado por dos. El efecto de sus políticas ha dañado el Estado de bienestar: la educación pública tiene menos profesores por primera vez en muchos años y más alumnos por aula; los medicamentos son más caros y los pensionistas pagan ahora el 10% de su precio por las medicinas; los funcionarios han perdido una paga extraordinaria —el 7% de su salario—; los impuestos principales han subido (IRPF e IVA, entre otros); los derechos laborales de los trabajadores son menos y el despido es más barato. Una huelga general y una incesante agitación social en la calle han sido las respuestas a las políticas del Gobierno.

Pese a los inmensos sacrificios, la desconfianza del poder europeo hacia el Gobierno de Mariano Rajoy continúa; los mercados castigan más y más a España hasta conducir al país a la asfixia, y el PP ha perdido buena parte del apoyo electoral que le llevó en noviembre de 2011 a la mayoría absoluta. Lo que sigue es un balance de estos siete meses de camino al infierno que ha recorrido el Ejecutivo del PP.
 

ECONOMÍA Y HACIENDA

Un rescate bancario tras la dimisión de Rato

En diciembre, el partido en el Gobierno abonó el debate sobre la bicefalia en el equipo económico, sobre las complicaciones de repartir entre Cristóbal Montoro (Hacienda) y Luis de Guindos (Economía) las competencias que solo Aznar había separado (entre 2000 y 2004). Conforme se ha evidenciado la dependencia de las directrices de Bruselas, la balanza se ha decantado en favor de Guindos, el representante español en el Eurogrupo. Algunas de las medidas de ajuste más recientes, como subir el IVA y bajar cotizaciones sociales, llevan el sello de Guindos, en plena sintonía con las instituciones internacionales. Pero es su actuación en el sector financiero lo que da fe de su creciente protagonismo. Rajoy amparó su radical cambio de estrategia: de la reforma continuista en febrero a la intervención de Bankia en mayo, aun a costa de sacrificar a un peso pesado del partido como Rodrigo Rato. El movimiento desencadenó el rescate de la banca española y, posiblemente, la necesidad de más apoyo adicional de los socios europeos y del BCE. De cómo acabe esta historia depende el destino de Luis de Guindos. Y de Rajoy.

A Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, le crecen los problemas. A la rebelión de Andalucía y Cataluña contra las restricciones presupuestarias le suma una batalla contra el déficit que no acaba de dar resultados. Ni siquiera cuenta con el entusiasmo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, la mayoría, en los consejos de política fiscal y financiera donde intenta garantizar la austeridad de todos para cumplir con el déficit previsto. Ha tenido que tragarse el sapo de la subida del IVA que demonizó cuanto gobernaba el PSOE, y una amnistía fiscal —recurrida por los socialistas ante el Constitucional— para hacer aflorar el dinero negro de los delincuentes a un coste especialmente barato para ellos.
 

EDUCACIÓN

Menos profesores para más alumnos

José Ignacio Wert fue una elección sorprendente como ministro de Educación, pues, a pesar de ser profesor universitario, la experiencia de este sociólogo, tras su paso hace más de dos décadas por la política activa, se había centrado en los estudios de audiencia y de mercado y en el mundo de la comunicación. Wert empezó como una absoluta incógnita, pero pronto dilapidó la fama que le precedió de dialogante hombre de la derecha europea y moderada con sonadas meteduras de pata como la de justificar la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía con citas de un libro que no era un libro de texto o señalar como uno de los problemas de la educación en Ceuta y Melilla una inexistente “avalancha” de alumnos marroquíes. Los sindicatos le han acusado de falta de diálogo y su carácter le ha llegado a enfrentar con los habitualmente protocolarios rectores que le dejaron plantado, de forma insólita, en una reunión del Consejo de Universidades.

Pero lo cierto es que a Wert le han tocado tiempos difíciles y a lo que principalmente ha dedicado sus primeros siete meses en el ministerio es a encontrar las fórmulas para ahorrar todo lo que el Gobierno quiere ahorrar en enseñanza: cambió en abril la ley para reducir las plantillas docentes (aumentando sus horas de clase y permitiendo incrementar los alumnos por aula) y para aumentar el precio de las matrículas universitarias. Estas medidas consiguieron unir la fragmentada protesta contra los recortes educativos en una inédita huelga en casi toda España y en todos los niveles educativos, desde infantil a la universidad. De momento, el curso pasado hubo 2.800 profesores menos para atender a 116.000 alumnos más. A partir de septiembre seguirá bajando el número de profesores y aumentando el de alumnos.

Ahora negocia con los distintos sectores su propuesta de reforma educativa que durante el verano ha estado explicando a sindicatos, padres y patronales. Este debate también traerá polémica pues entre otras cosas pretende recuperar las antiguas reválidas al final de cada etapa educativa: en primaria, ESO y bachillerato.
 

SANIDAD

Medicamentazo y rebaja de servicios
No se sabe qué planes tenía Ana Mato cuando llegó al Ministerio de Sanidad, si es que tenía alguno. Que iba a tener que gestionar un departamento en crisis era sabido, pero las propuestas del PP durante la campaña electoral no daban ninguna pista. El partido, para enjugar las deudas de las comunidades, apostó todo a una baza: con la llegada de Rajoy al poder la economía mejoraría, habría más ingresos fiscales y, por tanto, más dinero para sanidad. No hace falta recordar que eso no ha pasado.

Pero Mato quedó en el ojo del huracán cuando Rajoy anunció el 9 de abril que las Administraciones tenían que recortar 7.000 millones en sanidad. Se trataba del grueso del ahorro exigido, con el inconveniente de que ese gasto no lo gestiona directamente el ministerio, sino las comunidades. Fue como poner el carro delante del burro, y la respuesta fue el real decreto-ley del 24 de abril. Una norma-contenedor en la que se juntaron todas las medidas posibles para, con una gran dosis de ingeniería financiera, intentar llegar a esa cifra de ahorro.

Curiosamente, la principal de las partidas (1.550 millones de ahorro) no era nueva: se trataba de aprovechar lo iniciado por el anterior Gobierno y profundizar en la rebaja de precios de los medicamentos. Según la memoria económica del real decreto ley, otras medidas polémicas (dejar sin cobertura a los inmigrantes en situación irregular, aumentar el copago farmacéutico o sacar medicamentos de la financiación pública) van a aportar mucho menos.
 

POLÍTICA EXTERIOR

La diplomacia al servicio de la economía

Con la confianza en la economía española por los suelos y la prima de riesgo en niveles estratosféricos, el lanzamiento de la “marca España” ha sido el gran proyecto del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. La diplomacia se ha puesto al servicio de la economía, con un empresario (Carlos Espinosa de los Monteros) al frente de la operación de marketing y el Rey como primer agente comercial de las empresas españolas (en el golfo Pérsico, Iberoamérica o Rusia), a pesar de que su imagen saliera empañada del accidente que sufrió durante un viaje privado a Botsuana.

Los recortes se han cebado con la ayuda al desarrollo, que ha retrocedido a niveles anteriores a la etapa de Zapatero, mientras que la creciente inseguridad en el Sahel llevó a Margallo a decidir la repatriación de los cooperantes españoles de Tinduf, tras la liberación, previo pago de rescate, de Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández. Pero ni siquiera en plena crisis ha podido la política exterior olvidarse de sus demonios familiares: Gibraltar, con el conflicto entre los pescadores gaditanos y las autoridades de la Roca, y Cuba, con el rocambolesco incidente protagonizado por un joven dirigente del PP, Ángel Carromero, al volante del coche en el que murió el disidente Oswaldo Payá.
 

EMPLEO

Una huelga general para una reforma laboral

El gran día de Fátima Báñez al frente del Ministerio de Empleo llegó el pasado 10 de febrero, cuando el Consejo de Ministros aprobó la reforma laboral, la única por la que Mariano Rajoy sacó la cara ayer cuando hizo el balance de su primer medio año gobernando. Y lo hizo a pesar de que no ha frenado la destrucción de empleo (también esta recesión, como las otras, se está cobrando una alta factura en puestos de trabajo) o de que la contratación indefinida siga bajo mínimos (apenas el 6,7% de los compromisos firmados en julio).

Aquel día Báñez contó a los líderes de sindicatos y empresarios varios detalles de la reforma por teléfono, en una conversación corta. Hasta entonces no les había facilitado mucha información, y desde entonces los contactos apenas pasan de consultas técnicas y conversaciones formales. El Gobierno no ha optado por el diálogo social como instrumento para ganarse apoyos y eso se aprecia en capítulos como este.

Desde el 10 de febrero y hasta que llegó el decreto de los recortes en la protección frente al desempleo y las rebajas de cotizaciones sociales, el departamento que dirige Báñez ha dado poco más de sí y ella solo ha acaparado protagonismo por episodios como el uso de su correo electrónico para filtrar a un periódico datos confidenciales del Expediente de Regulación de Empleo que ha presentado el PSOE, su adversario político.
 

DEFENSA

Reducción de plantillas y repliegue exterior

El Ministerio de Defensa apenas ha calentado motores durante los siete primeros meses de legislatura. Rajoy firmó el pasado martes la Directiva de Defensa Nacional 1/2012, el documento que marca las líneas maestras de su política de defensa. Semanas antes, el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Francisco García Sánchez, había presentado al ministro de Defensa, Pedro Morenés, el plan Visión 2025, que propone una reducción de 20.000 efectivos (15.000 militares y 5.000 civiles) en los próximos 13 años. La renovación de la cúpula militar se completó el 27 de julio con el nombramiento de los nuevos jefes del Ejército de Tierra (Jaime Domínguez Buj), la Armada (Jaime Muñoz-Delgado) y el Ejército del Aire (Francisco Javier García-Arnaiz).

Lo que está marcando la política de Defensa es el ajuste presupuestario. España ha iniciado un repliegue de sus misiones en el exterior: los 1.100 militares en Líbano se reducirán a la mitad a final de año y el calendario de retirada de Afganistán (10% en 2012, 40% en 2013 y el resto en 2014) podría acelerarse, según Pedro Morenés. El gran problema es cómo pagar la cuenta de casi 30.000 millones de euros de los grandes programas de armamento.

INTERIOR

Entre las víctimas y el final de ETA

La principal labor que tenía ante sí el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando tomó posesión del cargo era la gestión del final de la violencia terrorista. Pero la voluntad de dar algunos pasos en relación con los presos de ETA ha chocado con otra igual de poderosa, la de no soliviantar a las víctimas del terrorismo, a quienes tanto había mimado el PP mientras gobernaban los socialistas. Esto ha llevado a algunas decisiones erráticas que, finalmente, no han contentado a nadie.

Una de las medidas más importantes ha sido el anuncio de un plan de reinserción de presos (que se llevó a cabo un día de abril en el que el ministro estaba de viaje en Luxemburgo) mientras a la vez se sostenía que el “nuevo plan” no suponía ninguna novedad. Fue muy poco para algunos —el PNV y el PSE demandaban otras medidas, como acercamiento de presos a Euskadi— y demasiado para las víctimas, que se quejaron, sintiéndose traicionadas, de que el Gobierno acogiera punto por punto los principios que habían aplicado los socialistas con la vía Nanclares. No ha sido el único desencuentro.

Por el momento ningún recluso se ha incorporado al plan del ministerio, que se ha limitado a llevar a cabo pequeños movimientos como el acercamiento de dos presos enfermos a cárceles vascas o la concesión de terceros grados y libertades condicionales a reclusos que se habían acogido ya a la reinserción con el Ejecutivo anterior.

Las detenciones han continuado. En 2012 han sido arrestados 15 presuntos etarras en España y otros países europeos —aunque se ha producido alguna sonada metedura de pata como anunciar que uno de los detenidos era el jefe militar de ETA y que poco después la fiscalía francesa dijera que no había ningún elemento para sostener algo así—.

Las protestas callejeras por los recortes del Gobierno han sido la otra gran preocupación de un ministerio que ha repetido hasta la saciedad que los mercados no podían llevarse la impresión de que la situación social se estaba descontrolando. El objetivo era evitar a toda costa portadas en los diarios internacionales. Para ello, se han establecido fortísimos controles policiales ante las manifestaciones ciudadanas (tratando, eso sí, de que no se repitieran las escenas de represión a manifestantes de las protestas en Valencia de febrero) y se han anunciado todo tipo de reformas legales para endurecer en el Código Penal los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. El mensaje ha sido claro: cualquier salida de tono se castigará con cárcel. Algunos de estos anuncios han sido después desmentidos por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.


Y, en plena tormenta, el aborto

V. G. C.

Con una sonora polémica por su idea de la “violencia de género estructural” que sufren las mujeres embarazadas y la “libertad de la maternidad” que las hace “auténticamente mujeres” se estrenó en su nueva cartera el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, uno de los que más críticas se han granjeado en estos siete meses. Su popularidad, antaño la más alta entre los dirigentes del PP, se ha desplomado desde que está en el Ejecutivo.

La derogación de la ley de plazos del aborto de 2010 ha sido una de sus banderas: aún no ha aclarado qué va a hacer exactamente, pero sí ha adelantado que abortar dejará de ser un derecho de las mujeres en las primeras 14 semanas, que las chicas de 16 y 17 años necesitarán el permiso de los padres y que desaparecerá el supuesto de aborto por minusvalía o malformación del feto.

A esa reforma se sumarán otras muchas, aún solo anunciadas: el enésimo endurecimiento del Código Penal (incluida la nueva pena de prisión permanente revisable para terroristas y otra para retener en la cárcel a delincuentes sexuales o muy peligrosos), la reforma integral del Consejo General del Poder Judicial, una reordenación del mapa judicial que previsiblemente reducirá el número de juzgados o una ley para desatascar esos mismos juzgados quitándoles competencias —los matrimonios y divorcios sin hijos pasarían, por ejemplo, a los notarios: una puerta a la privatización de la justicia, según la oposición—. Junto a los anuncios, una medida ya tomada: las tasas judiciales se han duplicado.

Como guinda, a Ruiz-Gallardón le pilló con el pie cambiado el caso Dívar. El ministro apoyó hasta el último momento al presidente del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Dívar, que acabó dimitiendo por usar dinero público en viajes aparentemente privados.

El País.com -  Madrid 4 AGO 2012
Con información de Alejandro Bolaños, Juan A. Aunión, Emilio de Benito, Miguel González, Manuel V. Gómez y Mónica Ceberio.