Solo el 14% de los ciudadanos apoya suprimir el supuesto de malformación
En un Gobierno desbordado por la crisis económica que todo lo tapa, Alberto Ruiz-Gallardón ha emergido como el ministro pararrayos, que acumula al malestar ciudadano por los recortes el rechazo a sus propuestas. La última, la de la eliminación del supuesto de aborto de malformación grave del feto, es rechazada por la inmensa mayoría de los españoles, incluidos los votantes del PP y los católicos practicantes. Dos de cada tres votantes del PP, el 65%, y el 64% de los que se declaran católicos están en contra, según la encuesta de Metroscopia.
La interpretación que se ha hecho de esa iniciativa es que Gallardón pretende congraciarse con su electorado, pero hasta a sus votantes les parece excesiva esa vuelta al pasado más remoto, previo a la ley de 1985 en alguno de sus supuestos. Ni para eso le sirve. Los ciudadanos, según se desprende de la encuesta, no aceptan los incumplimientos flagrantes de los programas electorales. El del PP hablaba de forma ambigua de cambiar “el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”, pero todos sus dirigentes, incluido Rajoy, se encargaron de dejar claro que se trataba de volver a la situación previa a 2010, es decir, a la derogación de la ley de plazos para recuperar los supuestos de salud de la madre, violación y malformación del feto.
Así lo explicó Gallardón como ministro de Justicia, hasta que ha colocado sobre la mesa una reforma no prevista que apunta a eliminar el supuesto de malformación grave y que ni siquiera había sido barajada nunca por el PP: ni cuando estaba en la oposición y Zapatero promovió la ley de plazos, ni entre 2000 y 2004, cuando gobernó con mayoría absoluta suficiente para ponerla en marcha. Ni José María Aznar llegó tan lejos.
El rechazo social es evidente y contundente: el 81% de los ciudadanos está en contra de esta reforma y el porcentaje llega al 90% en el caso de los votantes del PSOE.
El gran argumento del PP en las anteriores legislaturas para oponerse a leyes de derechos sociales como la del aborto y la de matrimonio homosexual, entre otras, era precisamente el de la falta de consenso en la sociedad. Ahora solo el 14% de los españoles apoya la reforma Gallardón.
Apenas un 27% de los votantes del PP, con los que el ministro quiere congraciarse, está de acuerdo con lo que ha expuesto Gallardón. Y en función de las creencias religiosas declaradas de los encuestados, tampoco Gallardón logra el apoyo de los supuestos destinatarios del mensaje: los católicos, practicantes o no, están en contra. Ni siquiera hay justificación religiosa, porque el rechazo va del 64% de los practicantes, al 85% de los no practicantes y alejados de la jerarquía de la Iglesia. En contraste, el ministro de Justicia sí ha orillado propuestas concretas de su programa electoral en busca del consenso con otros partidos, como el cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ya matizó la propuesta electoral de reclusión permanente revisable para limitarla a los terroristas; es decir, para dejarla en nada en el momento final de ETA.
Gallardón, incompatible con la idea de pasar inadvertido dentro del Gobierno y asumir un papel secundario, paga por su osadía y su imagen se desploma, en el conjunto de un Ejecutivo con mala valoración ciudadana. En menos de un mes, el ministro de Justicia pasa de un saldo negativo de 10, como el miembro del Gobierno mejor valorado, a -36, como quinto peor valorado. En este periodo ha vivido también el caso Dívar, con su fracasada apuesta inicial por la continuidad del entonces presidente del Poder Judicial.
Mujeres de paseo por Madrid en 1959.
De la mujer-mujer a la mujer-madre
La reforma de la ley del aborto y los recortes en partidas vitales para la igualdad disparan la alarma sobre el papel que el PP reserva al sexo femenino
¿Hay una marcha atrás?
Freno, marcha atrás. Y hasta viejos aromas de Sección Femenina, según los más críticos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha destapado el frasco de las esencias arcaicas. “La libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres auténticamente mujeres”, defiende el político empeñado en restringir el aborto hasta descartarlo incluso en caso de malformación. ¿Es ese el modelo de ciudadana que defiende el PP? ¿Llega la “mujer-madre” tras la “mujer-mujer” acuñada por José María Aznar?
“No”, responden muchas voces populares. De hecho, los planteamientos del ministro sobre el aborto han caído como un jarro de agua fría en algunos sectores del partido, pero la divergencia se ventila en casa, no en público. Sin embargo, la duda queda sembrada para muchos expertos en un país sacudido, además, por una crisis que araña la igualdad entre sexos. Los recortes del Gobierno en gasto social perjudican especialmente a las mujeres: dañan el Estado de bienestar, el principal aliado de las ciudadanas para la equiparación porque les alivia de su carga histórica, los cuidados de niños y mayores que dificultan su incorporación a un mundo laboral ahora también en precario. Ahí está, por ejemplo, el tajo a la dependencia. Con todo esto sobre la mesa, se abre, además, la controversia del aborto, “la libertad más emblemática de las mujeres, porque representa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo”, define la socióloga Marina Subirats.
“El problema número uno es que el PP no tiene un modelo de mujer. Hay muchas cosas que no les gustan y reparan más en eso, pero se ven pillados en una trampa: tienen hijas o hermanas que viven diferente. Tienen tentaciones arcaizantes y muy dispersas, como las de la Iglesia, pero no una doctrina unificada sobre la repercusión de la libertad de las mujeres”, afirma Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. “Que no intenten imponernos su desastroso programa moral. No iba en el programa electoral y la gente no les votó para eso”, advierte.
“La razón de fondo del giro del PP tanto en aborto como en políticas de
igualdad está en la presión de la Iglesia católica, que, desde 1995 y
aliada con el islam, quiere frenar los cambios de las mujeres para que
no salgan del perfil maternidad-domesticidad. Cuidadoras al servicio de
los demás, que solo trabajen fuera empujadas por la pobreza”, analiza
Subirats, exdirectora del Instituto de la Mujer. “En la medida en que se
pretende volver a la maternidad como valor importante, se vuelve al
sustrato de la Sección Femenina”, añade esta experta que, a los 69 años,
tiene fresco aquel recuerdo. De hecho, la frase de Gallardón clava la
doctrina falangista y nacionalcatólica. Un planteamiento que la realidad
desmiente: la tasa de fecundidad lleva más de 30 años por debajo del
reemplazo generacional (2,1 bebés por mujer en edad fértil). Tener hijos
es una opción, no una obligación, sobre la que inciden muchos factores,
entre ellos la dificultad de conciliar descendencia y empleo. Las
españolas, cada vez más formadas y volcadas hacia el mercado laboral, se
han anclado en torno al promedio de 1,3 hijos. Ser madre no es la única
forma de ser mujer, pregonan con sus actos.
“La razón de fondo de este giro es la presión de la Iglesia”, dice una experta
Hay quien, como la filósofa Ana de Miguel, ve en los planteamientos del
PP también una estrategia de clase: “Quieren que sus mujeres o hijas
vayan a la universidad y se coloquen muy bien, pero es un modelo
ignorante e insolidario porque pretenden que eso solo puedan hacerlo las
mujeres que les rodean”. “Buscan parar la evolución de las mujeres como
sujetos libres y con igualdad de derechos para volver hacia el modelo
tradicional”, añade Subirats.
En el partido del Gobierno lo niegan. “No hay un modelo de mujer. En el PP, hablamos de mujeres, en plural. Cada una puede hacer lo que estime y defendemos dos cosas a ultranza: la igualdad, incluido el terreno laboral y salarial, y la libre elección, de forma que se pueda optar por ser madre, o no, y que esto sea compatible con el desarrollo profesional”, explica la diputada Marta González, portavoz popular en la Comisión de Igualdad del Congreso. Las políticas populares han dado prueba de ello: hay quien tuvo a su hijo soltera y sin pareja, o se casó por lo civil...
“Nuestra obsesión es la igualdad de oportunidades. Ahí está la clave para tener instrumentos para competir en todos los ámbitos”, recalca el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, cuando se le pregunta por el modelo de mujer que defiende el Gobierno del PP. Y nada de discriminación positiva para ello. “No somos partidarios de la imposición, de las cuotas, sino del diálogo y de propiciar un cambio cultural”, plantea Moreno, “España no puede desperdiciar el 50% de su talento, y menos, en tiempos de crisis”, zanja. Lo primero quedó claro desde el primer día: ni Gobierno ni nombramientos paritarios. En lo segundo, los expertos inciden en que el deterioro económico se ceba de forma especial con las ciudadanas.
Aunque el huracán económico golpea sin distinguir sexo (24,72% de tasa de paro para ellos y 24,86% para ellas), las mujeres se resienten más, ya que los recortes sociales les afectan en mayor medida. “Hay síntomas inquietantes que complican la igualdad, como los recortes del Estado de bienestar”, afirma la catedrática de Sociología Constanza Tobío, de la Universidad Carlos III. “No se habrían atrevido a hacerlos, por ejemplo, en dependencia, si no hubiera crisis”, apunta esta experta en conciliación.
Igualdad: “No somos partidarios de cuotas sino de propiciar un cambio cultural”
Pero la hay. Y pone en cuestión los grandes postulados del PP: la mejor política de igualdad es el empleo y la conciliación es el principal obstáculo para la equiparación entre mujeres y hombres. “Los poquitos recursos que tenemos los dedicamos a favorecer el autoempleo femenino. La estrategia es facilitar el emprendimiento”, detalla Moreno. “Cualquier mujer puede generar su autoempleo”, asegura con rotundidad.
La otra piedra angular de los populares, la conciliación —una seña de identidad del PP desde la época Aznar— tiene una solución clara, y barata, para el ministerio: “La corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado”. Para Moreno, “hay más problema por la falta de corresponsabilidad” que por el recorte de los servicios sociales. Un planteamiento que sitúa la armonización entre trabajo y vida personal sobre todo en el terreno privado y para el que se impulsa la aquiescencia de las empresas: conciliar si la pareja y el jefe están por la labor.
“Lo que el PP entiende por conciliación es el trabajo a tiempo parcial para las mujeres, o el teletrabajo, para que puedan hacerse cargo de los hijos y de los mayores”, critica Tobío. “Si a la conciliación se le quita la igualdad, conciliación puede ser cualquier cosa”, añade esta experta, que resalta el papel imprescindible de los servicios de cuidado asequibles para avanzar en la equiparación.
“Los ajustes en políticas sociales tienen más incidencia en los sectores más vulnerables, especialmente las mujeres”, admite Moreno. Pero para luchar contra ello solo tiene un arma: “Audacia para ajustar preservando los derechos de los más desfavorecidos”.
¿Y el recorte de los servicios sociales, como la dependencia, que afectan más a las mujeres, principales beneficiarias y cuidadoras? “No caben las trampas jugando al solitario. No tenemos dinero. El país no tiene recursos y hay que marcar prioridades, algo que siempre es doloroso. Hemos preservado la atención a la gran dependencia”, afirma el secretario de Estado. “Hacer una política nacional de igualdad con 11 o 12 millones de euros de presupuesto es complicado”, admite, “pero la igualdad no se ha caído de la agenda”. Sigue en el rótulo de su ministerio, recuerda gráficamente, y tampoco se prevé derogar la Ley de Igualdad, de 2007, que establece la paridad electoral y empuja a las empresas a avanzar en igualdad.
Crisis, recortes y freno tras un avance espectacular de las mujeres, como recogía el informe sobre la situación sociolaboral femenina del Consejo Económico y Social (CES).
“Ha habido muchos progresos, pero queda mucho por hacer”, sostiene uno de sus autores, el demógrafo y economista Juan Antonio Fernández Cordón. “El problema es que se ha roto la dinámica de los avances igualitarios. Se están frenando y los recortes no van a favorecer a las mujeres”, sostiene. “El paro, el principal problema social, es un buen ejemplo. Saca a las ciudadanas del mercado laboral, y se convierten en inactivas”, sostiene. “En un ambiente de desempleo y precariedad, es casi imposible desarrollar medidas igualitarias en los convenios”, prosigue. Una consecuencia más de una crisis que ahonda “la desigualdad en el reparto de la riqueza”.
“Las mujeres no pueden volver al papel tradicional. Su camino es de irás y no volverás”, plantea Valcárcel. Más pesimista, Subirats concluye: “El freno a la vuelta atrás dependerá de cómo se defiendan los derechos ganados. Si no se protesta, en una crisis se puede imponer lo que se quiera”.
EL PAÍS.com - F. G. - Madrid - 28 JUL 2012
Charo Nogueira 28 JUL 2012
