La ministra de Empleo Fatima Báñez.
La titular de Empleo remitió a un diario un informe interno del ERE socialista
El Ministerio de Empleo difundió datos confidenciales sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que prepara el PSOE para reducir drásticamente su plantilla, una información de carácter privado que legalmente solo puede darse a conocer a las partes interesadas.
El PSOE registró el viernes 22 de junio ante Empleo el documento en el que informaba de la apertura de este proceso, con la explicación pertinente (toda compañía que hace un ERE debe especificar los motivos económicos, técnicos u organizativos). Más tarde, un texto de dos páginas con los principales datos del ERE del PSOE fue enviado desde el correo de la propia ministra, Fátima Báñez, a un periodista al menos, según una copia de este mensaje al que ha tenido acceso este diario.
Un portavoz de Empleo niega esta información con rotundidad, asegura que “la ministra no ha enviado esa información” y que, además, “el ministerio no pasa nunca ese tipo de informaciones”. Sin embargo, el archivo adjunto con un documento titulado 'Nota sobre las medidas de regulación de empleo (despidos colectivos, suspensión de contratos y reducciones de jornada) presentadas por el PSOE el viernes 22 de junio' fue remitido desde el correo de Fátima Báñez el día 25.
El diario La Razón anticipó en portada la noticia del ERE socialista en su edición impresa del 25 de junio. Sin embargo, el mismo periódico publicó el día 26 otra información titulada El ERE del PSOE afectará a más de 180 trabajadores. Esta última noticia era mucho más rica en detalles y recogía datos sobre la reducción de plantilla que prepara el principal partido de la oposición, usando expresiones literales del citado documento remitido desde el correo de la ministra de Empleo.
El PSOE, decía esa información —y dice el documento de Trabajo—, está poniendo en marcha “un procedimiento de despido colectivo, de suspensión de contratos y la reducción de jornada” y una “reforma de la estructura federal, autonómica, provincial y municipal debido a la disminución de ingresos de los últimos años intentándose equilibrar los presupuestos y corregir —en los supuestos en que sea preciso— el déficit existente”. Alrededor de 186 trabajadores se verán afectados por los despidos y prejubilaciones, en diferentes comunidades autónomas, y unos 61 verán sus contratos suspendidos o la jornada reducida.
Los documentos justificativos de los ERE suelen contener información sobre la situación económica de la empresa que lo aplica y su estrategia de futuro, y legalmente solo se pueden trasladar a los agentes afectados. Por eso suele hacerse llegar a los representantes sindicales, pero no puede darse a personas ajenas ni entidades porque a menudo contiene datos confidenciales que no debe conocer la competencia, por ejemplo. Es propio de la profesión periodística intentar saltar esas barreras y lograr así informaciones exclusivas, dentro de la habitual labor de un medio de comunicación; pero la autoridad laboral incumple las normas si filtra los datos, y en este caso es la propia ministra, del PP, quien lo hace —según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS—, y a propósito, precisamente, de los despidos del partido adversario.
El PSOE alega causas económicas para defender la necesidad de reducir plantilla, debidas a “la disminución de subvenciones públicas nacionales y autonómicas, derivadas de los resultados electorales, así como de las derivadas del recorte del 20% de las subvenciones a todos los partidos políticos”. Las subvenciones, explica el documento, representan entre un 70% y un 80% de los ingresos del partido, y el restante 20% procede de las cuotas de afiliados, parlamentarios y cargos públicos.
El partido, que prepara otras medidas de contención de gasto, precisa que la selección de trabajadores afectados por el despido colectivo atenderá a criterios como el de edad: serán despedidos en primer lugar los trabajadores cercanos a la edad de jubilación o jubilación anticipada y, en segundo, los más jóvenes “siempre que no concurran causas de experiencia profesional o cualificación”.
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, recalcó hace unos días que no desvelaría los términos del ERE, si bien adelantó dos “condiciones que no son negociables”: que lo acordará con los representantes sindicales y que el PSOE no aplicará “nunca” la reforma laboral del Gobierno, que reduce las indemnizaciones.
Óscar López, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en la sede del PSOE.
Óscar López reclama responsabilidad política a la ministra si la filtración partió de su correo
El PSOE ha pedido esta mañana la dimisión de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, si se confirma que la filtración a un medio de información sobre el expediente de regulación iniciado por este partido partió de su correo electrónico. El PAÍS informa hoy de que el departamento de Báñez difundió esos datos confidenciales que solo pueden darse a conocer a las partes interesadas. El secretario de Organización de los socialistas, Óscar López, quien ha tildado de "muy grave y sin precedentes" la difusión de una información confidencial desde el ministerio que, según ha dicho, afecta a los datos personales de empleados del PSOE y supone un "precedente muy peligroso de inseguridad jurídica" para los trabajadores y empresas del país ante la Administración pública.
Además, López ha cuestionado muy duramente, en una comparecencia ante los medios, la "utilización partidista" de dicha información para "perjudicar al principal partido de la oposición". Por todo ello, el número tres de los socialistas ha reclamado que, "de confirmarse esta información, la ministra debería abandonar el cargo".
López también ha anunciado que los servicios jurídicos de su partido están estudiando en estos momentos las vías por las que el PSOE reclamará responsabilidades. No ha descartado la vía judicial, e incluso acudir a la Agencia de Protección de Datos, aunque no ha aclarado cómo lo harán. Tampoco ha descartado exigir aclaraciones por vía parlamentaria. Sin embargo, ha dejado muy claro que existe una responsabilidad política que la ministra debe asumir desde ya.
EL PAÍS.com - Amanda Mars - Madrid - 2 JUL 2012
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