Usuarios del piso de acogida del comité ciudadano antisida de Ourense.
La Iglesia amenaza con desahuciar a ocho enfermos de sida por impago
La vicaría de Ourense reclama facturas pendientes de una casa de acogida cedida en 1993
Varios inquilinos tienen la movilidad limitada
Ocho enfermos de sida que viven en un piso de acogida gestionado por la asociación Comité Ciudadano Antisida de Ourense podrían quedarse en la calle si la vicaría para asuntos económicos del obispado de Ourense no da marcha atrás en la reclamación de una supuesta deuda contraída en un piso de su propiedad. La reclamación, que ha iniciado su tramitación judicial con la celebración de un acto de conciliación, consiste en el pago del alquiler desde 2009 y de facturas de gasto corriente. La vicaría no se queda ahí y también solicita el desalojo de la vivienda. El siguiente paso, en caso de no llegar a un acuerdo amistoso, pasaría por la interposición de una demanda de desahucio y su posterior ejecución. Fuentes del obispado consultadas por este periódico reconocen la reclamación patrimonial y añaden que “no van a hacer ninguna declaración”, porque el asunto “está siguiendo su curso legal con normalidad”.
En esta casa de acogida —la primera del Estado abierta por una asociación ciudadana— viven enfermos que provienen de centros penitenciarios y de unidades asistenciales de drogodependencias que no tienen otro tipo de recurso para sobrevivir y que, en caso de tener que abandonar las instalaciones, no tendrían dónde residir. En algunos casos, mantenerlos en un hospital únicamente para suministrarles el tratamiento farmacológico tendría un coste de hasta 400 euros al día, frente a los, aproximadamente, 50 euros que supone su estancia en estas instalaciones.
El obispado provincial
no se pronuncia
porque el asunto
sigue su “curso legal”
El piso fue cedido por la Iglesia hace casi dos décadas. Hasta la ausencia de obispo en la diócesis —el puesto ha estado vacante los dos últimos años— las relaciones entre ambas partes eran buenas. De hecho, los responsables del Comité señalan firmemente que “sin la ayuda de la Iglesia, la casa de acogida no existiría”. El acuerdo firmando en 1993 y prorrogado en numerosas ocasiones hasta su caducidad hace dos años, establece una cesión gratuita de la vivienda, mientras que las facturas de gasto corriente (agua, electricidad, IBI, etcétera) deben ser asumidas por la asociación. La vicaría para asuntos económicos reclama el pago de facturas atrasadas, aspecto que niegan desde la asociación. “Los pagos de esos conceptos están al día”, matizan.
Desde el Comité Ciudadano Antisida defienden la actuación de todos los obispos hasta la fecha, que “han apoyado la casa de acogida sin excepción” y achacan la situación al desgobierno que rige la diócesis por la ausencia de prelado desde hace dos años. “Las personas encargadas de la parte económica solicitaron una rescisión de ese acuerdo de cesión gratuita y ahora buscan una forma de hacernos pagar un contrato de alquiler”, afirma uno de los responsables. Las cuentas de la asociación —muy mermadas desde 2009 por los recortes de la Xunta de Galicia— no posibilitan asumir el pago de rentas. “No estamos en condiciones de asumir el pago de un alquiler, ya sea en ese piso o en otro porque el dinero casi no nos llega ni para mantenimiento”. Tienen claro que es necesario buscar fuentes de financiación alternativas a las Administraciones públicas. Los ingresos para mantener el proyecto en marcha no se limitan a subvenciones directas, que además obligan a la posterior auditoría de las cuentas. Los socios pueden aportar una cuota anual voluntaria de 200 euros, pero el montante total que suman con ellas es demasiado pequeño.
“Buscan una forma de
hacernos pagar un alquiler”,
dice el Comité Antisida
El piso puesto en cuestión por los responsables económicos del obispado oferta dos servicios. Una zona de residencia en la que viven ocho personas —para la que hay lista de espera— y una zona que funciona a modo de hospital de día, con una sala multiusos. Allí trabajan cinco personas. Hasta los recortes en las subvenciones directas —reducidas a la mitad desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta—, había más empleados, pero tuvieron que prescindir de ellos. Además de ofrecer una atención muy personalizada en cada caso y de evitar su exclusión social, los empleados ofertan cursillos o coordinan las tareas del hogar.
Algunos habitantes presentan una movilidad muy limitada por lo que tienen que desplazarse a las consultas médicas acompañados siempre por el personal laboral del centro. La mayoría tienen problemas relacionados con la dependencia de la droga, ya que se contagiaron por el uso de jeringuillas compartidas. Y es que precisamente, la toxicomanía y la cárcel están en el historial de muchos de los enfermos. Otros presentan una autonomía suficiente para ser independientes. De hecho, los hay que han abandonado el centro voluntariamente, pero la mayoría nunca acaban reinsertándose en una sociedad que hace oídos sordos con el sida. En la casa de acogida han muerto varios enfermos durante sus dos décadas de existencia. Los afectados que están en la calle y que se valen sin ayuda, pueden acogerse al programa de día. Allí se oferta una sala de usos múltiples en la que pueden consultar Internet, leer prensa, entablar relación con otras personas o algo tan simple como tener una dirección postal en la que recibir correo.
La diócesis está organizando estos días la toma de posesión de Leonardo Lemos Montanet —hasta ahora canónigo de la catedral de Santiago de Compostela— como nuevo obispo de Ourense. Será el próximo 11 de febrero. El Comité centra todas sus esperanzas en que la llegada del nuevo responsable diocesano reconduzca la situación y permita mantener la buena relación que existía hasta la fecha.
Un coste “alto para el beneficio social”
Los problemas que ponen en riesgo la continuidad del piso no tienen su origen directo en la reclamación de esas supuestas deudas. La crisis de financiación tiene a su principal responsable en la Xunta de Galicia. Entre 1994 y 2000, recibían del Gobierno gallego 43 euros al día por persona. Entre 2005 y 2009 la cifra variaba cada año, pero nunca se redujo drásticamente. Durante el Gobierno bipartito de PSOE y BNG (2005-2009) la cuantía se elevó hasta los 55 euros, lo que suponían unos 160.000 euros al año. Tras la vuelta del PP a la Administración autonómica, los fondos se han recortado a la mitad. La Consejería de Bienestar bajó la asignación un 28% en 2009. El tijeretazo no se quedó ahí y en 2010 recortó otro 24%. No fue la única por la que se pasó la recortadora presupuestaria. Estas organizaciones vieron caer en picado sus ingresos en todas sus sedes de Galicia. De hecho, la casa de acogida de Vigo cerró en agosto de 2011.
La secretaria general de Familia y Bienestar, Susana López, llegó a afirmar en el Parlamento gallego que “el coste [de la casa de acogida de Ourense] resulta muy alto” para “el beneficio social” que reporta. Y justificó su afirmación en informes de la inspección. Una de las principales reivindicaciones vinculadas con estas casas de acogida es que sean consideradas un “recurso sociosanitario”. Esto implicaría que se reconozca que desarrollan un importante papel en la atención sanitaria. Los responsables de la casa de Ourense recalcan, además, que su labor no se limita a un servicio social como puede ser un comedor público. “Esto es un servicio de emergencia, porque esta gente no tiene adónde ir si hay que echar el cerrojo”. Pero parece que los responsables económicos del obispado de Ourense, o lo desconocen, o lo ignoran.
Pablo Taboada Ourense 13 ENE 2012
La Iglesia amenaza con desahuciar a ocho enfermos de sida por impago
La vicaría de Ourense reclama facturas pendientes de una casa de acogida cedida en 1993
Varios inquilinos tienen la movilidad limitada
Ocho enfermos de sida que viven en un piso de acogida gestionado por la asociación Comité Ciudadano Antisida de Ourense podrían quedarse en la calle si la vicaría para asuntos económicos del obispado de Ourense no da marcha atrás en la reclamación de una supuesta deuda contraída en un piso de su propiedad. La reclamación, que ha iniciado su tramitación judicial con la celebración de un acto de conciliación, consiste en el pago del alquiler desde 2009 y de facturas de gasto corriente. La vicaría no se queda ahí y también solicita el desalojo de la vivienda. El siguiente paso, en caso de no llegar a un acuerdo amistoso, pasaría por la interposición de una demanda de desahucio y su posterior ejecución. Fuentes del obispado consultadas por este periódico reconocen la reclamación patrimonial y añaden que “no van a hacer ninguna declaración”, porque el asunto “está siguiendo su curso legal con normalidad”.
En esta casa de acogida —la primera del Estado abierta por una asociación ciudadana— viven enfermos que provienen de centros penitenciarios y de unidades asistenciales de drogodependencias que no tienen otro tipo de recurso para sobrevivir y que, en caso de tener que abandonar las instalaciones, no tendrían dónde residir. En algunos casos, mantenerlos en un hospital únicamente para suministrarles el tratamiento farmacológico tendría un coste de hasta 400 euros al día, frente a los, aproximadamente, 50 euros que supone su estancia en estas instalaciones.
El obispado provincial
no se pronuncia
porque el asunto
sigue su “curso legal”
El piso fue cedido por la Iglesia hace casi dos décadas. Hasta la ausencia de obispo en la diócesis —el puesto ha estado vacante los dos últimos años— las relaciones entre ambas partes eran buenas. De hecho, los responsables del Comité señalan firmemente que “sin la ayuda de la Iglesia, la casa de acogida no existiría”. El acuerdo firmando en 1993 y prorrogado en numerosas ocasiones hasta su caducidad hace dos años, establece una cesión gratuita de la vivienda, mientras que las facturas de gasto corriente (agua, electricidad, IBI, etcétera) deben ser asumidas por la asociación. La vicaría para asuntos económicos reclama el pago de facturas atrasadas, aspecto que niegan desde la asociación. “Los pagos de esos conceptos están al día”, matizan.
Desde el Comité Ciudadano Antisida defienden la actuación de todos los obispos hasta la fecha, que “han apoyado la casa de acogida sin excepción” y achacan la situación al desgobierno que rige la diócesis por la ausencia de prelado desde hace dos años. “Las personas encargadas de la parte económica solicitaron una rescisión de ese acuerdo de cesión gratuita y ahora buscan una forma de hacernos pagar un contrato de alquiler”, afirma uno de los responsables. Las cuentas de la asociación —muy mermadas desde 2009 por los recortes de la Xunta de Galicia— no posibilitan asumir el pago de rentas. “No estamos en condiciones de asumir el pago de un alquiler, ya sea en ese piso o en otro porque el dinero casi no nos llega ni para mantenimiento”. Tienen claro que es necesario buscar fuentes de financiación alternativas a las Administraciones públicas. Los ingresos para mantener el proyecto en marcha no se limitan a subvenciones directas, que además obligan a la posterior auditoría de las cuentas. Los socios pueden aportar una cuota anual voluntaria de 200 euros, pero el montante total que suman con ellas es demasiado pequeño.
“Buscan una forma de
hacernos pagar un alquiler”,
dice el Comité Antisida
El piso puesto en cuestión por los responsables económicos del obispado oferta dos servicios. Una zona de residencia en la que viven ocho personas —para la que hay lista de espera— y una zona que funciona a modo de hospital de día, con una sala multiusos. Allí trabajan cinco personas. Hasta los recortes en las subvenciones directas —reducidas a la mitad desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta—, había más empleados, pero tuvieron que prescindir de ellos. Además de ofrecer una atención muy personalizada en cada caso y de evitar su exclusión social, los empleados ofertan cursillos o coordinan las tareas del hogar.
Algunos habitantes presentan una movilidad muy limitada por lo que tienen que desplazarse a las consultas médicas acompañados siempre por el personal laboral del centro. La mayoría tienen problemas relacionados con la dependencia de la droga, ya que se contagiaron por el uso de jeringuillas compartidas. Y es que precisamente, la toxicomanía y la cárcel están en el historial de muchos de los enfermos. Otros presentan una autonomía suficiente para ser independientes. De hecho, los hay que han abandonado el centro voluntariamente, pero la mayoría nunca acaban reinsertándose en una sociedad que hace oídos sordos con el sida. En la casa de acogida han muerto varios enfermos durante sus dos décadas de existencia. Los afectados que están en la calle y que se valen sin ayuda, pueden acogerse al programa de día. Allí se oferta una sala de usos múltiples en la que pueden consultar Internet, leer prensa, entablar relación con otras personas o algo tan simple como tener una dirección postal en la que recibir correo.
La diócesis está organizando estos días la toma de posesión de Leonardo Lemos Montanet —hasta ahora canónigo de la catedral de Santiago de Compostela— como nuevo obispo de Ourense. Será el próximo 11 de febrero. El Comité centra todas sus esperanzas en que la llegada del nuevo responsable diocesano reconduzca la situación y permita mantener la buena relación que existía hasta la fecha.
Un coste “alto para el beneficio social”
Los problemas que ponen en riesgo la continuidad del piso no tienen su origen directo en la reclamación de esas supuestas deudas. La crisis de financiación tiene a su principal responsable en la Xunta de Galicia. Entre 1994 y 2000, recibían del Gobierno gallego 43 euros al día por persona. Entre 2005 y 2009 la cifra variaba cada año, pero nunca se redujo drásticamente. Durante el Gobierno bipartito de PSOE y BNG (2005-2009) la cuantía se elevó hasta los 55 euros, lo que suponían unos 160.000 euros al año. Tras la vuelta del PP a la Administración autonómica, los fondos se han recortado a la mitad. La Consejería de Bienestar bajó la asignación un 28% en 2009. El tijeretazo no se quedó ahí y en 2010 recortó otro 24%. No fue la única por la que se pasó la recortadora presupuestaria. Estas organizaciones vieron caer en picado sus ingresos en todas sus sedes de Galicia. De hecho, la casa de acogida de Vigo cerró en agosto de 2011.
La secretaria general de Familia y Bienestar, Susana López, llegó a afirmar en el Parlamento gallego que “el coste [de la casa de acogida de Ourense] resulta muy alto” para “el beneficio social” que reporta. Y justificó su afirmación en informes de la inspección. Una de las principales reivindicaciones vinculadas con estas casas de acogida es que sean consideradas un “recurso sociosanitario”. Esto implicaría que se reconozca que desarrollan un importante papel en la atención sanitaria. Los responsables de la casa de Ourense recalcan, además, que su labor no se limita a un servicio social como puede ser un comedor público. “Esto es un servicio de emergencia, porque esta gente no tiene adónde ir si hay que echar el cerrojo”. Pero parece que los responsables económicos del obispado de Ourense, o lo desconocen, o lo ignoran.
Pablo Taboada Ourense 13 ENE 2012
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