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jueves, 11 de octubre de 2012

Adiós al sueño de Berlanga


Los estudios Ciudad de la Luz cierran sus puertas.


Luis García Berlanga, más allá de su excepcional legado cinematográfico, quiso cumplir un sueño, el de generar una auténtica industria cinematográfica en España. Fue siempre un defensor del cine como industria y repudiaba el sistema de subvenciones por el clientelismo que muchas veces se daba del mismo, algo a lo que él, como buen ácrata que no se casaba con nadie, era fundamental.

Por ello Berlanga impulso la idea de crear unos grandes estudios cinematográficos en España y vio como su sueño se materializaba cuando en 2000, la Comunidad Valenciana decidió poner en marcha el proyecto de la Ciudad de la Luz, en Augamarga, Alicante. El estudio pretendía constituirse en una alternativa a Madrid y Barcelona como centro de producción audiovisual y competir de tú a tú con los principales estudios mundiales para lo que, entre otras cosas, iba a tener 11 platós, entre ellos, el mejor plató acuático del mundo y ser el estudio más moderno y completo de Europa. Todo ello, además, iba a ser complementado con un centro de estudios cinematográficos de primera.

Tras expropiar a 92 familias en 2002 se iniciaba la construcción de los estudios bajo la dirección del arquitecto Gary Bastien. En 2005 se inauguraron los estudios y acogieron sus primeros rodajes en Septiembre del mismo año: Teresa, La Dama Boba y Lo que Sé de Lola.


Sin embargo, el pasado jueves se hizo oficial el cierre definitivo de La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos alicantinos que se construyeron en 2005 y que tal y como contaba Juan Antonio Bayona en la reciente charla en las jornadas de Times Talks Madrid, era de los mejores a nivel mundial y el primero en lo que a platós acuáticos se refiere.

¿QUÉ HA PASADO ENTONCES?

Todo lo que ha tenido el estudio de prestigioso a nivel técnico lo ha tenido de polémico. Desde su financiación a su gestión, La Ciudad de la Luz ha sido un ejemplo más del derroche de fondos públicos en la Comundidad Valenciana en pro de la especulación urbanística y las obras faraónicas que tantos réditos daban a los políticos en prensa… y posiblemente en el bolsillo. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, el aeropuerto de Castellón, Terra Mítica o el circuito urbano de Fórmula 1 forman parte también de esta gran familia de caprichos. Lo que los gobernantes creían que daría una imagen de lujo y prosperidad se ha ido revelando como lo que en realidad es, un quiero y no puedo  sobredimensionado y lleno de sobrecostes y chanchullos, que además se ha tratado de tapar constantemente con una falta de transparencia sin precedentes.

Desde el comienzo del funcionamiento de los estudios hubo problemas graves en su gestión. La empresa Aguamarga Gestión de Estudios S.L., concesionaria de la gestión del complejo, ha tenido constantes choques con el consejo de administración del mismo manteniendo criterios diferentes y muchas veces contrapuestos. El primer encontronazo serio fue con la producción de ¡Goool 2! Viviendo el Sueño, película producida por Ignacio Sáinz de Vicuña, uno de los pesos pesados de Aguamarga, que, sin embargo, aunque los estudios ya estaban operativos, optó por rodar en los estudios alemanes de Babelsberg. También uno de los administradores de Aguamarga, Antonio Mansilla, participó como productor en películas como Astérix y Obélix en las Olimpiadas, película que recibió sendas ayudas de la Comunidad Valenciana para atraer la producción y empezar a dar la imagen de gran estudio cinematográfico que producciones españolas eran incapaces de dar al mercado internacional. Empezaba el chanchulleo serio.


Pero ese no era el principal problema. Los estudios estaban seriamente infrautilizados, lo que suponía un constante derroche de medios manteniendo unas instalaciones que permanecían vacías la mayor parte del tiempo.

Cinco empresas proveedoras de los estudios y afincadas en los mismos se quejaban de la gestión de Augamarga y anunciaban en 2009 que o se empezaba a atraer rodajes o tendrían que cerrar y señalaban que, el año anterior, en 2008, sólo 8 películas habían sido rodadas allí, todas producidas por Gerardo Herrero, que no supusieron más que un 8% de la ocupación de los estudios. Kodak, que también tenía un laboratorio, amenazaba con despedir a sus pocos empleados.

En 2010, con la crisis haciendo estragos, la guerra ya era total entre la Comunidad Valenciana y Aguamarga. Los primeros instaban a los adjudicatarios de la gestión a abandonar el complejo viendo la que se les venía encima, y los segundos se negaban tajantemente a abandonar porque su contrato duraba hasta 2014 y, tras un cambio en la dirección de la empresa y la ampliación de capital de la misma, no estaban dispuestos a dar la partida por perdida.

Así hasta que la Comisión Europea entró al trapo. El pasado mes de Mayo, tras una denuncia de los estudios Pinewood  y numerosas quejas de otros estudios europeos, Bruselas obligaba a la Comunidad Valenciana a devolver los 265 millones de euros de fondos europeos que se invirtieron en la construcción de la Ciudad de la Luz, por considerar ilegal la concesión de ayudas que permitió la financiación pública del proyecto.

La Comunidad Valenciana había justificado hasta entonces su inversión bajo la tesis de que cualquier inversor privado habría aceptado condiciones similares para financiar el proyecto, es decir, que la Comunidad Valenciana invertía en el proyecto y no consideraba su financiación una concesión de ayudas.

Sin embargo la investigación llevada a cabo por la Comisión Europea, que también encargó un segundo informe externo, concluyó que, atendiendo al plan de desarrollo y financiación del proyecto, ningún inversor privado habría aceptado esas condiciones, y que, por ello, se estaba vulnerando la libre competencia de otros estudios cinematográficos europeos.

El plan de negocio del año 2000 establecía unas tarifas similares a las de otros estudios de igual categoría, pero ignoraba que otros estudios cinematográficos como el de la República Checa y los de nuevos países miembreos, aunque siendo más pequeños y modestos tenían tarifas hasta un 50% más baratas y estaban más que asentados. Es decir, su viabilidad era muy dudosa y, por tanto, el dinero concedido por la Comunidad Valenciana no podía considerarse una simple inversión. Era, a todos los efectos, una ayuda pública para la cual el estudio no cumplía los requisitos necesarios: Era mucho mayor el gasto que suponía frente a los beneficios que generaba en la Comunidad, que para colmo, estaba alejada de los núcleos cinematográficos del país, Madrid y Barcelona, que sí hubiesen justificado de algún modo la construcción de un complejo similar, potenciando una industria preexistente y pudiendo dotar fácilmente de profesionales y medios adicionales al complejo.

El estudio, concluía el informe, había generado unos gastos de 274 millones de euros desde su construcción, y a penas había ingresado 2,9 millones en publicidad y 13 en subvenciones para atraer rodajes. Un contraste brutal frente a las estimaciones del plan de negocio, que tal y como recogen en Alicantinos del Audiovisual Indignados, preveían que el estudio alojase una media de 15 películas al año (han sido 36 en 7 años) y que empezase a dar beneficios a partir de 2014, año para el cual creían que se habrían ingresado cerca de 341 millones de euros. Obviamente alguien se estaba columpiando hinchando una burbuja difícil de disimular y en la que se inflaba hasta el valor del terreno, de 9 millones cuando la sociedad Proyectos Temáticos, empresa pública de la comunidad, cedió sus acciones a la Sociedad Ciudad de la Luz, frente al millón de euros según la valoración inicial en los apuntes de contabilidad del los estudios.

Así que el informe supuso la estocada definitiva a la Ciudad de la Luz, que desde el mes de Agosto ha ido agonizando tratando de vender el complejo a la vez que abría sus puertas a rodajes de aficionados por 20 euros al día, hasta que el lunes pasado, 1 de Octubre, el director de la Ciudad de la Luz envió una carta a la empresa que gestionaba el complejo, Aguamarga S.L., en la que decía, según transcriben en La Razón, que los fondos públicos concedidos a la Ciudad de la Luz  ”con la finalidad de intervenir en la ejecución y ulterior desarrollo del complejo cinematográfico constituyen una ayuda de Estado (…), contraria a las normas de la libre competencia del mercado común. Esta decisión implica, de conformidad (…), que toda la ayuda pública concedida por la administración deberá reintegrarse por su beneficiario, en este caso, CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U.” y que por ello “nos vemos obligados a adoptar y ejecutar las medidas oportunas tendentes reintegrar la mayor parte posible de las cantidades percibidas” así “les conminamos para que, en el plazo improrrogable de tres días naturales, nos comuniquen la aceptación de la resolución del contrato y procedan a desalojar las instalaciones en el plazo de quince días”.

De momento Aguamarga sigue en sus trece sin querer abandonar el complejo, volviendo a hacer referencia al contrato vigente y a que, habiendo pendiente de resolución un recursos de la Comunidad Valenciana con respecto a la devolución de esos 265 millones de euros, no se puede dar la razón a la Comisión Europea por ahora.

En cualquier caso son los últimos coletazos de una muerte anunciada. Así decimos adiós a un lugar que pese a sus excepcionales prestaciones casi no atraía rodajes, un problema que llevó en la mayoría de los casos a incluso “regalar” el coste del rodaje en las instalaciones a películas de alto presupuesto como Astérix y Obélix en los Juegos Olímpicos, el primer gran rodaje acogido por los estudios. Allí se han rodado un total de 36 películas nacionales e internacionales en 7 años, una cantidad ridícula teniendo en cuenta que sólo la producción de películas españolas en 2011 ascendió a 105 títulos según datos del Ministerio de Cultura. En la calle quedarán los 21 empleados directos del estudio, que tenían sueldos que sumaban 1 millón de euros, y queda la duda de qué sucederá con la escuela de cine asociada a los estudios cinematográficos, de la cual se despidieron a 6 profesores y 3 administrativos el pasado 5 de Septiembre, a menos de dos semanas del comienzo de un curso que podría estar ahora en el limbo.

The Counselor, de Ridley Scott, ha sido la última película en rodarse con recursos de los estudios alicantinos hace a penas seis días. Un rodaje que, como el tsunami de Lo Imposible (el último gran rodaje en aprovechar el potencial del plató acuático y que se estrena el próximo jueves) y al igual que el sueño de Berlanga y los delirios de grandeza de Camps y compañía, acabo aguado bajo las fuertes lluvias.


Escrita por: Javier Ruiz de Arcaute -  lashorasperdidas.com - 7 octubre

miércoles, 19 de septiembre de 2012

El juez enumera un decálogo de prácticas corruptas de Urdangarin y su exsocio.

Iñaki Urdangarin y Jaume Matas, durante un acto en Palma de Mallorca en 2005

El juez José Castro tiene tan controlado el caso Nóos que es capaz de condensar en diez únicos puntos las presuntas corruptelas que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres perpetraron en las comunidades de Valencia y Baleares a costa de la Administración pública y del dinero de los ciudadanos. En un auto en el que también reprende con dureza a los responsables políticos por plegarse sin condiciones a los deseos y exigencias del yerno del Rey, el juez describe las circunstancias que permitieron al duque de Palma y a su exsocio embolsarse grandes sumas de dinero a través del instituto Nóos.

El punto de partida es la situación privilegiada de Urdangarin, que aprovecha su “parentesco con la Casa Real” para “acudir a altas instancias políticas, puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían insoslayables”. Esa tarjeta de visita le permitió adjudicarse, entre 2004 y 2006, la organización de dos eventos de carácter turístico-deportivo: el Illes Balears Forum y el Valencia Summit. El esposo de la infanta Cristina y el exprofesor de Esade desviaron buena parte de esos fondos públicos: 2,3 millones del Gobierno de Baleares y 3,7 de la Generalitat Valenciana.

“Con las mismas excusas”, recoge el segundo punto del auto, “se desprecia la correcta aplicación” de la ley que rige los contratos con las Administraciones. En contraste con los presupuestos que se aportan, que son “ridículos”, los importes de las adjudicaciones son siempre elevados. En los puntos cuarto y quinto de su resolución, Castro subraya que Urdangarin y su exsocio lograron “imponer” sus condiciones, que fueron “aceptadas sin discusión por los responsables políticos” de la Comunidad Valenciana y de Baleares, ambas en manos del PP.

Sin el triste papel jugado por los políticos no puede entenderse que el duque de Palma y Torres hicieran negocios tan lucrativos ni que estos quedasen fuera de control. La reprimenda del juez a los políticos es palmaria en los puntos sexto a noveno. Castro les reprocha que “no se preocuparon de constatar, para descontarlos”, los patrocinios privados que lograron los organizadores. Además, al optar por la fórmula del convenio de colaboración, pudieron “excluir constreñimientos administrativos” y, sobre todo, evitar la participación de terceros. La adjudicación de ambos eventos se dio como un “hecho consumado”.

Hasta tal punto están enlazados los sucesos de Valencia y de Baleares que los convenios firmados en uno y otro lugar son, “con la salvedad de las obligadas variables”, dice el juez, “calcados unos de otros”. Un corta y pega en toda regla que, presuntamente, pasó desapercibido. A nadie “se le ocurrió exigir a Urdangarin y a Torres rendición de cuentas”, remacha el auto, firmado ayer.

Las reflexiones del juez vienen a cuento de la petición de uno de los imputados —el exsecretario de Turismo de la Generalitat valenciana Luis Lobón— para que decline su competencia en favor de los juzgados de esa ciudad. Castro rechaza la idea con el argumento de que los presuntos delitos cometidos en Valencia y Baleares son “conexos”. En el último apartado del decálogo, el juez recuerda al imputado, con cierta sorna, que la extensión de las indagaciones a Valencia “no fue fruto de un imperialista afán instructor”, sino de las facturas que aportó en su día Torres, defendido por el letrado Manuel González Peeters.

En esa documentación sobre el Illes Balears Forum se hallaron facturas que, presuntamente, corresponden a una de las ediciones del Valencia Summit. Ambos eventos fueron, en su día, “sobradamente conocidos”, por lo que, previsiblemente, “generaron debates” políticos con los grupos de la oposición. Y, pese a todo, concluye el juez —que expresa su “absoluto respeto” por las instituciones de Valencia—, “no consta que se haya presentado ninguna denuncia para investigar los hechos”. Según Castro, es “fácilmente deducible” que las mismas facturas se utilizaron para justificar, indistintamente, gastos de uno y otro evento. Ese cruce de facturas es la clave de bóveda del caso y una de las pruebas más sólidas del presunto fraude.


EL PAÍS.com - Jesús García - Barcelona - 19 SEP 2012

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Los extraños ‘oficinistas’ de Urdangarin y la infanta Cristina


Los empleados domésticos del hogar eran auxiliares administrativos de la empresa Aizóon
Al aumentar su plantilla, la firma de los duques de Palma pagaba menos impuestos



El chófer que llevaba a la escuela a los hijos de los duques de Palma en Barcelona y que, a la vez, se encargaba del mantenimiento de la piscina y del jardín de la mansión de Pedralbes (Barcelona), figuró como auxiliar administrativo contratado por la empresa Aizóon. Esta es la compañía patrimonial cuya propiedad comparten los esposos Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina y que tenía su sede social en la misma vivienda, por cuya compra pagaron seis millones de euros.

La acusación del caso Nóos sospecha que los duques de Palma hincharon la realidad de Aizóon, engordaron su plantilla con empleados ficticios, para fingir una actividad laboral-empresarial que era inexistente y, sobre todo, para rebajar el pago de impuestos. "En una oficina no hay empleadas de hogar; esos es para el servicio doméstico", dijo el juez José Castro en un largo interrogatorio a uno de esos empleados con disfraz laboral.

A la secretaria asistente de Urdangarin, Julita Cuquerella (cuya nómina pagaba Telefónica) Aizóon le abonaba el sueldo de dos mujeres —suegra y nuera— que limpiaban su domicilio. Cuquerella buscó hombres de paja. "Necesitamos que me mande el DNI, el número de la Seguridad Social; ninguna [persona] sabe de quién es la empresa [de los duques]; creen que es de un amigo mío”, consta en un correo electrónico intervenido. El fiscal Pedro Horrach, al interrogar a Cuquerella, dijo que eso era "ennegrecer” fondos.

En ocasiones los duques pagaron con dinero negro, sin contrato, seguridad social, nómina y recibos a uno de sus trabajadores del hogar, según el relato judicial. El pagador, en mano, era un sobrino de Urdangarin. Aizóon contrató también a otra limpiadora con categoría de telefonista. “Ni idea de que es Aizóon y dónde tiene la sede, ya que ella ha trabajado como empleada doméstica”, declaró al juez José Castro que apostilló: “No exigirle ningún recibo no tiene sentido señora”.

La esposa del conductor-jardinero del palacete de Pedralbes fue contratada por Aizóon y tenía la misma categoría laboral que aquel, oficinista, aunque la investigación supone que, en realidad, era trabajadora del servicio doméstico. Juez y fiscal creen que tenía encomendadas las tareas de limpieza del caserón de los Urdangarin-Borbón, de más de 1.000 metros cuadrados construidos, según el arquitecto que obró su reforma, de acuerdo con el testimonio que consta en el sumario al que ha tenido acceso EL PAIS.

El matrimonio formado por los oficinistas (Lucian y Monalisa, de Rumania) habitó en el apartamento anexo del llamado palacete. Cada uno de ellos cobraba 1.000 euros al mes, con un incremento anual de 50 euros. La pareja explica que tenía una relación casi familiar con los duques y la mujer “les echaba una mano en tareas domésticas por la tarde a cambio de no pagar alquiler por la casa” interior.

Entre 2006 y 2009 se ocuparon con la familia Urdangarin-Borbón, hasta que los duques y sus hijos marcharon a Estados Unidos. Entonces quedaron a cargo de la tutela y mantenimiento del vasto domicilio familiar y pasaron a pagar 350 euros de alquiler por su casita anexa. Cuando los duques alquilaron la mansión, por 13.000 euros al mes, abandonaron la residencia pero, confiesan, se comunicaban para felicitarse por algún cumpleaños.

El juez, el fiscal anticorrupción y –antes- la policía han interrogado en los últimos meses a decenas de empleados, colaboradores, contratistas y proveedores de la imbricada malla de empresas que cuelga del Instituto Nóos para acreditar la realidad de su actividad, que está bajo sospecha judicial de negocios sucios con dinero público. Los testimonios y documentos conocidos apuntan a la existencia de presuntos fraudes delictivos y, al tiempo, operaciones de corruptelas para disfrazar la realidad declarada y obtener ventajas ante la Hacienda Pública.

El Instituto Nóos, oficialmente sin ánimo de lucro, fue lanzado por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, ambos imputados por supuesta malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, prevaricación. Por Nóos pasaron los más de cinco millones de euros de dinero público que los dos socios obtuvieron de sus relaciones con las Administraciones públicas de Baleares y Valencia, en manos del PP. Urdangarin y Torres recaudaron otros cinco millones de donaciones y patrocinios concertados con empresas privadas, españolas y multinacionales.


EL PAÍS.com - Andreu Manresa Palma de Mallorca 11 SEP 2012

lunes, 10 de septiembre de 2012

Urdangarin y la infanta Cristina recibieron un millón de euros de Nóos


La policía envía al juez un informe sobre 40 cuentas corrientes de la trama


El Instituto Nóos, sin ánimo de lucro, propiedad hasta mediados de 2006 de Iñaki Urdangarin, duque de Palma, y del empresario Diego Torres, ingresó en una cuenta corriente de La Caixa casi nueve millones de euros entre marzo de 2004 y julio de 2007. Durante ese periodo de tiempo, el yerno del Rey y su socio lograron la mayoría de los contratos del Instituto Nóos, todos a dedo y sin concurso. Los más cuantiosos procedían de Administraciones públicas que contrataban a Nóos para organizar eventos sobre turismo y deporte donde participaban expertos y famosos.

Desde esa cuenta corriente de La Caixa, abierta a nombre del instituto sin ánimo de lucro Nóos y donde las únicas personas autorizadas eran Urdangarin y Torres, salió la mayor parte de los nueve millones de euros hacia siete sociedades privadas, todas ellas con ánimo de lucro y todas ellas propiedad del duque de Palma, de su socio o de ambos.

El análisis de esa cuenta corriente y de otras 39 cuentas correspondientes a seis entidades bancarias —todas a nombre de alguna de las empresas de la trama Nóos— ha llevado a la policía a concluir que Urdangarin y Torres, junto a sus esposas, recibieron directamente tres millones de euros del Instituto Nóos, que a su vez lograba la mayor parte del dinero de Gobiernos autónomos que adjudicaban contratos al duque de Palma y a su socio sin concurso previo, como sería habitual al tratarse de Administraciones públicas.

La mejor parte de ese reparto de dinero se la llevaron Torres y su esposa, con 1,9 millones de euros, y el resto (1,1 millones) fue para el duque de Palma y para su mujer, la infanta Cristina —solo consta una transferencia a favor de la infanta de 12.671 euros y otra transferencia a su nombre y el de su esposo de 34.565 euros—. En el dinero recibido por Urdangarin y su esposa, el informe policial incluye las cantidades que fueron desde el Instituto Nóos a la empresa Aizoon, cuya propiedad comparten al 50% el yerno y la hija del Rey. La esposa de Torres está imputada mientras que la infanta Cristina, pese a la petición del denominado sindicato Manos Limpias, sigue fuera de la causa al entender el juez que no hay pruebas suficientes de la implicación de la hija del Rey en los negocios de su marido.

El juez que instruye el caso Nóos y el fiscal Anticorrupción que impulsa la investigación han sostenido en distintos escritos a lo largo de los últimos meses que el instituto sin ánimo de lucro Nóos era en realidad una tapadera con apariencia de ONG de la que Torres y Urdangarin se aprovechaban para hacer negocios lucrativos organizando para los Gobiernos autónomos de la Comunidad Valenciana y de Baleares eventos con tarifas muy elevadas, que suponían hasta el doble o el triple del precio real del servicio realizado.

Lo que en principio se planteaba como un proyecto casi benéfico organizado por un instituto sin ánimo de lucro para promocionar el turismo y el deporte de esas autonomías se convertía así en un negocio muy lucrativo para media docena de empresas privadas del duque de Palma y de su socio, Diego Torres.

El instituto ingresó en una cuenta nueve millones entre 2004 y 2007


Cuando el Instituto Nóos intentó justificar sus gastos a requerimiento del juez, presentó facturas correspondientes a servicios distintos de los contratados por la Comunidad Valenciana y por Baleares y que, además, en ningún caso sumaban el dinero por el que habían logrado el contrato.

Estas irregularidades y otras muchas destapadas durante la investigación llevaron al juez a imputar a Urdangarin y a su socio por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la Administración.

El fiscal anticorrupción pedirá que se juzgue al duque de Palma y a Diego Torres y exigirá para ellos una fianza de responsabilidad civil de varios millones de euros por el daño causado al erario, según fuentes próximas a la investigación.

El análisis policial de las 40 cuentas corrientes que tenía la trama empresarial de Urdangarin y Torres no ha podido averiguar a quién fue a parar la cantidad de 2,5 millones de euros correspondientes a uso de tarjetas de crédito, pagarés, recibos, transferencias y cheques cuyo “destinatario final no ha podido ser acreditado”.

Gran parte de esos fondos fueron luego a sociedades del duque y su socio

En el resumen final del informe sobre las cuentas corrientes de la trama Nóos incorporado al sumario, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía destaca también las transferencias de dinero a una cuenta en Luxemburgo por 712.000 euros. La instrucción todavía no ha acumulado suficientes pruebas para atribuir a Urdangarin y Torres un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, pese a encontrar algunas transferencias de dinero a una cuenta en Suiza por parte de una empresa con sede en Valencia que contrató los servicios de asesoramiento del duque de Palma. Sin embargo, la cantidad ingresada en esa cuenta está por debajo del tope mínimo para considerarlo delito fiscal.


elpais.com - Andreu Manresa - Palma de Mallorca - 10 SEP 2012

lunes, 13 de agosto de 2012

La Fiscalía pedirá fianza millonaria a Urdangarin con nuevos datos del fisco


El último informe del Ministerio de Hacienda entregado al juez concluye que Nóos defraudó casi un millón al Gobierno balear con burdos engaños

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares presentará en septiembre el escrito de acusación contra los responsables del Instituto Nóos, Diego Torres e Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, yerno del Rey y duque de Palma, con nuevos datos que apuntalan los indicios de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude a la Administración. Entre las pruebas incorporadas al sumario figura un informe remitido por el Ministerio de Hacienda al juez que instruye el caso con el análisis de facturas entregadas al juez por Nóos y todos los datos de ese instituto que obran en poder de la Agencia Tributaria.

La Fiscalía solicitará una fianza por responsabilidad civil a Torres y Urdangarin próxima a los cuatro millones de euros, cuantía que ambos habrían defraudado a las administraciones públicas con las que trabajaron.

El informe de Hacienda, firmado por interventores del Estado e incorporado el sumario, analiza todos los datos tributarios del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que organizaba eventos para instituciones públicas y empresas privadas.

El análisis de todas las cuentas del Instituto Nóos, con el que Urdangarin y Torres facturaron más de cinco millones de euros a distintas administraciones públicas entre 2004 y 2007, concluye que de los 2,1 millones de euros que el Gobierno balear entregó a Nóos, “no se pueden aceptar como gastos de la organización [de los eventos] 878.000 euros”, más del 40% del dinero recibido. El informe desgrana distintos tipos de irregularidades, algunas especialmente burdas:

Servicios realizados en otros eventos.


“Hemos encontrado justificantes que suman 14.896 euros en 2005 y 23.103 euros en 2006 que incluyen en su concepto servicios prestados para el Valencia Summit”, por lo que no pueden ser imputados a los actos celebrados en Mallorca.

Facturas fechadas antes de haber recibido el encargo. 

“Se han presentado justificantes fechados antes de la firma del convenio para organizar los eventos que suman 63.694 euros en 2005 y 260.059 euros en 2006. Resulta difícil justificar que facturas de finales de 2004, facturas sin concepto, o de material de oficina, traducciones, asesoramiento, todas ellas anteriores a la firma del convenio, se adjunten como justificantes de un convenio que se firmó en julio de 2005 y que se materializó en noviembre de 2005”.


Convenio Incumplido.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda interpretan en su informe remitido al juez que el instituto de Urdangarin y Torres incumplió lo convenido con el Gobierno balear. “No se ha cumplido lo pactado en el convenio que establecía que la aportación económica tenía por objeto cubrir los costes de organización, gestión y logística necesarios para llevar a término el proyecto”. Nóos, según la investigación judicial que arrancó hace más de un año, se presentaba a las administraciones públicas como un instituto sin ánimo de lucro y, por tanto, se entendía que el dinero que recibía lo gastaba íntegramente en el evento que organizaba. Pero resultó que un porcentaje muy alto de las cantidades aportadas por los Gobiernos balear y valenciano, acabaron en las arcas de empresas privadas que eran propiedad de Urdangarin y Torres y a las que supuestamente se encargaban trabajos relacionados con la organización de los eventos por los que habían recibido el dinero público.

“Patrocinios privados, mayor beneficio”. 

Los interventores del Estado descubren en su informe otra picaresca en la actuación del instituto Nóos. “Ha gestionado patrocinios privados (Sol Meliá, Toyota...) para el evento que en lugar de suponer un menor coste para el que paga [el Gobierno balear] ha supuesto menores desembolsos para el organizador, el Instituto Nóos, y por tanto mayor beneficio”.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez que instruye el caso esperan tener en breve el resultado de tres comisiones rogatorias a Suiza (donde se investiga una cuenta a la que Urdangarin desvío dinero); Luxemburgo (donde Torres escondía fondos supuestamente) y Andorra (en la que se busca el origen de 400.000 euros). El resultado de estas comisiones rogatorias, según fuentes de la investigación, podría añadir un cuarto delito, el de evasión fiscal, en la instrucción judicial del caso.

La Agencia Tributaria de Barcelona está elaborando un trabajo solicitado por el juez para determinar a qué personas deben atribuirse los beneficios del Instituto Nóos, en cuyo consejo de administración estaba, como vocal, la infanta Cristina, que no está imputada en la causa. También deberán determinar las responsabilidades fiscales existentes sobre los fondos que declararon. La investigación ha determinado que el Instituto Nóos no era precisamente una entidad sin ánimo de lucro, que está sometida a unas exigencias fiscales mucho menores que cuando se trata de una empresa privada.

La Fiscalía y el instructor han determinado en sus escritos que el instituto sin ánimo de lucro con el que Torres y Urdangarin lograban contratos de las administraciones públicas era en realidad una tapadera de un negocio privado con ánimo de lucro.

La investigación judicial, iniciada tras descubrir una documentación en un registro derivado del caso Palma Arena, el sobreprecio en la construcción de un polideportivo, está a punto de concluir.


Hacia el delito fiscal

La causa abierta en un juzgado de Baleares contra Iñaki Urdangarin, entre otros, ha acumulado en un año de instrucción indicios sobre la comisión de tres delitos emparentados con la corrupción en las instituciones: el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos y el fraude a la administración. La investigación judicial ha acumulado datos que apuntan a un cuarto delito, el fiscal, aunque para eso todavía no alcancen las sumas. La instrucción considera acreditado que Urdangarin cobró 375.000 euros por sus gestiones a favor de una empresa valenciana con interés en su expansión internacional. Y que desvió esos ingresos hacia una cuenta en Suiza. Pero lo defraudado a Hacienda no alcanzaría el límite para ser considerado delito fiscal. Ahora se investigan otras cuentas en Andorra.

Múltiples indicios tras una instrucción que finaliza

El caso Urdangarin es un hilo diminuto del ovillo en que se convirtió la denuncia del Gobierno progresista de Baleares que mandaba en las islas entre 2007 y 2011. El Ejecutivo que presidía el socialista Francesc Antich denunció el disparate de gasto público en que los anteriores gestores, del PP, convirtieron la construcción del polideportivo Palma-Arena, adjudicado en 48 millones de euros y que costó a la hacienda balear más de 100 millones.

El instituto Nóos, propiedad de Diego Torres e Iñaki Urdangarin, no tuvo ninguna relación con esa obra ejemplo del despilfarro público, pero durante los registros que ordenó el juez para desentrañar qué había pasado con la adjudicación del polideportivo, unos documentos hallados en dependencias del Gobierno balear pusieron sobre la pista del caso. Esos documentos acreditaban un trato de favor del Gobierno balear que presidía Jaume Matas (PP) a la entidad que gobernaban Urdangarin y Diego Torres.

El trato de favor consistía en que Nóos, que se presentaba como entidad sin ánimo de lucro, organizaría unos eventos para promocionar el turismo de la isla a través de congresos sobre deporte. El Gobierno balear, sin concurso, adjudicó a Nóos los contratos de 2005 y 2006 para organizar esos eventos y pagó por ellos 2,3 millones de euros.

Cuando el juez y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron hace un año la investigación de esas adjudicaciones sospechosas, se encontraron con un negocio basado en la influencia de Urdangarin sobre administraciones públicas que le entregaron, sin que mediara concurso alguno, más de seis millones en menos de tres años, para celebración de eventos que costaban mucho menos. La investigación destapó que el Gobierno balear no era el único que había tenido tratos con Nóos. También la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia o el de Alcalá de Henares.

Cuándo la Fiscalía y el juez se interesaron por los gastos del Instituto Nóos, se encontraron con que los eventos que organizaban costaban mucho menos del dinero público recibido y que en la justificación de los gastos aparecían, mayoritariamente, una maraña de empresas privadas con ánimo de lucro propiedad de Urdangarín y la infanta Cristina o de Diego Torres y su mujer. Cuando Torres intentó justificar los gastos, la Fiscalía y el juez se encontraron con nuevos engaños. Ahora los dos socios se enfrentan a una petición fiscal de cárcel por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fraude.


EL PAÍS.com - Andreu Manresa - Palma de Mallorca - 12 AGO 2012

jueves, 19 de julio de 2012

Urdangarin y Torres desviaron 700.000 euros a Luxemburgo


La infanta Cristina cobró 12.671 euros de Nóos Consultoría
Un informe de la Unidad de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía asegura en un informe al juez del caso Urdangarin sobre las desviaciones irregulares de fondos al extranjero que “destacan las transferencias de dinero a una cuenta de Luxemburgo de titularidad de la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management Ltd. por un importe de 712.180 euros”.

El Instituto Nóos, de Diego Torres e Iñaki Urdangarin, sacó de España en 2007 una parte de sus fondos logrados en negocios investigados ahora por la justicia. Quedó el rastro bancario, documentado por la policía, que subraya este dato en un “análisis” del tráfico de todas las cuentas empresariales de Nóos y de sus propietarios. Cerca de nueve millones recaudados están identificados en los movimientos económicos ahora detallados en el caso Urdangarin.

Los investigadores describen en su informe todos los ingresos de Iñaki Urdangarin y anotan, además, que en una de las cuentas indagadas “SAR Dª Cristina Federica de Borbón y Grecia ha recibido directamente 12.671 euros, y a nombre de los dos: 34.565 euros”. Los pagos a la Infanta proceden de Nóos Consultoría. Como persona física, Urdangarin recibió en una cuenta transferencias por 156.358 euros. Sumando lo ingresado en su sociedad patrimonial Aizóon, los duques de Palma ingresaron 1,1 millones. Su socio Diego Torres y su esposa obtuvieron en un determinado periodo 1,9 millones de euros.

La partida enviada por Nóos a Luxemburgo salió de España a través de más de veinte abonos fragmentados (entre 8.000 y 40.000 euros) entre marzo y julio de 2007. La cuenta de De Goes se denomina Agrilulaxxx. La policía indica sobre los movimientos bancarios de Nóos que “existe una gran cantidad de cheques, gastos en tarjetas de crédito, así como documentos cargados en cuenta, que implican una importante salida de dinero, de los que no se ha podido conocer la persona beneficiaria de los mismos”.


EL PAÍS.com - Andreu Manresa - Palma - 18 JUL 2012

martes, 17 de julio de 2012

Gerardo Díaz-Ferrán intentó evadir a Suiza unos cinco millones de euros


La Fiscalía de Ginebra los ha bloqueado en una cuenta a nombre del empresario Ángel de Cabo y el juez Ruz ha ordenado su embargo


El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, con numerosas causas abiertas por sus acreedores en los tribunales, se ha declarado insolvente.

Sin embargo, tanto las acusaciones como la Fiscalía creen que Díaz-Ferrán intenta ocultar y vender su patrimonio para evitar su embargo. Así ha sucedido con varias propiedades de lujo, como apartamentos en Nueva York, un yate o un Rolls Royce.

Y ahora, según un informe de la brigada de blanqueo de capitales de la Policía Nacional al que ha tenido acceso la Cadena SER, el expresidente de la CEOE ha "desviado desde una empresa irlandesa del grupo Marsans" un total de 4.900.000 euros a una cuenta en Suiza a nombre del fontanero reconvertido en tiburón financiero Ángel de Cabo.

Según los investigadores, de Cabo habría llegado a un acuerdo con Díaz-Ferrán para ocultar su patrimonio a los acreedores a cambio de una suma importante. La Audiencia Nacional ya investiga a ambos en varios procesos por alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible o estafa entre otros delitos. El juez Pablo Ruz ha ordenado el embargo del dinero encontrado en Suiza.

huffingtonpost.es - MIGUEL ÁNGEL CAMPOS   17-07-2012

lunes, 16 de julio de 2012

Telefónica renueva el contrato a Urdangarin por 1,5 millones anuales



Iñaki Urdangarin, por ahora, no se quedará sin trabajo. Telefónica ha acordado renovarle el contrato hasta julio de 2013, por el que el Duque de Palma recibirá 1,2 millones de euros, más otros 300.000 en concepto de bonus, según informa El Mundo.

El sueldo del marido de la Infanta, imputado por prevaricación, malversación, falsedad, fraude y blanqueo de capitales, no acaba aquí. También percibe otros 1,2 millones en concepto de retribución en especies, como por ejemplo alquiler de la casa, decoración, billetes de avión, parque móvil... En caso de ser despedido, Urdangarin percibiría una indemnización de 4,5 millones de euros.

Según El Mundo, en la compañía se generó un importante debate acerca de la conveniencia de renovarlo o no, si bien al final apostaron por "no condenarle de antemano". La operadora de telecomunicaciones, sin embargo, ha advertido al Duque de que, en el caso de verse sentado en el banquillo, se le rescindirá el contrato o, como mínimo, se le suspenderá de empleo y sueldo hasta que se dicte sentencia.

El HuffPost  |  Publicado: 16/07/2012

jueves, 5 de julio de 2012

Acebes, la imagen del aznarismo

 
Ángel Acebes, en su etapa de parlamentario.

La Audiencia Nacional cita a declarar como imputado al exministro por el 'caso Bankia'

Entre los días 11 y 14 de marzo de 2004, a Ángel Acebes se le pobló el pelo de canas. En esos días, al entonces ministro del Interior le cayeron años encima y el político moderado y centrista vivió un antes y un después en su biografía, la personal y la pública.

Su nombre, incluso, había estado en algunas quinielas en los últimos días de agosto de 2003 como el destinatario del dedazo de José María Aznar que, finalmente, se dirigió hacia Mariano Rajoy para designarle sucesor y candidato del PP en las elecciones del 14 de marzo de 2004.

“Hay dos líneas de investigación...”, decía en esos días de marzo de 2004. Sus comparecencias públicas entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 intentando dirigir la atención de los atentados islamistas de Madrid hacia ETA perseguirán y marcarán siempre a Acebes, que fue la imagen de la gestión que hizo el Gobierno de José María Aznar de aquella masacre. En esos días pasó de su imagen de centrista a la de protagonista de la imagen más dura del PP del postaznarismo.

Acebes (Pajares de Adaja, Ávila, 1958) había sido un joven político, con carrera fulgurante en los años de Aznar. Procedía de Ávila, donde fue entre 1991 y 1995 el alcalde más joven de una capital de provincia y su padrino fue Feliciano Blázquez, como en su momento lo fue del propio Aznar.

De ese ayuntamiento dio el salto a la política nacional como diputado y como senador. Sustituyó a Alberto Ruiz Gallardón como portavoz en el Senado entre 1995 y 1996 y se ganó la confianza del entonces líder del PP.

Cuando Aznar llegó a La Moncloa en 1996 a Acebes le tocó la labor ingrata de cuidar del partido, como coordinador, a las órdenes del entonces todopoderoso vicepresidente Francisco Álvarez Cascos. Además de soportar esa difícil relación entre ambos, le tocó hacer frente a una etapa de especial dureza terrorista contra el PP, con atentados de ETA contra concejales populares en toda España. Por ejemplo, Acebes vio a Miguel Ángel Blanco en sus últimos minutos antes de que se certificara su muerte, tras dos días de secuestro y cruel ultimátum de ETA. También fueron los días en los que brotó el llamado “espíritu de Ermua” que modificó las estrategias contra ETA.

Entre 1999 y 2000 fue ministro de Administraciones Públicas en sustitución de Rajoy; entre 2000 y 2002 de Justicia y entre 2002 y 2004 de Interior. En estos dos últimos departamentos, ejecutó la política antiterrorista de Aznar basada en la persecución implacable contra ETA, con nuevos instrumentos legales y judiciales, como la persecución contra el entorno de la organización terrorista y las ilegalizaciones.

En toda esa trayectoria política, Acebes fue totalmente fiel a Aznar y de la estricta confianza del entonces presidentes del Gobierno. Eran los años de Cascos, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy en la primera fila, pero también los de José María Michavila y Loyola de Palacio, entre otros, con Acebes con un papel de eficaz ejecutor de las decisiones de Aznar, sin muestra alguna de ambición de sucederle o búsqueda de brillo para hacer su propia carrera.

Tras la derrota del PP en 2004, Rajoy mantuvo la línea aznarista e hizo a Acebes secretario general del partido, con Eduardo Zaplana como portavoz parlamentario. Fueron los años en los que el PP mantuvo una estrategia de oposición basada en el seguidismo y el aliento a las teorías conspirativas sobre el 11-M, resumidas en el eslogan de “ha sido ETA”. También a las manifestaciones casi semanales contra la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero. Acebes fue en esos cuatro años uno de los abanderados de una política de oposición dura y de reivindicación del aznarismo, bajo la tesis de que Zapatero fue elegido presidente del Gobierno casi por accidente y como consecuencia de una conspiración sin aclarar.

La nueva derrota del PP en 2008 llevó a Rajoy a romper con el aznarismo y con esa oposición tan dura y basada en el 11-M y Acebes fue postergado a un escaño del Congreso. En Valencia, en el congreso del PP de 2008, las cabezas cortadas de Acebes y Zaplana simbolizaron la ruptura de Rajoy con el aznarismo.

Al margen de la primera fila de la política partidaria, Acebes reabrió su despacho de abogado y progresó en la actividad privada, hasta que el 4 de junio de 2011 anunció que abandonaba su escaño. Entonces se convirtió en miembro del Consejo de Administración y presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Banco Financiero y de Ahorro (Cabecera deBankia).

EL PAÍS.com - Fernando Garea Madrid 4 JUL 2012

miércoles, 4 de julio de 2012

El juez cita como imputados a Rato, Olivas y Acebes por el ‘caso Bankia’

    Rodrigo Rato

Fernando Andreu admite a trámite la querella de UPyD tras el informe de Anticorrupción
La denuncia apunta a cinco posibles delitos, entre ellos estafa y apropiación indebida
Miguel Fernández Ordóñez, Julio Segura y el auditor declararán como testigos

 

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y les ha citado a declarar como imputados. Anticorrupción no ha presentado querella, pero ha emitido un informe a favor de que se admita a trámite la de UPyD.

Además, Andreu interrogará como imputados al expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y al exministro del Interior, Angel Acebes, que también formó parte del Consejo de Administración de BFA, nacionalizada por el Estado por sus graves problemas financieros, y que dejó la entidad poco antes de que estallase la crisis del grupo. El único de los citados como imputados que sigue en la entidad es el consejero delegado, Francisco Verdú.

Además, reclama abundante documentación a las siete cajas que crearon BFA, al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Las partes deberán comparecer el próximo 23 de julio para una vista tras la cual se decidirá sobre las medidas cautelares solicitadas por UPyD, que incluyen la intervención judicial del grupo Bankia, que supondría la sustitución de los gestores por un administrador concursal. El grupo de Rosa Díez también incluye como medidas cautelares el requerimiento a los querellados de una fianza que cubra la responsabilidad civil o, en su caso, el embargo de los bienes para hacer frente a esta.

El juez también cita también para que declaren, en este caso como testigos, al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura; al socio de Deloitte encargado de Bankia, Francisco Celma, y al representante legal de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La Audiencia Nacional reclama a las cajas de ahorros integrantes del grupo BFA-Bankia que informen con detalle de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde 2008 en favor de los consejeros y directivos de y sus familiares y en favor de los partidos y grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y Parlamentos autonómicos que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja de ahorros.

El juez también exige que las cajas den toda la información sobre los planes de prejubilaciones, pensiones, seguros de vida y otras figuras análogas destinadas a los directivos, así como el importe desglosado de las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades, seguros de jubilación y pagos de indemnizaciones por cese (para casos de despido, renuncia o jubilación) abonados a los consejeros y altos directivos e las cajas desde el 1 de enero de 2008, así como el desglose de todas las retribuciones desde el 1 de enero de 2007.

Por su parte, a la CNMV le pide el expediente de la oferta pública de suscripción por la que Bankia salió a Bolsa y el folleto de emisión de dicha operación. El juez también reclama a las Bolsas que envíen toda la documentación relacionada con dicha operación.

Al Banco de España, el juez le solicita abundante documentación, incluidos todos los documentos de la inspección desde el 1 de enero de 2011, el plan de capitalización presentado ante el Banco de España en enero de 2012, los informes relativos a las retribuciones de los consejeros y directivos de Bankia y BFA desde el 28 de diciembre de 2010 (cuando el FROB inyectó 4.465 millones) y el plan de saneamiento alternativo remitido por Rato poco antes de su renuncia.

El juez reclama además al FROB toda la documentación sobre la entidad, incluidos los documentos relativos a la inyección adicional de 19.000 millones solicitada por el grupo BFA-Bankia una vez que tomó posesión el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri.

 La Fiscalía Anticorupción anunció hace algo menos de un mes que investigaba posibles delitos societarios en la gestión de la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Según reveló este miércoles el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ordenó mantener las diligencias de investigación en secreto mientras fuera posible “para no incendiar el parqué” con la divulgación de una investigación penal sobre la entidad. La presentación de distintas acciones penales por parte de particulares y su admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción número 21 es lo que obligó al fiscal a judicializar sus investigaciones, según fuentes de la Fiscalía del Estado. Los delitos investigados, entre los que se citan los de falsedad y estafa se enunciaban, por el momento, solo “a título indicativo”.

La investigación fue encargada por Torres-Dulce al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, el pasado 28 de mayo. En el decreto de apertura de diligencias se citan cinco posibles delitos a investigar, entre ellos estafa, apropiación indebida, delitos contables, administración desleal y falsedad documental. Sin embargo, fuentes de Anticorrupción precisaron que dicha enumeración corresponde a un enunciado en la dirección de la investigación y que, por el momento, no se han apreciado indicios de ningún tipo penal, al estar las diligencias en una fase de investigación muy prematura. De hecho, Anticorrupción no ha presentado por ahora ninguna querella.

Días después, al pasado 11 de junio, la formación que preside Rosa Díez, UPyD, presentó una querella contra los miembros del Consejo de Administración del grupo Bankia por considerar que cometieron, al menos, cinco delitos durante el proceso de salida a Bolsa de Bankia.

Según dicha querella, Rodrigo Rato, y los 32 consejeros de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA) pudieron cometer un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas, este último no citado por Anticorrupción.


El País Madrid 4 JUL 2012

viernes, 29 de junio de 2012

Marina Castaño se asoma al banquillo


La Fiscalía investiga un posible desvío de dinero público en una sociedad en la Fundación Cela
El autor y su viuda absorbían así las devoluciones del IVA


La empresa Lengua y Literatura, AIE, nació hace 14 años, cuando a Camilo José Cela ya no le quedaban más que cuatro años de vida. Eran los días en que se iban haciendo con las riendas de la fundación del Nobel su segunda esposa, Marina Castaño, y un gerente procedente de la Ford, Tomás Cavanna, que la pareja puso al frente de la entidad después de que la marca automovilística le regalase un coche al autor. La Fiscalía investiga ahora si el matrimonio desvió dinero público, procedente de la Xunta de Galicia, del Gobierno central y de otras Administraciones para crear esta sociedad, cuyo verdadero fin, supuestamente, ha sido embolsarse las devoluciones millonarias que la Fundación Cela ha obtenido año tras año en concepto de IVA.

La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por una vecina de Iria Flavia, la localidad de Padrón (A Coruña) en la que se asienta la institución del escritor desde 1991. Lola Ramos, fotógrafa y escritora, lleva años tirando del hilo y denunciando, desde 2004, en las diferentes Administraciones y en los medios de comunicación, hechos que presumiblemente se cocinaban en la acera de enfrente de su domicilio, la Casa de los Canónigos, sede de la fundación. El enésimo lugar en el que recaló con sus archivadores cargados de una documentación cosechada con paciencia ha sido la Fiscalía de Galicia, y fuentes próximas a la investigación aseguran a este diario que hay “materia penal”, claros indicios de delito en los trasvases de dinero efectuados entre la fundación y las sociedades propiedad de Cela y Castaño.

Cavanna (gerente hasta 2010, cuando la Xunta inició la transformación de la fundación para salvarla de la bancarrota) y Castaño, según explicó ayer Ramos, “se prestaron a crear las sociedades interpuestas con el fin de obtener las devoluciones del IVA”. Lengua y Literatura AIE se hizo “con un capital que procedía en un 80% de las subvenciones que recibía la Fundación Camilo José Cela y en un 20%, de una sociedad privada del matrimonio denominada Letra y Tinta, SL”. “La constitución de esta sociedad fantasma”, que luego se embolsaría el dinero que devolvía a la institución cultural la Agencia Tributaria, está “prohibida por el Real Decreto Ley de Fundaciones sin fines lucrativos y además supone un gravísimo delito fiscal”, denuncia Ramos.

Estado ruinoso de la Fundación Cela de Iria Flavia bajo la presidencia de Marina Castaño.

Esta vecina, que ha destacado por defender la vuelta del hijo del novelista, Camilo José Cela Conde, a la fundación para ocupar el puesto de presidente del patronato (un cargo que una vez muerto Cela acabó en manos de su viuda con la bendición de Manuel Fraga) aportó al fiscal pruebas de varias cantidades desviadas hacia Lengua y Literatura. En la reunión del patronato del 16 de junio de 2005, por ejemplo, se hace referencia a 146.650 euros provenientes de la devolución en concepto de IVA. Y en la del 17 de noviembre de ese mismo ejercicio, se informa a los patronos de que “a día de hoy, la cuenta de Lengua y Literatura AIE dispone de un saldo aproximado de 180.000 euros, de los cuales 150.000 provienen de las devoluciones de la Agencia Tributaria”. La restauración de varios de los inmuebles del siglo XVIII que habían pertenecido al Arzobispado de Santiago y se transformaron en domicilio (todavía no del todo ocupado) de la fundación fue, probablemente, una de las vías para la obtención de reintegros fiscales. Lengua y Literatura AIE, según llegó a decir a los patronos el propio Cavanna, era “la responsable de la explotación comercial de dichas casas” hasta 2010.

El caso surge de una denuncia presentada por una vecina de Padrón

Pero la labor de Lola Ramos no acaba ahí. También ha presentado notificaciones de la Xunta de Galicia y otros papeles para demostrar que había empleados contratados y pagados por la fundación sin ánimo de lucro que trabajaban no en Iria, sino en Guadalajara, al servicio particular de Cela y Marina Castaño. La institución cultural recibió incluso una subvención del Gobierno gallego para convertir en indefinidos los contratos de tres trabajadores, de los cuales dos, una mujer y un hombre, secretarios personales del matrimonio, nunca ejercieron en Galicia. También un mayordomo, que aún aparecía citado en un reportaje de finales del año pasado como sirviente de Marina Castaño, tenía contrato de la Fundación Cela, donde figuraba como “ordenanza”. Hay nóminas del año 2005 que demuestran que cobraba de ella.

La ley de fundaciones sin ánimo de lucro veta estas sociedades

Al mismo tiempo, el deterioro del legado de Cela, el más importante de una fundación de autor en España, se fue haciendo cada vez más patente hasta el punto de que la Xunta, que aporta más del 60% del presupuesto, se vio obligada a rescatar la institución. El proceso de conversión en sociedad pública se cerró este mes, aunque el ajuste financiero seguirá hasta 2015. Castaño sigue. Como presidenta de honor. Según la Xunta, “con voz pero sin voto”.

EL PAÍS.com - Silvia R.Pontevedra - Santiago - 28 JUN 2012

jueves, 21 de junio de 2012

El presidente del Supremo y del CGPJ dimite por el caso de los viajes


Carlos Dívar, a su llegada a la sede del Consejo General del Poder Judicial.

"No tengo conciencia de haber hecho nada malo, pero la situación era insostenible", asegura
 
Carlos Dívar ha dimitido. Tras más de un mes de presiones, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo termina así su ciclo como máxima autoridad judicial del Estado tras el escándalo de sus viajes. Apenas 15 minutos después de empezar el pleno extraordinario, en torno a las 11.25, ha presentado su dimisión. El orden del día incluía tres puntos a debatir: la situación general del poder judicial, el estudio de la petición de dimisión formulada por cuatro vocales del Consejo, Félix Azón, Margarita Robles, e Inmacualada Montalbán y Carles Cruz, y un tercero, propuesto por el vocal José Manuel Gómez Benítez, que pedía su destitución o remoción en el cargo.

"No tengo conciencia de haber hecho nada malo, pero la situación era insostenible" para la judicatura, ha asegurado Dívar, compungido, según fuentes del Consejo. El ya expresidente ha dejado claro, además, que no guarda "rencor" a nadie, y ha mencionado expresamente a los periodistas.


Esta es la decisión "rotunda y contundente" que anunció en el pleno del pasado sábado y que hoy ha comunicado al pleno del consejo. El anuncio supone además el comienzo, en palabras de algunos vocales, de una etapa de “regeneración y transparencia” que destierre el viejo hábito de cargar gastos a las arcas del Poder Judicial sin necesidad de justificar cómo, en qué y con quién se ha producido el desembolso de dinero público en un órgano (el que gobierna a los más de 4.500 jueces españoles) que maneja 74 millones de euros de presupuesto. Con Dívar se irá, señalan fuentes del Consejo, la práctica de cargar viajes a las arcas del Poder Judicial sin que exista constancia oficial de los mismos, y la de los fines de semana caribeños. Esos que él, en algunas ocasiones, estiró de jueves a martes.

La portavoz de este órgano, Gabriela Bravo, había señalado esta mañana en la cadena SER que "lo previsible es que Dívar anuncie su dimisión". En su primera entrevista que concede desde que estalló la crisis por los viajes del también presidente del Tribunal Supremo, Bravo ha confiado en que se "recupere parte de la credibilidad perdida estos días". No ha sido ella, sin embargo, la encargada de comparecer tras el pleno extraordinario de hoy, como es habitual. Lo ha hecho el vicepresidente, Fernando de Rosa, quien será su sustituto.

En calma tensa afrontaban los vocales del Poder Judicial el pleno de hoy. Algunos han llegado a la sede del órgano en Madrid más de una hora antes del pleno. Ayer se sondearon entre ellos y aparentemente no había deserciones en la idea de que la presidencia de Dívar hoy pasará a ser historia. Se ha convertido así en el primer presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial que deja el cargo forzado por los mismos que le eligieron. A sus 70 años, a Dívar solo le queda ahora la jubilación. Sin excepción, todos los consejeros interpretan que sus palabras en el pleno del pasado sábado, las que pronunció tras mirar a su alrededor y solo ver soledad (“voy a adoptar una medida rotunda y contundente”) estrangulan cualquier margen de maniobra.

Desde que estalló el escándalo de sus 32 viajes en larguísimos fines de semana a Marbella y otros destinos se aferró numantinamente al cargo. Hijo y nieto de juez, en su mente se instaló la idea de que dimisión es asunción de culpa. Y a esto se agarró durante la primera fase del escándalo de sus viajes. El respiro de alivió que sintió al cotejar que la Fiscalía General del Estado archivaba la denuncia por malversación que le interpuso, el pasado 8 de mayo, el vocal progresista José Manuel Gómez Benítez se disipó pronto. Entonces, se sintió medio arropado cuando vio que solo cinco vocales pedían su dimisión y que, paradójicamente, otros siete se la exigían Gómez Benítez por haber actuado este por libre. Sin consulta previa al pleno.

Dívar se encerró en sí mismo y se olvidó de la calle, donde su caso crecía en medio de la indignación. Y que, lejos de mitigarse, se agigantaba con nuevas revelaciones de EL PAÍS que elevaban los primeros 12 viajes por importe de casi 13.000 euros hasta 32, y por un total de 28.000 euros

Tras el archivo de los 12 viajes en la Fiscalía General, el asunto llegó al Tribunal Supremo. Su propio tribunal le dio carpetazo al asunto. Por once votos contra cuatro, el Supremo no vio reproche penal en su conducta. Fue cuando Dívar se presentó ante la prensa y se mantuvo en sus trece; es decir, en el “carácter reservado” de sus viajes y en que no tenía obligación de dar explicaciones detalladas del motivo y con quién o quiénes había compartido los manteles de sus más de 40 cenas y/o almuerzos en restaurantes de lujo endosados al Consejo durante esos dilatados fines de semana. En cambio, en la calle, en las asociaciones judiciales e incluso en el PSOE, el clamor era que, al menos, sí concurría un reproche ético. Y que debía irse. Así ha sido.

Dívar siguió sin dar explicaciones y arrecieron todavía más los gritos de dimisión. Cuatro vocales (Inmaculada Montalbán, Carles Cruz, Margarita Robles y Félix Azón) y un quinto, Gómez Benítez, forzaron un pleno extraordinario 72 horas después, el del pasado sábado. Y estos cinco, partidarios de su marcha, se convirtieron en muchos más en el pleno. De sus bocas, delante de él, salió el sentir generalizado de que la situación “era insostenible”. Dívar volvió a mirar entonces a su alrededor y se sintió aún más solo. Y con la tenaza de que los mismos que le sugerían su salida, por las buenas, podían forzar una votación y destituirle. Ese era una de los puntos del orden del día. Con doce, mayoría de tres quintos, hubiera bastado.

Acorralado y delante de todos, Dívar soltó entonces nsu famosa frase premonitoria: “En los próximos días adoptaré una medida rotunda y contundente”. Y por “responsabilidad institucional” pidió a los consejeros que le dejasen varios días para estar presente en los actos del bicentenario, que empezaban el lunes y a los que el Rey iba a asistir. Se fue del pleno y los vocales, unánimemente, accedieron a su petición: dejarle uno días más y que dimitiera. El pasado lunes Dívar solo pudo hacerse la foto con el príncipe Felipe (don Juan Carlos cambió su agenda y viajó a Arabia Saudí a dar el pésame por la muerte del príncipe heredero). La inasistencia ayer de Dívar a los actos de la Constitución de Cádiz de 1812 tras la fría foto del lunes sin el Rey, agita la convicción de que hoy es el día D de Dívar. El de sus últimas palabras como primera autoridad judicial del Estado.

Carlos Dívar y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el bicentenario del Tribunal Supremo.

Dívar deja en evidencia a Gallardón

El ministro declaró “fortalecido” al expresidente del Supremo cuando el fiscal archivó el caso
“El Gobierno intentó evitar otro escándalo en plena convulsión por el rescate”, dicen en el Ejecutivo

En las seis semanas que ha durado el caso Dívar —desde que salió a la luz que la máxima autoridad judicial de España usó dinero público en viajes supuestamente privados hasta su dimisión anunciada esta mañana—, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no se le ha escuchado ni una sola palabra de censura. Es más, aprovechó el archivo inicial de la denuncia por parte de la fiscalía, el pasado 21 de mayo, para felicitar públicamente al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar: “Sale fortalecida la institución, el presidente y por lo tanto el Estado de Derecho”, dijo.

Dívar no salió fortalecido: todo siguió torciéndose para él y ha acabado dimitiendo. Y, de todo el Gobierno, el ministro más expuesto y que, por tanto, puede salir más debilitado del caso es, precisamente, Gallardón. Después de dar a Dívar por “fortalecido” se opuso a que compareciera en el Congreso como pedía la oposición, y siguió aplaudiendo la “muestra de responsabilidad” del Consejo General del Poder Judicial tras la reunión del 31 de mayo en la que la institución no forzó la dimisión de su presidente pero acordó cambiar el reglamento de gastos.

Si el ministro de Justicia ha actuado así por convicción propia o recibió el encargo del presidente Mariano Rajoy de intentar sostener a Dívar en el cargo el máximo tiempo posible para evitar la guinda de este escándalo en plena convulsión nacional por el rescate financiero, solo ellos lo saben. “El Ejecutivo ha querido evitar otra crisis en las semanas más delicadas para España de los últimos años, cuando transmitir confianza como país era fundamental. El titular de ‘dimite el presidente del Supremo español’ en toda la prensa internacional en este momento es muy perjudicial”, señalan fuentes del ministerio. Sin embargo, estos responsables niegan tajantemente que Gallardón presionara a los vocales del Poder Judicial para que mantuvieran a Dívar; algún vocal, como Margarita Uría, del PNV, ha denunciado que altos cargos del Gobierno lo hicieron, y fuentes del Consejo aseguran que Uría apuntó a la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.


Cuando estalló el caso Dívar, tras la denuncia presentada contra él por el vocal José Manuel Gómez Benítez (elegido a propuesta del PSOE), el Gobierno lo interpretó como una vendetta del sector progresista contra el presidente del Supremo —aunque este lo era por consenso de PSOE y PP— como respuesta a los juicios contra el juez Baltasar Garzón. “Parecía una maniobra, un ataque en clave política”, alegan fuentes del Ejecutivo. Luego empezaron a salir las facturas de los viajes, la relación de los gastos sin justificar de Dívar, sus coartadas y los desmentidos a sus coartadas —como el del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que acusó directamente al presidente del Supremo de “mentir”—... Pero aun así el Gobierno no llegó a censurar a Dívar.

Tampoco lo hizo, durante muchos días, el PSOE —Dívar fue elegido presidente del Poder Judicial y del Supremo en 2008 a propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero—, aunque finalmente los socialistas sí exigieron su dimisión la semana pasada.

El Ministerio de Justicia está preparando una reforma de la ley que regula el Poder Judicial para que entre en vigor en otoño de 2013, cuando toca renovar el Consejo. Fuentes del Gobierno filtraron hace siete días, con Dívar ya en caída libre, un aspecto de esa reforma: si se lleva a cabo, solo cinco de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces cobrarán el sueldo íntegro que ahora perciben los 20 (unos 112.000 euros brutos anuales, bastante más que el presidente del Gobierno); el resto de consejeros, sin dedicación exclusiva, cobrarían únicamente dietas por acudir a los plenos. La dimisión de Dívar y la crisis del Poder Judicial, paradójicamente, podrían ayudar a Ruiz-Gallardón a dar un baño de popularidad a esa reforma.


EL PAÍS.com - José Antonio Hernández - Madrid - 21 JUN 2012
EL PAÍS.com - Vera Gutiérrez Calvo - Madrid - 21 JUN 2012 (Dívar deja en evidencia a Gallardón)

jueves, 14 de junio de 2012

Dívar, a misa en coche oficial


Carlos Dívar, presidente del Supremo y del Poder Judicial.
 

VACACIONES PRIVADAS EN FUERTEVENTURA

Antes de llegar a Fuerteventura, los funcionarios de la Delegación del Gobierno ya sabían que "venía el cuarto hombre más importante de España", según hizo saber en alguna ocasión vía telefónica a responsables institucionales de la isla



El presidente del Poder Judicial exigía coche oficial durante sus vacaciones en Fuerteventura para los desplazamientos por las playas de la isla o para ir a misa. "Yo soy la cuarta autoridad mas importante de España", advertía Dívar a los responsables institucionales.



El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, acudió a misa en Corralejo, Fuerteventura, en coche oficial, sin rotulación y escoltado mientras disfrutaba de sus vacaciones, según fuentes policiales.

El coche pertenecía a la Policía Nacional y no sólo fue a misa: también visitó las grandes playas del sur de la isla y el casco histórico de Betancuria, primera capital de las islas Canarias, entre otros lugares.

Ocurrió entre 2007 y 2011. Carlos Dívar disfrutó de parte de sus vacaciones, con estancias entre diez y quince día, en la isla de Fuerteventura hasta en cinco ocasiones. Particularmente, se alojó en dos de los mejores hoteles del municipio de La Oliva.

"El cuarto hombre más importante de España"

Antes de llegar a Fuerteventura, los funcionarios de la Delegación del Gobierno ya sabían que "venía el cuarto hombre más importante de España", según hizo saber en alguna ocasión vía telefónica a responsables institucionales de la isla en aquellos momentos. Y nada más aterrizar para disfrutar de sus vacaciones, Dívar, siempre escoltado, era trasladado en coche oficial hasta el hotel en el que se fuera a hospedar.

En una ocasión, siendo delegado insular del Gobierno Eustaquio Santana, solicitó coche y chófer, estando este último de vacaciones. "Exigió que dejara sus vacaciones" y mediante fax solicitó el servicio de traslado hasta el hotel del propio Dívar y su escolta, según reconocen fuentes de la Delegación del Gobierno. Y así fue. El coche le esperaba a su llegada en el aeropuerto del Matorral, en Puerto del Rosario, pero no con la autorización de la delegación insular, sino que tras una discusión con el responsable, hizo que "órdenes de arriba" hicieran que la Delegación del Gobierno en Canarias accediera.

Dívar viajó a Fuerteventura casi siempre en época de verano, aunque en alguna ocasión también lo hizo durante el invierno y siempre "para disfrutar de sus vacaciones".

CADENA SER   14-06-2012

martes, 12 de junio de 2012

Francisco Correa, protagonista de la trama Gürtel, sale de la cárcel tras pagar una fianza de 200.000 euros


El presunto 'número uno' de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha salido hoy de la prisión de Soto del Real, en la que se encontraba desde febrero de 2009, tras pagar la fianza de 200.000 euros que le ha impuesto el juez de la Audiencia Nacional.

En medio de una gran expectación mediática, Correa abandonaba a las 21.50 el centro penitenciario, a cuyas puertas le esperaba desde las cuatro de la tarde un Mercedes oscuro, con los cristales tintados.

"Voy a ver a mi familia después de tres años y medio", ha dicho Correa a los medios antes de introducirse en el vehículo, y ante la pregunta de si estaba contento de volverla a ver ha respondido: "¿Usted que cree?".

El presunto cerebro de la trama de corrupción investigada en el 'caso Gürtel', que a partir de ahora tiene obligación de comparecer diariamente en el juzgado -los lunes en la Audiencia Nacional- y la prohibición de abandonar el territorio nacional, ha salido con gesto serio y tranquilo y portando dos maletas con sus pertenencias.

Correa, que vestía una chaqueta azul y una camiseta blanca, ha preferido no responder otra pregunta de los informadores sobre si se alegraba de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón.

El presunto "número uno" de esta trama ha abandonado solo del centro penitenciario, donde le esperaba una persona, llamada Domingo, con la que se ha abrazado antes de depositar las bolsas en el maletero y sentarse en la parte delantera del coche.

Los medios de comunicación aguardaban toda la tarde para poder captar la imagen de Correa, que lucía barba y tenía el pelo bastante largo.

Correa ha salido de la prisión después de que el magistrado de guardia de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en sustitución de Pablo Ruz y tras recibir de la madre del acusado el aval de la fianza, haya dictado un auto en el que hace constar que el imputado ha hecho frente a la misma.

Esta gestión se ha logrado diez días después de que el juez instructor del "caso Gürtel" levantara el embargo de unos fondos de una cuenta de Bankia cuya titular es la madre de Correa, que asciende a más de 400.000 euros y de los que hasta hoy no ha podido disponer por estar invertidos en productos financieros.

Ruz adoptó esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción -a la que se había dado traslado de un informe de la Agencia Tributaria que avalaba el origen ilícito de dichos fondos- le informara favorablemente sobre el levantamiento del bloqueo, ello sin perjuicio de que continúen las investigaciones sobre el mismo

Correa ha salido de la cárcel algo más de tres años después de que estallara el caso Gürtel, y tras pasar por distintos tribunales, la causa que investiga la trama de corrupción ligada a cargos del PP continúa abierta en la Audiencia Nacional con casi 100 imputados, todos ellos en libertad.

huffingtonpost.es - EFE  |  Publicado: 11/06/2012

Dívar aporta de nuevo datos falsos para justificar otros 12 viajes de fin de semana

Carlos Dívar durante la rueda de prensa que dio para explicar sus viajes a Marbella. 

El presidente del Supremo acredita gastos públicos de cuatro días con actos que no se celebraron o que duraron unas horas

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, gastó otros 15.000 euros del erario público en viajes, alojamiento en hoteles (algunos a razón de casi 500 euros la noche), manutención y atenciones protocolarias (comidas a las que invitó a otros comensales o a él mismo) celebrados en fines de semana que comenzaban el jueves o el viernes.

Son nuevos desplazamientos conocidos ahora por el Consejo General del Poder Judicial que se unen a los otros 20 viajes, en este caso siempre a Marbella, para actos que se celebraban en otros puntos y que duraban solo unas horas o que ni siquiera han sido confirmados por las personas a las que Dívar dijo que había visto.

En este caso, los 12 viajes son a Bilbao (4), Barcelona (2) Galicia (3), Valencia, Palma de Mallorca y Oviedo y su detalle fue solicitado por el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez, el mismo que denunció ante la Fiscalía General del Estado a Dívar por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. Entre las justificaciones de esos viajes, que no se ha querido facilitar a Gómez Benítez pero que cuenta el diario El Mundo figuran hechos que no ocurrieron en la fecha en la que Dívar los cita para justificar el gasto de dinero público.

Además, según ha comprobado EL PAÍS, aunque los actos a los que Dívar acudió duraron un día (generalmente laborable, jueves o viernes) el presidente del Supremo extendió su estancia en esas capitales durante todo el fin de semana a costa del erario público.

Uno de los actos citados por Dívar para justificar su estancia en Bilbao entre el 23 de julio de 2010 y el domingo 25 de julio de 2010 es la toma de posesión de Juan Luis Ibarra como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El acto de toma de posesión de Ibarra, al que efectivamente acudió Dívar junto al lehendakari, Patxi López, se celebró el lunes 10 de mayo de 2010.

Dívar gastó 1.045 euros en sus tres días de estancia en Bilbao para acudir supuestamente a un acto oficial que además de durar solo unas horas se celebró dos meses y medio antes de lo que dice el presidente del Supremo. Respecto a este desplazamiento, José Manuel Gómez Benítez señala: "Yo estuve allí  y la toma de posesión de Ibarra fue un lunes de mayo y no un fin de semana de julio, como dice Dívar".

La supuesta conferencia en el colegio mayor Arosa de Santiago de Compostela que el presidente del Supremo cita para justificar gasto de dinero público en un fin de semana gallego, alojado en el Gran Hotel La Toja, no fue en junio sino en noviembre.

Además, Dívar justifica el gasto de otros 2.000 euros de dinero público en su visita de cuatro días a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Para esa visita turística poco relacionada con el cargo de presidente del Supremo y del Poder Judicial, Dívar gastó 560 euros en el viaje, 766 euros en el alojamiento, 491 euros en manutención y 110 euros en atenciones protocolarias. Sobre este viaje, según el vocal, es claramente un viaje privado, porque no tiene nada que ver con los cargos oficiales que ostenta Dívar".

Jerónimo Escorial, ayudante personal y jefe de seguridad de Dívar es la persona que compartió con él muchas de las cenas en restaurantes de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga), según confirman fuentes del Consejo, de la Audiencia Nacional y del equipo de seguridad del presidente.

Dívar, al ser preguntado al respecto dijo textualmente: “No era así”, pero no dio más explicaciones, y se remitió a la oficina de prensa del Consejo, que desde hace 10 días se han negado a responder si Escorial era el segundo comensal. El jefe de Seguridad, por su parte, no quiso hacer ningún comentario.

EL PAÍS.com - J. YOLDI / J. M. ROMERO Madrid 12 JUN 2012

Dívar en bar: Por Gaspar Llamazares


Vamos conociendo día tras día nuevos datos que convierten en escándalo cada información que proviene del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar. Si no es comprensible su ritmo de vida ni sus gastos con cargo al bolsillo de los ciudadanos, menos justificable es el manto protector que ha tendido el Gobierno de la mano del ministro del ramo, el señor Gallardón. Son magistrados como el señor Dívar los que han subvertido la balanza de la Justicia para condenar al juez Garzón. Cuando se utiliza la Justicia para hacer política los magistrados se adueñan de la democracia. Y cuando se corrompe la Justicia es la democracia la que se descompone. ¿Cómo van a confiar los ciudadanos en una Justicia en la que uno de sus máximos representantes sólo se justifica ante Dios y la historia para vivir a cuerpo de rey, con el dinero de todos?

Dicen que el señor Dívar pertenece al Opus. Al menos habla como si la Justicia divina existiera y él fuera su sumo sacerdote. Pero como en las buenas sectas al final todos pagamos sus excesos. Todos menos él. Pagamos esas comidas de lujo con acompañantes de lujo, tan secretos como las facturas que abonó en Marbella. Pagamos todos esos días libres en fechas laborables. Y pagamos también los alojamientos en Puerto Banús o esas tediosas imposiciones de medallas que duraban una hora (y tres noches).

Repasemos la conjugación del verbo Dívar. Yo debo, tú debes y él Díbar. O de bar. Que en este caso se permite la terminación de este (sujeto) infinitivo de verbo divino como la justicia a la que apela.

Pero si grave es el comportamiento de Dívar no lo es menos el de quien lo protege, lo acoge, lo promueve y sobre todo, rentabiliza y se beneficia de sus actuaciones. El Partido Popular es responsable de encubrimiento y el PSOE de encumbramiento por proponerlo en su día. Quizás por eso le haya costado tanto al señor Rubalcaba pedir su comparecencia en el Congreso. En cambio poco esfuerzo le ha supuesto al grupo Popular impedir que rinda cuentas de sus desmanes en sede parlamentaria. Incluso el señor Dívar ha propuesto que sea la sede parlamentaria la que acuda al Consejo. Dejad que los senadores vayan a él para compartir los panes y los peces de una frugal comida en la sede del Consejo General del Poder Judicial. Así lo dice, sin vergüenza.

Sólo cabe una salida digna para los ciudadanos, que no para él. Para los indignados que somos todos. Para aquellos que queremos recuperar la dignidad de las personas, las instituciones y recobrar la confianza con la sociedad. Porque la confianza no es sólo una cuestión de mercados. Es una cuestión de personas. Y en situaciones como estas son en las que de verdad se demuestra la relación entre representantes y representados. Por todo eso el señor Dívar debe dimitir o ser cesado. Por dignidad. Pero sobre todo, por democracia.

huffingtonpost.es - Gaspar Llamazares - 12.06.2012

Gaspar Llamazares es diutado por Izquierda Unida

domingo, 10 de junio de 2012

El dinero sucio salpica al Vaticano

Benedicto XVI habla con Gotti Tedeschi en el Vaticano en 2010. 

El banquero Gotti Tedeschi sospechaba que algunas de las cuentas cifradas abiertas en la Santa Sede ocultaban fondos ilícitos de empresarios, políticos y jefes de la Mafia

 
Durante los últimos meses al frente del banco del Vaticano, el economista Ettore Gotti Tedeschi, de 67 años, vivió temiendo que alguno de los hombres fuertes de la Iglesia, con birrete o sin él, diesen la orden de matarlo. Por si eso llegaba a suceder, construyó con paciencia de filatélico un voluminoso informe que su secretaria tendría que entregar tras su muerte a dos amigos suyos, un abogado y un periodista, para que ellos a su vez lo hicieran llegar a un tercer amigo: el Papa. Contenía el informe multitud de documentos —correos electrónicos, fotocopias de su agenda, apuntes a mano— que servirían para entender por qué Gotti Tedeschi fracasó en su misión de adecentar el Instituto para las Obras de Religión (IOR). El economista sospechaba que detrás de algunas de las cuentas cifradas del banco se ocultaba el dinero sucio de empresarios, políticos y hasta de jefes de la Mafia. Como sucede a veces en las películas, antes del asesino llegó la policía y se incautó del informe. Ahora es el Vaticano el que tiene miedo.

El Vaticano teme que se difundan los papeles incautados al banquero

No se trata de un miedo abstracto, no es temor de Dios. Es pánico verdadero a que Gotti Tedeschi, o la policía, o los fiscales, o tal vez los periodistas, saquen a la luz alguno de los documentos contenidos en el informe reservado o en los 47 archivadores que los Carabinieri —por orden de los fiscales de Nápoles y Roma— se llevaron de su casa. No es otra cosa que temor, aunque disfrazado de amenaza, lo que rezuma un comunicado hecho público por la sala de prensa del Vaticano el viernes por la tarde. El primer párrafo advierte: “La Santa Sede ha recibido con sorpresa y preocupación los recientes sucesos en los que está involucrado el profesor Gotti Tedeschi. Pone la máxima confianza en la autoridad judicial italiana para que las prerrogativas soberanas reconocidas a la Santa Sede por la normativa internacional sean respetadas adecuadamente”. El segundo párrafo amenaza: “La Santa Sede (…) está examinando con el mayor cuidado la eventual lesividad de las circunstancias”. La traducción al román paladino es bien clara: saquen sus manos de nuestros asuntos o todos ustedes —Gotti Tedeschi, policía, fiscales e incluso periodistas— se las tendrán que ver con nosotros en los tribunales.

El escándalo del Vaticano aumenta de nivel vertiginosamente. Las primeras noticias de que intramuros se libraba una guerra de poder muy poco piadosa entre sectores de la Curia llegaron a principios de año con la filtración de documentos secretos que hablaban, entre otros asuntos, de un exótico complot para eliminar al Papa y de la defenestración de monseñor Carlo María Viganò —el encargado de licitaciones y abastecimientos— tras denunciar diversos casos de corrupción. La fuga de documentos desembocó en la detención, el 25 de mayo, de Paolo Gabriele, el mayordomo del Papa, acusado de robar y filtrar cajas enteras de la correspondencia papal. Aquel golpe mediático —con sus adornos de cuervos infieles, laicas consagradas y un apuesto secretario papal que inspiró la colección de Donatella Versace en 2007— a punto estuvo de eclipsar un hecho capital acontecido un día antes: la destitución fulminante por “pérdida de confianza” del hasta ese momento presidente del IOR, Ettore Gotti Tedeschi, destacado miembro del Opus Dei y amigo de Joseph Ratzinger, a quien incluso había ayudado a redactar una encíclica. Sin embargo, aquel no fue un despido cualquiera. Los consejeros del IOR, recuerda el vaticanista Andrea Tornielli, dedicaron al propio Gotti Tedeschi un “documento durísimo, que lo demolía moral y profesionalmente al dar a entender que estaba involucrado en la fuga de documentos de los cuervos vaticanos”. No se trataba, por tanto, de deshacerse del amigo de Benedicto XVI. Se trataba de destruirlo.

Los enemigos de Gotti pidieron un informe psicológico para desacreditarle

La razón de tanta saña tal vez esté en los documentos encontrados el martes en su casa de Piacenza y en su despacho de Milán. Gotti Tedeschi señala en su informe: “Todo comenzó cuando pedí información sobre las cuentas que no pertenecían a religiosos”. Según varios medios italianos, durante su permanencia al frente del banco del Vaticano, al que llegó en 2009, fue descubriendo que, tras algunas cuentas cifradas, se escondía dinero sucio de “políticos, intermediarios, constructores y altos funcionarios del Estado”. Pero no solo. Como sostiene la fiscalía de Trapani (Sicilia), también Matteo Messina Denaro, el nuevo jefe de jefes de la Cosa Nostra, tendría su fortuna puesta a buen recaudo en el IOR a través de hombres de paja. Dicen que fue entonces cuando Gotti Tedeschi, quien se había tomado el encargo del Papa como una auténtica misión, empezó a tener miedo. Un miedo que lo llevó a procurarse una escolta y a elaborar, folio a folio, un expediente que solo vería la luz si era asesinado.

Pero la policía llegó primero. Y junto a los folios con correos electrónicos, fotocopias de la agenda y apuntes a mano, encontró dos listas de nombres. En una sin mucho interés figuran quienes Gotti Tedeschi considera amigos —el abogado, un periodista del Corriere della Sera, el mismísimo Pontífice —- y en la otra, más interesante, sus enemigos excelentes. Aquellos que, la tarde del 23 de mayo, escribieron una carta al secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, exigiéndole el despido del banquero de Dios porque “su cada vez más excéntrico comportamiento personal ya no es tolerable”. Se trataba de devolverle, a modo de bumerán, su propia acusación y achacarle ausencias injustificadas, falta de transparencia… La petición triunfó. Gotti fue despedido sin honra ni honor.

Pero, por si fracasaba aquella estrategia, los enemigos de Gotti Tedeschi ya tenían preparada una segunda. Habían encargado a un “psicoterapeuta e hipnoterapeuta” con licencia para trabajar en el Vaticano una especie de informe en el que, además de “egocéntrico y narcisista”, se acusaba al banquero de estar desequilibrado, de creerse víctima de una conspiración judeo-masónica. No hay quien gane en crueldad a los hombres de Dios cuando juegan a suplantar al diablo. Dice la policía que cuando, en la soledad de su casa, Gotti Tedeschi fue redactando su informe secreto temía verdaderamente por su vida. Tenía miedo a que sus enemigos intentasen aún una tercera y definitiva estrategia. Por eso, cuando el capitán de los Carabinieri le informó de que iba a proceder a un registro, el amigo del Papa respondió con alivio: “¡Ah!, creí que veníais a pegarme un tiro”.

EL PAÍS.com -Pablo Ordaz - Roma - 9 JUN 2012