El presidente del Supremo y del CGPJ dimite por el caso de los viajes

Carlos Dívar, a su llegada a la sede del Consejo General del Poder Judicial.

"No tengo conciencia de haber hecho nada malo, pero la situación era insostenible", asegura
 
Carlos Dívar ha dimitido. Tras más de un mes de presiones, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo termina así su ciclo como máxima autoridad judicial del Estado tras el escándalo de sus viajes. Apenas 15 minutos después de empezar el pleno extraordinario, en torno a las 11.25, ha presentado su dimisión. El orden del día incluía tres puntos a debatir: la situación general del poder judicial, el estudio de la petición de dimisión formulada por cuatro vocales del Consejo, Félix Azón, Margarita Robles, e Inmacualada Montalbán y Carles Cruz, y un tercero, propuesto por el vocal José Manuel Gómez Benítez, que pedía su destitución o remoción en el cargo.

"No tengo conciencia de haber hecho nada malo, pero la situación era insostenible" para la judicatura, ha asegurado Dívar, compungido, según fuentes del Consejo. El ya expresidente ha dejado claro, además, que no guarda "rencor" a nadie, y ha mencionado expresamente a los periodistas.


Esta es la decisión "rotunda y contundente" que anunció en el pleno del pasado sábado y que hoy ha comunicado al pleno del consejo. El anuncio supone además el comienzo, en palabras de algunos vocales, de una etapa de “regeneración y transparencia” que destierre el viejo hábito de cargar gastos a las arcas del Poder Judicial sin necesidad de justificar cómo, en qué y con quién se ha producido el desembolso de dinero público en un órgano (el que gobierna a los más de 4.500 jueces españoles) que maneja 74 millones de euros de presupuesto. Con Dívar se irá, señalan fuentes del Consejo, la práctica de cargar viajes a las arcas del Poder Judicial sin que exista constancia oficial de los mismos, y la de los fines de semana caribeños. Esos que él, en algunas ocasiones, estiró de jueves a martes.

La portavoz de este órgano, Gabriela Bravo, había señalado esta mañana en la cadena SER que "lo previsible es que Dívar anuncie su dimisión". En su primera entrevista que concede desde que estalló la crisis por los viajes del también presidente del Tribunal Supremo, Bravo ha confiado en que se "recupere parte de la credibilidad perdida estos días". No ha sido ella, sin embargo, la encargada de comparecer tras el pleno extraordinario de hoy, como es habitual. Lo ha hecho el vicepresidente, Fernando de Rosa, quien será su sustituto.

En calma tensa afrontaban los vocales del Poder Judicial el pleno de hoy. Algunos han llegado a la sede del órgano en Madrid más de una hora antes del pleno. Ayer se sondearon entre ellos y aparentemente no había deserciones en la idea de que la presidencia de Dívar hoy pasará a ser historia. Se ha convertido así en el primer presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial que deja el cargo forzado por los mismos que le eligieron. A sus 70 años, a Dívar solo le queda ahora la jubilación. Sin excepción, todos los consejeros interpretan que sus palabras en el pleno del pasado sábado, las que pronunció tras mirar a su alrededor y solo ver soledad (“voy a adoptar una medida rotunda y contundente”) estrangulan cualquier margen de maniobra.

Desde que estalló el escándalo de sus 32 viajes en larguísimos fines de semana a Marbella y otros destinos se aferró numantinamente al cargo. Hijo y nieto de juez, en su mente se instaló la idea de que dimisión es asunción de culpa. Y a esto se agarró durante la primera fase del escándalo de sus viajes. El respiro de alivió que sintió al cotejar que la Fiscalía General del Estado archivaba la denuncia por malversación que le interpuso, el pasado 8 de mayo, el vocal progresista José Manuel Gómez Benítez se disipó pronto. Entonces, se sintió medio arropado cuando vio que solo cinco vocales pedían su dimisión y que, paradójicamente, otros siete se la exigían Gómez Benítez por haber actuado este por libre. Sin consulta previa al pleno.

Dívar se encerró en sí mismo y se olvidó de la calle, donde su caso crecía en medio de la indignación. Y que, lejos de mitigarse, se agigantaba con nuevas revelaciones de EL PAÍS que elevaban los primeros 12 viajes por importe de casi 13.000 euros hasta 32, y por un total de 28.000 euros

Tras el archivo de los 12 viajes en la Fiscalía General, el asunto llegó al Tribunal Supremo. Su propio tribunal le dio carpetazo al asunto. Por once votos contra cuatro, el Supremo no vio reproche penal en su conducta. Fue cuando Dívar se presentó ante la prensa y se mantuvo en sus trece; es decir, en el “carácter reservado” de sus viajes y en que no tenía obligación de dar explicaciones detalladas del motivo y con quién o quiénes había compartido los manteles de sus más de 40 cenas y/o almuerzos en restaurantes de lujo endosados al Consejo durante esos dilatados fines de semana. En cambio, en la calle, en las asociaciones judiciales e incluso en el PSOE, el clamor era que, al menos, sí concurría un reproche ético. Y que debía irse. Así ha sido.

Dívar siguió sin dar explicaciones y arrecieron todavía más los gritos de dimisión. Cuatro vocales (Inmaculada Montalbán, Carles Cruz, Margarita Robles y Félix Azón) y un quinto, Gómez Benítez, forzaron un pleno extraordinario 72 horas después, el del pasado sábado. Y estos cinco, partidarios de su marcha, se convirtieron en muchos más en el pleno. De sus bocas, delante de él, salió el sentir generalizado de que la situación “era insostenible”. Dívar volvió a mirar entonces a su alrededor y se sintió aún más solo. Y con la tenaza de que los mismos que le sugerían su salida, por las buenas, podían forzar una votación y destituirle. Ese era una de los puntos del orden del día. Con doce, mayoría de tres quintos, hubiera bastado.

Acorralado y delante de todos, Dívar soltó entonces nsu famosa frase premonitoria: “En los próximos días adoptaré una medida rotunda y contundente”. Y por “responsabilidad institucional” pidió a los consejeros que le dejasen varios días para estar presente en los actos del bicentenario, que empezaban el lunes y a los que el Rey iba a asistir. Se fue del pleno y los vocales, unánimemente, accedieron a su petición: dejarle uno días más y que dimitiera. El pasado lunes Dívar solo pudo hacerse la foto con el príncipe Felipe (don Juan Carlos cambió su agenda y viajó a Arabia Saudí a dar el pésame por la muerte del príncipe heredero). La inasistencia ayer de Dívar a los actos de la Constitución de Cádiz de 1812 tras la fría foto del lunes sin el Rey, agita la convicción de que hoy es el día D de Dívar. El de sus últimas palabras como primera autoridad judicial del Estado.

Carlos Dívar y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el bicentenario del Tribunal Supremo.

Dívar deja en evidencia a Gallardón

El ministro declaró “fortalecido” al expresidente del Supremo cuando el fiscal archivó el caso
“El Gobierno intentó evitar otro escándalo en plena convulsión por el rescate”, dicen en el Ejecutivo

En las seis semanas que ha durado el caso Dívar —desde que salió a la luz que la máxima autoridad judicial de España usó dinero público en viajes supuestamente privados hasta su dimisión anunciada esta mañana—, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no se le ha escuchado ni una sola palabra de censura. Es más, aprovechó el archivo inicial de la denuncia por parte de la fiscalía, el pasado 21 de mayo, para felicitar públicamente al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar: “Sale fortalecida la institución, el presidente y por lo tanto el Estado de Derecho”, dijo.

Dívar no salió fortalecido: todo siguió torciéndose para él y ha acabado dimitiendo. Y, de todo el Gobierno, el ministro más expuesto y que, por tanto, puede salir más debilitado del caso es, precisamente, Gallardón. Después de dar a Dívar por “fortalecido” se opuso a que compareciera en el Congreso como pedía la oposición, y siguió aplaudiendo la “muestra de responsabilidad” del Consejo General del Poder Judicial tras la reunión del 31 de mayo en la que la institución no forzó la dimisión de su presidente pero acordó cambiar el reglamento de gastos.

Si el ministro de Justicia ha actuado así por convicción propia o recibió el encargo del presidente Mariano Rajoy de intentar sostener a Dívar en el cargo el máximo tiempo posible para evitar la guinda de este escándalo en plena convulsión nacional por el rescate financiero, solo ellos lo saben. “El Ejecutivo ha querido evitar otra crisis en las semanas más delicadas para España de los últimos años, cuando transmitir confianza como país era fundamental. El titular de ‘dimite el presidente del Supremo español’ en toda la prensa internacional en este momento es muy perjudicial”, señalan fuentes del ministerio. Sin embargo, estos responsables niegan tajantemente que Gallardón presionara a los vocales del Poder Judicial para que mantuvieran a Dívar; algún vocal, como Margarita Uría, del PNV, ha denunciado que altos cargos del Gobierno lo hicieron, y fuentes del Consejo aseguran que Uría apuntó a la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.


Cuando estalló el caso Dívar, tras la denuncia presentada contra él por el vocal José Manuel Gómez Benítez (elegido a propuesta del PSOE), el Gobierno lo interpretó como una vendetta del sector progresista contra el presidente del Supremo —aunque este lo era por consenso de PSOE y PP— como respuesta a los juicios contra el juez Baltasar Garzón. “Parecía una maniobra, un ataque en clave política”, alegan fuentes del Ejecutivo. Luego empezaron a salir las facturas de los viajes, la relación de los gastos sin justificar de Dívar, sus coartadas y los desmentidos a sus coartadas —como el del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que acusó directamente al presidente del Supremo de “mentir”—... Pero aun así el Gobierno no llegó a censurar a Dívar.

Tampoco lo hizo, durante muchos días, el PSOE —Dívar fue elegido presidente del Poder Judicial y del Supremo en 2008 a propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero—, aunque finalmente los socialistas sí exigieron su dimisión la semana pasada.

El Ministerio de Justicia está preparando una reforma de la ley que regula el Poder Judicial para que entre en vigor en otoño de 2013, cuando toca renovar el Consejo. Fuentes del Gobierno filtraron hace siete días, con Dívar ya en caída libre, un aspecto de esa reforma: si se lleva a cabo, solo cinco de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces cobrarán el sueldo íntegro que ahora perciben los 20 (unos 112.000 euros brutos anuales, bastante más que el presidente del Gobierno); el resto de consejeros, sin dedicación exclusiva, cobrarían únicamente dietas por acudir a los plenos. La dimisión de Dívar y la crisis del Poder Judicial, paradójicamente, podrían ayudar a Ruiz-Gallardón a dar un baño de popularidad a esa reforma.


EL PAÍS.com - José Antonio Hernández - Madrid - 21 JUN 2012
EL PAÍS.com - Vera Gutiérrez Calvo - Madrid - 21 JUN 2012 (Dívar deja en evidencia a Gallardón)