Carlos Fabra, intocable y activo

El líder del PP de Castellón sigue en su cargo y a un paso del banquillo por fraude y cohecho
El partido ni siquiera le abrió expediente, a pesar de que lo exigen sus estatutos


Ni expedientado. Ni apartado. Ni siquiera acallado. El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, sigue activo, en su cargo y manejando los hilos del partido en la provincia. Mientras el PP reivindica “transparencia” como factor básico en la lucha contra la corrupción y asegura que lo aplicará a sus cargos públicos y orgánicos, en Castellón sigue el que parece haberse convertido en un presidente intocable.

Sobre Carlos Fabra pesan varias imputaciones por la comisión de los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho (soborno) y hasta cuatro delitos de fraude fiscal por haber dejado de ingresar, entre él y su entonces esposa, 1,2 millones de euros en las arcas públicas. Por menos de eso, la presión sobre otros dirigentes políticos ha acabado con el cese de sus cargos.

La Fiscalía Anticorrupción (tanto antes como ahora) reclama una pena de 15 años de prisión, otros 15 de inhabilitación y una multa de 2,3 millones de euros. Después de más de ocho años de investigación, durante los que la mayoría de los delitos fiscales llegaron a declararse prescritos, el juicio tendrá fecha de celebración en breve. Y, posiblemente, Fabra se sentará en el banquillo antes de que acabe el año, después de haber presentado bienes por valor de 4,2 millones de euros, exigidos como fianza, como garantía de que hará frente a las multas que se le puedan imponer si es condenado.
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Pero, de momento, sigue ocupando la presidencia del PP provincial. Y sigue sentándose en el sillón destinado a la presidencia de una sociedad pública, Aerocas, la que promovió la construcción del internacionalmente conocido, por su aparente despropósito, aeropuerto peatonal de Castellón. Y, de momento, desde ambos cargos sigue saliendo impune cuando llama “pandilla de inútiles” o “gentuza” a todo aquel que osa cuestionarle, tal y como ha hecho esta misma semana.

Carlos Fabra decidió cuándo dejar la presidencia de la Diputación de Castellón desde la que, según los indicios que maneja la investigación judicial, dio trato de favor a un empresario que acabó denunciándole por cobrarle, a cambio de sus gestiones, “cantidades millonarias”. Antes de irse llegó a ser calificado como “ciudadano y político ejemplar” por el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y, para cuando decidió dejar la vida institucional y no volver a aparecer como cabeza electoral, la acusación de fraude formulada por la propia Agencia Tributaria ya era más que firme.

Aun estando fuera, marcó unas cuotas que sus sucesores optaron por respetar e impuso, entre otras decisiones, a su pareja como vicepresidenta de la Diputación que él mismo presidió durante 16 años, la de Castellón, y en la que destacó por sus altos sueldos y su innumerable elenco de asesores. Se fue cuando quiso del ámbito institucional. Cuando las fuerzas parecían flaquearle, después de someterse a un trasplante de hígado. Pero optó por seguir en la presidencia provincial del partido y en la sociedad pública que lo ampara, sin que nadie dijera “basta”. El PP le permite, así, que siga acudiendo, con casi cualquier motivo, a cualquier pueblo a hacer sonoras declaraciones.

El último congreso del Partido Popular, el que se celebró en febrero —cuando el tsunami azul ya había llegado al Gobierno central tras conquistar la inmensa mayoría de comunidades y municipios—, aprobó un cambio de estatutos con el que los populares se comprometían, en su lucha contra la corrupción, a abrir expediente informativo a todos sus cargos imputados. Han pasado casi tres meses y la hoja de servicio de Carlos Fabra sigue estando impoluta.

Además, en este caso, las medidas habrían tenido que llegar más lejos, ya que el expediente informativo se ha de convertir en disciplinario cuando se decreta la apertura de juicio oral, trámite que ya ha superado el caso Fabra. Pero tampoco.

Le siguen dejando hacer. Su impenetrable y perfectamente engrasada maquinaria orgánica desplegada por toda la provincia de Castellón ha permitido que, según denuncia la oposición, por una cuestión de cuotas y lucha de poder dentro del PP regional siempre se acaten sus deseos, tanto dentro del partido como, por extensión, en la gestión pública. Eduardo Zaplana y Francisco Camps, como presidentes del PP que también lo fueron de la Generalitat valenciana, lo hicieron en su día.

Ahora quien parece mirar hacia otro lado es Alberto Fabra, presidente del Gobierno valenciano, que pretende una definitiva y tranquila transición postfabrista con el objetivo de que quien fue su mano derecha, Javier Moliner, llegue a ocupar no solo la presidencia de la Diputación, que ya ostenta, sino también la del PP castellonense. Pero no tiene prisa.

Y, mientras, Carlos Fabra sigue apareciendo como el intocable y viviendo ufano un satisfecho afán de protagonismo. Sin que, ni por estética, alguien del PP cuestione, públicamente, sus planteamientos, sus palabras o sus hechos.

EL PAÍS.com - María Fabra - Castellón - 5 MAY 2012