El ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante el pleno de hoy en el Congreso.
- Hasta el último momento el Ejecutivo ha estado negociando el respaldo de CiU
- El PSOE augura el despido de 40.000 profesores
- Wert afirma que lo hace "con sufrimiento" y que es una "respuesta excepcional"
“Lo hacemos con sufrimiento" y "esta es la respuesta excepcional del Gobierno a unas circunstancias excepcionales, desafortunadas”, ha dicho José Ignacio Wert, ministro de Educación, en la tribuna del Congreso para defender uno de los decretos que contiene el mayor recorte de gasto de la historia constitucional. En el hemiciclo se esperaba la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para votar a última hora, una vez descartado que sea él el que públicamente defienda los recortes que, por primera vez, afectan a la sanidad y la educación.
Rajoy ha acudido un rato al Congreso. Ha estado en la zona de Gobierno, ni se ha planteado que hable de los recortes o que se reúna con los portavoces para hablar de la situación económica, de Bankia o de la prima de riesgo. Lo que sí ha hecho es grabar un vídeo en el que se aboga por la transparencia y que se colgó en la web de la Moncloa.
Salvo cambio sorprendente de última hora, el Pleno del Congreso convalidará dos decretos con un recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad, solo con los votos del PP, suficientes aritméticamente, pero insuficientes políticamente para una decisión de tal magnitud. El Ejecutivo ha intentado hasta el último momento que CiU apoye los decretos, mientras que ni siquiera lo ha intentado con el resto de grupos.
Durante toda la mañana, casi hasta el momento de iniciarse el debate, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha mantenido conversaciones cruzadas con el conseller de Sanidad de Cataluña y con el portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre. El principio, el Gobierno rechaza tramitar el decreto como proyecto de ley y que, por tanto, puedan incluirse cambios, lo que hacía difícil el acuerdo.
El miércoles la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, contactó en dos ocasiones con Alfonso Alonso, portavoz del PP, para saber si era posible sentarse a negociar los decretos, forzando su tramitación como proyectos de ley. El popular le trasladó la imposibilidad de dar marcha atrás en los recortes y su voluntad de sacarlos adelante tal cual, aunque sea solo con los votos del PP.
Wert abrió la defensa de los recortes, a la que siguió luego la intervención de la ministra de Sanidad, Ana Mato, con un tono de “no hay más remedio”. Casi con intención de pedir disculpas a los ciudadanos y explicando que no son las medidas que les gustaría haber tomado, pero que las circunstancias obligan a hacerlo. Ambos ministros traen preparados discursos que sostienen que, pese a los recortes, se preservan la educación y la sanidad públicas.
“Lo hacemos con sufrimiento y pesar” y "son temporales y desde luego no forman parte de nuestro programa de reforma educativa, con lo que tan pronto como mejore la situación económica", aseguró Wert desde la tribuna del Congreso. El portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados, Mario Bedera, le ha respondido que el recorte de 3.736 millones de euros contemplado en este real decreto se suman a los 487 millones del acuerdo de no disponibilidad del 30 de diciembre y a los 663 millones de recorte en los presupuestos para 2012.
“No nos hable de eficacia, de eficiencia y mucho menos de mantener la calidad del sistema educativo cuando en menos de cinco meses ha hecho recortes por un total de 4.886 millones de euros. Está usted recortando una media de 1.000 millones por mes”, le ha dicho al ministro, antes de asegurar que van a provocar el despido masivo de profesorado —más de 40.000 despidos—.
El ministro le ha respondido que "hace una hipótesis sobre el despido de profesores que son interinos y no funcionarios" y ha reprochado al socialista que "dé a entender que todas las comunidades van a ejecutar el máximo y que van a ejecutar todas las medidas del decreto".
Todos los grupos han lamentado en la tribuna que el Gobierno ni siquiera se haya sentado a dialogar previamente sobre el contenido de los decretos que, además, deben ser aplicados por las comunidades. De hecho, la mayor crítica de los partidos nacionalistas es que invade las competencias autonómicas.
EL PAÍS.com - Fernando Garea Madrid - 17 MAY 2012
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