Iglesia de San Sebastian de los Reyes en Madríd.
Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid también abordan el pago
La decisión del Pleno de Alcalá de Henares de elaborar un censo de los inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de la Iglesia Católica con la intención de reclamar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) fue secundada ayer por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, así como por los grupos municipales socialistas de Móstoles y Leganés. Mientras San Sebastián aprobó ayer en el Pleno una moción similar a la de Alcalá presentada por Izquierda Unida, los socialistas de Móstoles y Leganés anunciaron su intención de presentar propuestas similares para reclamar el IBI "en los casos que permita la ley".
La normativa vigente plantea la exención del pago del IBI a la Iglesia en el caso de templos y capillas destinados al culto. También en sus dependencias y locales anejos destinados a la actividad pastoral. Otros dos Ayuntamientos, Rivas-Vaciamadrid y Fuenlabrada, recordaron ayer que ambos plenos ya habían aprobado con anterioridad sendas peticiones al Gobierno central para que acabara con el privilegio de la Iglesia Católica. Pero en estos dos casos los Consistorios se habían quedado ahí, sin censar, tal y como han aprobado Alcalá y San Sebastián de los Reyes, las propiedades eclesiásticas.
La decisión de estos municipios madrileños contrasta con las declaraciones efectuadas por el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, que adelantó que no cobraría el IBI aunque pudiera, pues sería necesaria una modificación de la Ley de Haciendas Locales y la derogación del concordato. "En el caso de que se produjese la modificación legal correspondiente, de darse la posibilidad, Madrid no plantearía el cobro por una razón muy sencilla: tiene en consideración la función social de la Iglesia, que en estos momentos de crisis se ha redoblado de una forma muy importante".
La Ley de las Haciendas Locales estipula que la Iglesia está exenta de pagar el IBI en virtud de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Es una exención total y permanente de la contribución territorial urbana. En 2011, la cantidad perdonada en Madrid sumó 4,86 millones de euros, según el Consistorio madrileño.
Tampoco pagan el IBI los edificios públicos dedicados a seguridad ciudadana (comisarías), servicios educativos (colegios) y penitenciarios (cárceles), o a la defensa nacional (cuarteles), los inmuebles de la Cruz Roja, las sedes diplomáticas de otros países y las estaciones de ferrocarril. En 2011, fueron en total 38 millones en concepto de exenciones para el Estado por los edificios públicos, a los que hay que sumar 5 más por las estaciones de ferrocarril y 3,2 por las sedes diplomáticas. Las ONG se beneficiaron de 13 millones.
En relación a la segunda de las mociones aprobadas el martes por la noche por el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que vetó la presencia del obispo del municipio, Juan Antonio Reig Plà, un comunicado firmado por el vicario general, los vicarios episcopales y los miembros del colegio de arciprestes de la diócesis de Alcalá de Henares invitaron a todos a rezar "por la libertad religiosa, por su obispo y por quienes persiguen a la Iglesia Católica". De esa manera respondían al veto de UPyD. PSOE e IU a Reig Plà.
Asimismo, la página web de la diócesis de Alcalá de Henares colgó ayer un comunicado denominado Acoso a monseñor Reig. Línea editorial Cope, que indicaba que la aprobación de los partidos de la oposición de Alcalá de Henares de la moción que vetó la presencia del obispo en actos municipales era "un inaceptable acto de sectarismo". Además, el documento sostenía que la segunda petición del Pleno, que se trasladara a Reig Plà de la diócesis "manifiesta un desconocimiento total de la Iglesia y que produce algo más que sonrojo".
A juicio del editorial de la cadena Cope, los concejales de UPyD, PSOE e IU, que aprobaron la moción, se prestan "a este juego sucio" con una campaña contra el obispo de Alcalá, a raíz de su homilía del pasado Viernes Santo: "Detrás de esta campaña y de esta decisión municipal late un ejercicio público contrario a la libertad, amén de la pretensión de que desparezca de la sociedad toda opinión que no sea acorde con la que sostienen algunos grupos de poder".
EL PAÍS.com - Tono Calleja - Madrid - 17 MAY 2012
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