El expresidente valenciano mantiene la protección pese a que hace tres años dejó la vida política y trabaja para Telefónica
La Generalitat valenciana costea, diariamente, la estancia y dietas en Madrid de dos escoltas del expresidente del Gobierno valenciano Eduardo Zaplana. Por turnos y de lunes a domingo, ambos se alojan en un hotel de la capital, en la que permanecen toda la semana con un coste que, solo en el caso del alojamiento, se sitúa en alrededor de 70 euros diarios.
Así ocurre desde hace, aproximadamente, tres años, cuando Zaplana ya había abandonado la vida política y había pasado a formar parte del Consejo de Administración de Telefónica y cobrar entre 600.000 euros y un millón al año.
Los gastos de la seguridad de quien también fue ministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar corren a cargo de la Consejería de Gobernación de la Generalitat valenciana, que es el departamento al que se carga el servicio. Los dos escoltas son agentes, en segunda actividad, de la unidad adscrita de la policía nacional a la policía autonómica valenciana, que reciben de este mismo departamento la diferencia de salario al marcado para los agentes de la policía nacional.
El privilegio de esta seguridad “pública” es uno de los recogidos en el Estatuto de expresidentes de la Generalitat valenciana, al que pueden acogerse todos los exjefes del Ejecutivo autonómico. La norma señala que el Consell “adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios” y no marca ningún límite, por lo que Eduardo Zaplana ha considerado que se extiende a su residencia en Madrid, aunque eso obligue a que se deba costear el alojamiento, que asciende a más de 25.000 euros anuales, y manutención de los escoltas desplazados de Valencia. Cataluña, País Vasco, Andalucía o Castilla-La Mancha también cuentan un Estatuto de expresidentes que reconoce y regula derechos similares.
Además de Zaplana, el único expresidente valenciano que no ocupa actualmente un cargo público es el vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, cuya escolta corre a cargo de la entidad bancaria. Olivas no hace uso de ninguno de los privilegios que otorga el Estatuto valenciano, lo mismo que ocurre con el único expresidente socialista, Joan Lerma, que también ha renunciado a ellos.
Quien sí reclamó varios de los derechos que le otorga la norma fue Francisco Camps, que lo hizo apenas unos días después de presentar su dimisión como presidente de la Generalitat, en julio, tras la decisión judicial de sentarlo en el banquillo por el caso de los trajes, derivado de Gürtel, del que salió absuelto por un jurado popular.
Camps dispone de un escolta y un conductor, pero también de uno de los dos puestos de trabajo, con funciones de asesoramiento, que permite el Estatuto, y mantiene en nómina a quien fue su secretaria. Pero, además, el expresidente ha hecho efectiva la posibilidad de su nombramiento como miembro nato del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana en el que, si no renuncia, puede permanecer por un período de hasta quince años, tiempo durante el que cobrará un sueldo de alrededor de 60.000 euros al año.
F. MANETTO / M. FABRA Valencia / Madrid 4 ABR 2012
Y en el otro lado...
Garzón con sus escoltas en la puerta de la Audiencia Nacional.
Garzón: "El escolta va en transporte público desde que me quitaron el coche"
El Gobierno priva al juez del vehículo blindado y deja su protección en un solo guardaespaldas
Cuando, ya suspendido, el exjuez Baltasar Garzón se desplazó a Colombia para desempeñar su trabajo como asesor del Gobierno de ese país en la misión que allí desarrolla la Organización de Estados Americanos (OEA), lo primero que hicieron las autoridades colombianas fue garantizar su seguridad. Un coronel y un teniente coronel del Ejército de ese país se reunieron con él para coordinar la protección de quien durante años ha dirigido investigaciones peligrosas sobre ETA y su entorno, el crimen organizado y el narcotráfico internacional.
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Garzón se encontraba en Colombia cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo sobre las escuchas de la Gürtel que lo apartó de la carrera judicial, el momento a partir del cual el Ministerio del Interior decidió reducir su escolta en España, según cuenta él mismo a este diario. Cuando aterrizó en Madrid, fueron sus propios guardaespaldas los que se lo comunicaron. “Nadie de Interior se ha puesto en contacto conmigo para informarme de la reducción de mi seguridad personal”, explica el magistrado expulsado.
En principio la reducción consistió en privarle de uno de los dos policías que lo acompañaban habitualmente, pero una semana después, a esa medida se sumó la privación de su coche blindado. Ahora, una de las personas más amenazadas de España cuenta con un solo agente que se mueve en transporte público. La situación llega a ser, en algunos momentos, grotesca. Garzón se mueve por España en su vehículo particular mientras quien tiene que protegerlo de cualquier hipotético ataque coge el metro, el autobús o el tren. Pero lo más preocupante es que nadie se encarga de él durante sus desplazamientos.
“El otro día tenía que hacer un viaje fuera de Madrid y me encontré con el escolta en una parada de autobús con su equipaje. ¿Qué tipo de seguridad te puede dar alguien que va arrastrando una maleta?”, cuenta el exmagistrado. Fuentes de Interior aseguran que en el departamento no se realizan declaraciones sobre la protección de personas concretas.
El exjuez de la Audiencia Nacional, que hasta hace poco más de un año llevaba investigaciones tan delicadas como las relacionadas con ETA y su entorno recuerda que fue el anterior Gobierno del PP, el que presidió José María Aznar el que diseñó su célula de seguridad. “Siempre con total discreción se hizo un estudio de los riesgos a los que estaba sometido y en función de este se me asignaron las medidas que se estimaron convenientes”. “Ahora, nadie me ha informado de que esos riesgos hayan disminuido”.
“Llevo 32 años de servicio público y 23 como juez de la Audiencia Nacional. Después de tantos años estoy harto de llevar escolta, pero si es necesario reducirla me gustaría que alguien me explicara por qué para poder estar tranquilo”, concluye el exjuez.
Desde el ministerio se afirma que cuando se hizo pública la sentencia contra el magistrado intentaron localizarlo en su domicilio y más tarde a través de su móvil cuando se enteraron de que estaba en Colombia. Pero aseguran que todos los intentos fueron infructuosos, informa Mónica Ceberio. Interior afirma que en ese momento se ordenó a los escoltas que lo habían acompañado a Colombia que volvieran. El nuevo análisis de riesgo que se llevó a cabo tras la salida de Garzón de la carrera judicial provocó, según Interior, cambios en el plan de protección por la nueva situación.
Reajuste en función
Manuel Altozano Madrid 4 ABR 2012
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