A GOLPE DE TALONARIO

El Tribunal de Cuentas investiga el gasto por la frustrada medalla del Congreso de EEUU a Aznar

El Gobierno popular del ex presidente pagó 2,3 millones de euros a politicos norteamericanos para que le dieran a Aznar la Medalla de Oro del Congreso.

El Tribunal de Cuentas ha traslado a su Sección de Enjuiciamiento las diligencias de investigación que abrió en febrero pasado para esclarecer el gasto de 2,3 millones de euros que el Gobierno de José María Aznar aprobó el 26 de diciembre de 2003, al objeto de suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick para gestionar la frustrada concesión al ex presidente de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos. En un auto hecho público este lunes, el tribunal traslada las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento con el fin de que ésta proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor que dirija la investigación, según asegura la agencia Europa Press.

La apertura de una investigación, que fue acordada el pasado 3 de febrero por el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, responde a la denuncia interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez y la Asociación Preeminencia del Derecho, que ya emprendieron anteriormente acciones por estos hechos tanto penales como contencioso-administrativas, si bien en ambos ámbitos las pesquisas fueron archivadas.

Indicios de irregularidades

En el auto, el Tribunal de Cuentas cree que no se ha justificado "debidamente" el gasto. El Gobierno de Aznar aprobó el 26 de diciembre de 2003 la contratación del lobby estadounidense por 2,3 millones de euros para para "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con Estados Unidos", según recuerda el diario El País. No hubo concurso al respecto ni se publicó la decisión en el BOE. Por estos detalles, ahora el Tribunal de Cuentas cree que "podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación, aceptadas tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado en sus escritos respectivos de 9 y 16 de febrero de 2010, y una deficiente justificación del contrato".

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Fuente: el plural.com