Los extraños ‘oficinistas’ de Urdangarin y la infanta Cristina

Los empleados domésticos del hogar eran auxiliares administrativos de la empresa Aizóon
Al aumentar su plantilla, la firma de los duques de Palma pagaba menos impuestos


El chófer que llevaba a la escuela a los hijos de los duques de Palma en Barcelona y que, a la vez, se encargaba del mantenimiento de la piscina y del jardín de la mansión de Pedralbes (Barcelona), figuró como auxiliar administrativo contratado por la empresa Aizóon. Esta es la compañía patrimonial cuya propiedad comparten los esposos Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina y que tenía su sede social en la misma vivienda, por cuya compra pagaron seis millones de euros.

La acusación del caso Nóos sospecha que los duques de Palma hincharon la realidad de Aizóon, engordaron su plantilla con empleados ficticios, para fingir una actividad laboral-empresarial que era inexistente y, sobre todo, para rebajar el pago de impuestos. "En una oficina no hay empleadas de hogar; esos es para el servicio doméstico", dijo el juez José Castro en un largo interrogatorio a uno de esos empleados con disfraz laboral.

A la secretaria asistente de Urdangarin, Julita Cuquerella (cuya nómina pagaba Telefónica) Aizóon le abonaba el sueldo de dos mujeres —suegra y nuera— que limpiaban su domicilio. Cuquerella buscó hombres de paja. "Necesitamos que me mande el DNI, el número de la Seguridad Social; ninguna [persona] sabe de quién es la empresa [de los duques]; creen que es de un amigo mío”, consta en un correo electrónico intervenido. El fiscal Pedro Horrach, al interrogar a Cuquerella, dijo que eso era "ennegrecer” fondos.

En ocasiones los duques pagaron con dinero negro, sin contrato, seguridad social, nómina y recibos a uno de sus trabajadores del hogar, según el relato judicial. El pagador, en mano, era un sobrino de Urdangarin. Aizóon contrató también a otra limpiadora con categoría de telefonista. “Ni idea de que es Aizóon y dónde tiene la sede, ya que ella ha trabajado como empleada doméstica”, declaró al juez José Castro que apostilló: “No exigirle ningún recibo no tiene sentido señora”.

La esposa del conductor-jardinero del palacete de Pedralbes fue contratada por Aizóon y tenía la misma categoría laboral que aquel, oficinista, aunque la investigación supone que, en realidad, era trabajadora del servicio doméstico. Juez y fiscal creen que tenía encomendadas las tareas de limpieza del caserón de los Urdangarin-Borbón, de más de 1.000 metros cuadrados construidos, según el arquitecto que obró su reforma, de acuerdo con el testimonio que consta en el sumario al que ha tenido acceso EL PAIS.

El matrimonio formado por los oficinistas (Lucian y Monalisa, de Rumania) habitó en el apartamento anexo del llamado palacete. Cada uno de ellos cobraba 1.000 euros al mes, con un incremento anual de 50 euros. La pareja explica que tenía una relación casi familiar con los duques y la mujer “les echaba una mano en tareas domésticas por la tarde a cambio de no pagar alquiler por la casa” interior.

Entre 2006 y 2009 se ocuparon con la familia Urdangarin-Borbón, hasta que los duques y sus hijos marcharon a Estados Unidos. Entonces quedaron a cargo de la tutela y mantenimiento del vasto domicilio familiar y pasaron a pagar 350 euros de alquiler por su casita anexa. Cuando los duques alquilaron la mansión, por 13.000 euros al mes, abandonaron la residencia pero, confiesan, se comunicaban para felicitarse por algún cumpleaños.

El juez, el fiscal anticorrupción y –antes- la policía han interrogado en los últimos meses a decenas de empleados, colaboradores, contratistas y proveedores de la imbricada malla de empresas que cuelga del Instituto Nóos para acreditar la realidad de su actividad, que está bajo sospecha judicial de negocios sucios con dinero público. Los testimonios y documentos conocidos apuntan a la existencia de presuntos fraudes delictivos y, al tiempo, operaciones de corruptelas para disfrazar la realidad declarada y obtener ventajas ante la Hacienda Pública.

El Instituto Nóos, oficialmente sin ánimo de lucro, fue lanzado por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, ambos imputados por supuesta malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, prevaricación. Por Nóos pasaron los más de cinco millones de euros de dinero público que los dos socios obtuvieron de sus relaciones con las Administraciones públicas de Baleares y Valencia, en manos del PP. Urdangarin y Torres recaudaron otros cinco millones de donaciones y patrocinios concertados con empresas privadas, españolas y multinacionales.

EL PAÍS.com - Andreu Manresa Palma de Mallorca 11 SEP 2012