Sanidad avisa a los médicos objetores de que no pueden atender a sin papeles

Varios inmigrantes son atendidos en un centro en Barcelona. 

Más de 1.000 facultativos asistirán a inmigrantes irregulares amparados en su código ético
Los enfermeros alertan de que es una infracción sancionable.

Seguirán atendiendo a sus pacientes, sean españoles o extranjeros. Estén en situación irregular o no. Más de 1.000 médicos se han declarado ya objetores a la ley que restringe la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Los facultativos consideran que la normativa, que entra en vigor el 1 de septiembre y dejará sin tarjeta sanitaria a más de 150.000 personas, contraviene su código deontológico; aquel que dice que deben “velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo”. Por eso, han decidido seguir asistiendo a aquellos que han sido sus pacientes, tengan papeles o no. El ministerio les advierte de que su postura es ilegal. “La objeción aquí no tiene sentido. No es el médico quien se encarga de facturar, es el que se encarga de atender al paciente”, argumenta una portavoz.

Los facultativos han mostrado una postura firme y clara desde que estalló la polémica. “El ejercicio de la profesión médica lleva aparejadas ciertas obligaciones éticas de las que los médicos no pueden desprenderse. Ni por la conveniencia personal ni por las disposiciones gubernamentales”, expone Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), una organización con más de 20.000 asociados, que sustenta la acción. Para ello, tras consultar la legalidad de la objeción, esta organización ha abierto un registro para que estos profesionales se inscriban. El listado se nutría en un principio de médicos de familia. Ahora, se ha abierto también a otros profesionales sanitarios. Incluidos los enfermeros. Sin embargo, el Consejo General de Colegios de Enfermería alertó ayer a sus miembros de que seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles en horario laboral y con recursos públicos puede suponer una infracción administrativa. “Nuestros servicios jurídicos han determinado que esa acción no sería objeción de conciencia, sino insumisión”, explica su presidente, Máximo González Jurado.

“No aceptaré la norma que me impide seguir atendiendo a mis pacientes. Les seguiré viendo, tengan la situación administrativa que tengan. Y lo haré en mi horario de trabajo”, zanja Mario Soler, médico de Familia en Molina de Segura (Murcia). Este facultativo de 55 años explica que la nueva ley que retira a tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares —que solo podrán ir a Urgencias y recibir atención al parto y posparto— atenta contra los valores fundamentales de su profesión. “Va contra nuestro código deontológico. Y entre la lealtad a mi empresa pública y la lealtad a mis pacientes antepongo a mis pacientes, que son personas con nombres y apellidos”, dice. Soler tiene unos 300 pacientes inmigrantes. No sabe cuántos de ellos carecen de papeles, pero supone que muchos.


Rosa Bajo, médico de Primaria de Loeches (Madrid), también es objetora. “La salud es un derecho por el hecho de haber nacido. Que haya una parte de la población que no pueda acceder a ella, sea por no tener dinero o papeles, es indecente. Éticamente no podemos dejar sin atención a nadie que lo necesite. Esta es la base de nuestra objeción”, mantiene. Desde el día 1 se pondrá una chapa del movimiento Yo sí sanidad universal. “Así haré ver que yo sí atiendo”, dice.

Los médicos saben que su objeción, en la práctica, es complicada. Si un paciente no está en la base de datos no puede pedir cita ni se le puede enviar a hacer analisis ni pruebas. No obstante, esperan solventar esos problemas. El facultativo de Murcia pondrá carteles en la consulta explicando que atiende a todos los pacientes. No descarta establecer un horario específico, por ejemplo, cuando acaba de pasar consulta. Para el resto de asistencia espera que se cree una red de médicos objetores. “Desde analíticas a pruebas. Debemos organizarnos para poderles dar todo en la red pública”.

Además, mantienen, es importante denunciar cada desatención. Bajo y sus compañeros enviarán cada caso a los comités de ética de cada distrito, al departamento de salud pública y a la dirección de área. No han estudiado las consecuencias de su acción, pero creen que lo que hacen es perfectamente legal.

El presidente de los enfermeros alerta, sin embargo, de los efectos de estas acciones. “Esto no es objeción. Te debes a tu empresa, que es quien te paga y quien marca las reglas de juego. Jurídicamente se pueden enfrentar a un problema”, dice González Jurado.

Mientras, los colegios de médicos defienden la objeción y su código ético. “Es un deber deontológico atender a cualquier ciudadano”, dice Serafín Romero, secretario general de la Organización Médica Colegial.

El debate sigue y aún no está claro qué puede pasar con los objetores. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, criticó el lunes su acción: “No es una cuestión de humanidad o no, es una cuestión de presupuestos”. Y advirtió: “Si quiere objetar un médico es muy fácil, lo comunica a la dirección y se le deduce de la nómina y habrá hecho una contribución social que demostrará su interés. Ser solidario con el presupuesto de todos, eso es fácil”.

La Consejería de Sanidad de Murcia, donde se han objetado numerosos médicos, prefiere no valorar la actuación de estos profesionales. “Confiamos en que la situación se solucione y que los inmigrantes en situación irregular tengan también atención sanitaria, aunque respetando el real decreto del Gobierno”, dice un portavoz. El presidente de Semfyc espera también que la desatención a estas personas no llegue a producirse. Tiene esperanzas de que cambie la ley. “Son nuestros pacientes, por eso vamos a seguirles atendiendo. Por ellos y porque además es peor para la sociedad no hacerlo”, abunda Basora.

Red para ricos, red para pobres

Desde el día 1 de septiembre, unas 150.000 personas mayores de edad que viven en España en situación irregular no podrán ir al centro de salud ni a la consulta del especialista ni a hacerse una radiografía. Su tarjeta sanitaria, que les permite ahora —si están empadronadas— recibir asistencia médica, será desactivada. Solo las embarazadas recibirán atención al parto y posparto. El resto únicamente podrá acudir a urgencias. Una consulta por una gripe, una gastroenteritis o cualquier otro problema de salud que no se considere a priori grave quedará en manos de los médicos que se han declarado objetores y de las organizaciones no gubernamentales que les prestan asistencia.

El Consejo General de Enfermería propuso ayer a sus miembros la creación de consultas en los colegios profesionales. Una forma, explica su presidente, Máximo González Jurado, de seguir atendiendo a sus pacientes, “pero dentro de la legalidad”.

Mas los medios de la sanidad pública —económicos y físicos— y los de estas entidades no son los mismos. “¿Quién y dónde, si no se puede en la pública, va a hacer las pruebas diagnósticas, los estudios y las intervenciones?”, se ha preguntado siempre Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. “Si el coste de la atención a estos pacientes es tan insignificante que se puede llevar a cabo con cualquier mecanismo alternativo, ¿por qué no se sigue haciendo en la red pública? Esto es montar un régimen de caridad y abrir dos vías en la sanidad: una para ricos y otra para pobres”.

Las organizaciones que atienden a sin papeles, y que hasta ahora eran un apoyo, advierten de que las subvenciones que reciben, además, son cada vez más escasas. La propuesta del Gobierno de cobrar a los sin papeles un “aseguramiento” de 710 euros al año por recibir asistencia en la sanidad pública tampoco es para muchos una buena opción.

EL PAÍS.com - María R. Sahuquillo - Madrid - 10 AGO 2012