El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón y el PP se han quedado solos en la defensa de las tasas judiciales que serán efectivas antes de fin de año. El sector de la Justicia en pleno se ha opuesto a dichas tasas, empezando por el Presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, quien ha señalado que la ley es "difícilmente explicable".
La subida de las tasas judiciales que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) supondrá que los ciudadanos, en sus relaciones con la Justicia, tendrán que pagar en concepto de tasas entre 100 euros, por la reclamación de una deuda, hasta 1.200, si se recurre ante el Tribunal Supremo.
El PP a través de su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ha reconocido este jueves que "a lo mejor" tramitó con demasiada urgencia el proyecto de ley de las tasas, cuya aplicación ha tenido que suspenderse por falta de formularios adecuados, pero en todo caso defiende su conveniencia y critica el "inmovilismo" que a su juicio muestran los "gremios" de la Justicia que han reprobado la reforma.
Gallardón ha defendido la constitucionalidad de las tasas frente a voces como la de el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, que considera que son "un impuesto confiscatorio".
En declaraciones a Efe, Armengol ha opinado que las cuantías de las tasas judiciales "son inconstitucionales porque impiden el acceso a la justicia de los ciudadanos e incluso atentan y van en contra de la normativa comunitaria, que también garantiza la inexistencia de obstáculos en el acceso a la justicia para los ciudadanos europeos".
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha deseado "un equilibrio entre la atención de un servicio público y que nadie pague por lo que no está utilizando".
No son las únicas voces críticas en la Justicia contra las tasas. Se han sumado jueces, abogados y procuradores de diferentes comunidades autónomas que también se oponen al 'tasazo'.
También el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha incidido en rechazar las tasas y las ha calificado de "verdadera chapuza" antes de anunciar que los abogados seguirán con sus acciones de protesta.
La asociación de jueces Francisco de Vitoria ha calificado también de "chapuza" la medida mientras que Jueces por la Democracia ha destacado "el consenso social, político y profesional que ha suscitado el rechazo de la norma".
CASOS PRÁCTICOS
Para recurrir una multa de tráfico de 90, 100 o 150 euros, habrá que pagar una tasa de 200.
En el orden civil, para formular, por ejemplo, una reclamación por una factura impagada de fontanería por un importe de 3.000 euros, habrá que pagar una tasa de 100 euros y, si la parte contraria se opone y hay un juicio verbal, la tasa se elevará a 150 euros.
Sin embargo, no habrá que pagar tasas en los casos de reclamaciones de deudas y juicios verbales de lo Civil por importes inferiores a 2.000 euros.
Otro caso concreto: una reclamación de 100.000 euros por una negligencia médica, tendrá una tasa de 300 euros más el 0,50 por ciento del importe de la reclamación.
En el orden social, solo se aplicarán las tasas en segunda instancia, costando 500 euros los recursos de súplica y 750 euros en casación.
Por ejemplo, los recursos por despidos tendrán una tasa de 500 euros, aunque habrá que descontar un 60 por ciento del importe, como rebaja a los trabajadores.
Aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la subida de las tasas judiciales, la orden ministerial que pondrá en marcha ese cobro, que gestionará Hacienda, no entrará en funcionamiento hasta final de año.
El HuffPost / EFE | Publicado: 22/11/2012
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