Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos

Inmigrantes atendidos en un centro de salud de Barcelona.

“710 euros es una fortuna para un sin papeles. ¡No pueden enfermar!”

Los inmigrantes irregulares con más de 65 años abonarán el doble
Colectivos de inmigrantes critican el plan del Gobierno de cobrar a los 'sin papeles'
Los colectivos de inmigrantes ven con muchísima preocupación el plan del Gobierno de exigir 710 euros al año a los inmigrantes sin papeles para poder tener acceso a la sanidad y hasta 1.864 en el caso de los mayores de 65 años.

“Esa cantidad es una fortuna para un inmigrante sin papeles que, o no tiene trabajo o sobrevive con pequeñas chapuzas de vez en cuando”, explica Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui. “Muchos han perdido los papeles por la crisis, al quedarse sin trabajo, pero antes habían estado cotizando en España. Es una situación tremendamente injusta que ahora se les pida esa cantidad. Para ellos es una fortuna. Con sus pequeños ingresos tienen que afrontar el pago del alquiler para evitar el desahucio, la alimentación...¡No pueden enfermar! Esta medida condena al colectivo más vulnerable a más precariedad”.

Vladimir insiste en que es “totalmente falso” que el inmigrante abuse de la sanidad. “Hay decenas de estudios que lo demuestran, porque el colectivo es joven y sano. El famoso turismo sanitario, de extranjeros que vienen a España a operarse, es un fenómeno europeo, de ciudadanos comunitarios, no de inmigrantes que vienen de países de fuera de la UE”, explica. “En el imaginario social se ha extendido el bulo de que el inmigrante abusa de la sanidad y quita puestos de trabajo. Ha pasado en todas las sociedades en momentos de crisis: se busca una cabeza de turco, el más débil, el inmigrante. Pero no es cierto. Y creo que los técnicos que han asesorado al Gobierno a la hora de hacer este plan les han facilitado una información falsa y tergiversada. Nos hubiera gustado que consultaran antes”.

Para Vladimir, la medida “puede poner en peligro la vida y la salud” de los sin papeles “porque a partir de ahora, se automedicarán o recurrirán a remedios caseros” para no pagar esos 710 euros al año que quiere exigirles el Gobierno. A Rumiñahui le preocupa especialmente que este tipo de medidas “creen una sociedad dividida en dos, en la que unos tienen derechos y otros no”.

    Esta medida condena al colectivo más vulnerable a más precariedad.


Para Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la propuesta de Sanidad no es factible. Además, sostiene, es profundamente infjusta. “No me lo explico, ni desde el punto de vista político, ni ético ni sanitario. Esas personas no tienen dinero para afrontar ese coste por aseguramiento. Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos hablando de gente excluida, que no tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal…”, dice.

 Basora, que preside una de las dos sociedad médicas más importantes, con más de 20.000 miembros en toda España, cree que la única motivación para la exigencia que plantea Sanidad solo puede ser la intención de hacer aflorar la economía sumergida. “Si no, no se puede entender. Pero aún así, no es la manera, porque estamos hablando de gente que subsiste en el día a día, muchos con ayuda de organizaciones. Algunos puede que lo hagan gracias a la economía sumergida, pero no en esa magnitud”, dice. “700 euros al año es una cifra inalcanzable para los inmigrantes en situación irregular”, zanja.

También Brigida Moreta, de la organización Pueblos Unidos, cree que es absolutamente imposible que los extranjeros que están en situación irregular en España puedan afrontar esa cantidad. “Es un disparate más. Un atropello más para el pobre, para alguien que no solo no tiene trabajo, sino que tiene escasas oportunidades de trabajar actualmente”, dice. Su organización, una entidad de la Compañía de Jesús, que tiene varios programas de atención a este colectivo fue una de las promotoras de la campaña contra el apartheid sanitario que agrupó a otras asociaciones católicas como Justicia y Paz, Cáritas o Ekumene.

Pueblos Unidos conoce de primera mano la situación de muchas de las personas que están en situación irregular en España –unos 150.000—y por ello cree además que la propuesta de aseguramiento del ministerio que dirige Ana Mato es “inadmisible”. “Muchas de estas personas viven con las ayudas que les prestamos las ONG, sacando dinero de donde pueden. Haciendo chapuzas para pagarse una habitación o viviendo en la calle. ¿De dónde van a sacar 50 euros al mes?”, se pregunta Moreta, carmelita misionera que inició una petición en la red de activismo Actuable contra la exclusión sanitaria de ‘sin papeles’ que en pocas semanas reunió 20.000 adhesiones. “Y no solo es el dinero, son los requisitos. Muchos no llevan un año empadronados”, abunda Moreta. “Es para llorar. El Gobierno asegura que defiende la vida desde el principio hasta el final y está empujando a estas personas a que mueran por una enfermedad. Es un atentado contra la vida y la dignidad”, añade.

    Es un atentado contra la vida y la dignidad.

Mónica García, responsable de Red Acoge, cree que el sistema que ha elegido el departamento de Ana Mato aumentará las desigualdades socioeconómicas de este colectivo en el acceso a los servicios sociales. “Además, las personas en situación irregular, como todos los ciudadanos que vivimos en España, contribuyen a través de sus impuestos indirectos al sostenimiento de la Sanidad Pública”, dice.

Para García y su organización, especializada en la promoción de los derechos de los inmigrantes, establecer un doble sistema como el que plantea el Ministerio de Sanidad con el cobro por aseguramiento establece una carga impositiva sobre estos colectivos que están en exclusión social. “No es una solución para la presión que, según el real decreto de sostenibilidad del sistema sanitario, supuestamente existe.

Yolanda Villavicencio, presidenta de la Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación, (Aesco), y exdiputada socialista en la la asamblea de Madrid, rechaza la medida, que considera "privar de un derecho fundamental al colectivo más vulnerable de todos, los sin papeles" y condenarlos a "depender de los médicos objetores y de la sociedad civil".

 Este tipo de medidas, añade, "lanzan un mensaje muy negativo a la sociedad:si no te atienden en la Sanidad es porque sobras". "Acabo de venir de Londres y he visto a muchos españoles altamente cualificados trabajando allí de fregaplatos o camareros porque no dominan el idioma. Se están yendo, y aunque solo sea por un sentido práctico, se debería cuidar al inmigrante que se ha quedado aquí, en lugar de estigmatizarle".

EL PAÍS.com - Natalia Junquera / María R. Sahuquillo - Madrid - 7 AGO 2012