El último informe del Ministerio de Hacienda entregado al juez concluye que Nóos defraudó casi un millón al Gobierno balear con burdos engaños
La Fiscalía Anticorrupción de Baleares presentará en septiembre el escrito de acusación contra los responsables del Instituto Nóos, Diego Torres e Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, yerno del Rey y duque de Palma, con nuevos datos que apuntalan los indicios de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude a la Administración. Entre las pruebas incorporadas al sumario figura un informe remitido por el Ministerio de Hacienda al juez que instruye el caso con el análisis de facturas entregadas al juez por Nóos y todos los datos de ese instituto que obran en poder de la Agencia Tributaria.
La Fiscalía solicitará una fianza por responsabilidad civil a Torres y Urdangarin próxima a los cuatro millones de euros, cuantía que ambos habrían defraudado a las administraciones públicas con las que trabajaron.
El informe de Hacienda, firmado por interventores del Estado e incorporado el sumario, analiza todos los datos tributarios del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que organizaba eventos para instituciones públicas y empresas privadas.
El análisis de todas las cuentas del Instituto Nóos, con el que Urdangarin y Torres facturaron más de cinco millones de euros a distintas administraciones públicas entre 2004 y 2007, concluye que de los 2,1 millones de euros que el Gobierno balear entregó a Nóos, “no se pueden aceptar como gastos de la organización [de los eventos] 878.000 euros”, más del 40% del dinero recibido. El informe desgrana distintos tipos de irregularidades, algunas especialmente burdas:
Servicios realizados en otros eventos.
“Hemos encontrado justificantes que suman 14.896 euros en 2005 y 23.103 euros en 2006 que incluyen en su concepto servicios prestados para el Valencia Summit”, por lo que no pueden ser imputados a los actos celebrados en Mallorca.
Facturas fechadas antes de haber recibido el encargo.
“Se han presentado justificantes fechados antes de la firma del convenio para organizar los eventos que suman 63.694 euros en 2005 y 260.059 euros en 2006. Resulta difícil justificar que facturas de finales de 2004, facturas sin concepto, o de material de oficina, traducciones, asesoramiento, todas ellas anteriores a la firma del convenio, se adjunten como justificantes de un convenio que se firmó en julio de 2005 y que se materializó en noviembre de 2005”.
Convenio Incumplido.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda interpretan en su informe remitido al juez que el instituto de Urdangarin y Torres incumplió lo convenido con el Gobierno balear. “No se ha cumplido lo pactado en el convenio que establecía que la aportación económica tenía por objeto cubrir los costes de organización, gestión y logística necesarios para llevar a término el proyecto”. Nóos, según la investigación judicial que arrancó hace más de un año, se presentaba a las administraciones públicas como un instituto sin ánimo de lucro y, por tanto, se entendía que el dinero que recibía lo gastaba íntegramente en el evento que organizaba. Pero resultó que un porcentaje muy alto de las cantidades aportadas por los Gobiernos balear y valenciano, acabaron en las arcas de empresas privadas que eran propiedad de Urdangarin y Torres y a las que supuestamente se encargaban trabajos relacionados con la organización de los eventos por los que habían recibido el dinero público.
“Patrocinios privados, mayor beneficio”.
Los interventores del Estado descubren en su informe otra picaresca en la actuación del instituto Nóos. “Ha gestionado patrocinios privados (Sol Meliá, Toyota...) para el evento que en lugar de suponer un menor coste para el que paga [el Gobierno balear] ha supuesto menores desembolsos para el organizador, el Instituto Nóos, y por tanto mayor beneficio”.
La Fiscalía Anticorrupción y el juez que instruye el caso esperan tener en breve el resultado de tres comisiones rogatorias a Suiza (donde se investiga una cuenta a la que Urdangarin desvío dinero); Luxemburgo (donde Torres escondía fondos supuestamente) y Andorra (en la que se busca el origen de 400.000 euros). El resultado de estas comisiones rogatorias, según fuentes de la investigación, podría añadir un cuarto delito, el de evasión fiscal, en la instrucción judicial del caso.
La Agencia Tributaria de Barcelona está elaborando un trabajo solicitado por el juez para determinar a qué personas deben atribuirse los beneficios del Instituto Nóos, en cuyo consejo de administración estaba, como vocal, la infanta Cristina, que no está imputada en la causa. También deberán determinar las responsabilidades fiscales existentes sobre los fondos que declararon. La investigación ha determinado que el Instituto Nóos no era precisamente una entidad sin ánimo de lucro, que está sometida a unas exigencias fiscales mucho menores que cuando se trata de una empresa privada.
La Fiscalía y el instructor han determinado en sus escritos que el instituto sin ánimo de lucro con el que Torres y Urdangarin lograban contratos de las administraciones públicas era en realidad una tapadera de un negocio privado con ánimo de lucro.
La investigación judicial, iniciada tras descubrir una documentación en un registro derivado del caso Palma Arena, el sobreprecio en la construcción de un polideportivo, está a punto de concluir.
Hacia el delito fiscal
La causa abierta en un juzgado de Baleares contra Iñaki Urdangarin, entre otros, ha acumulado en un año de instrucción indicios sobre la comisión de tres delitos emparentados con la corrupción en las instituciones: el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos y el fraude a la administración. La investigación judicial ha acumulado datos que apuntan a un cuarto delito, el fiscal, aunque para eso todavía no alcancen las sumas. La instrucción considera acreditado que Urdangarin cobró 375.000 euros por sus gestiones a favor de una empresa valenciana con interés en su expansión internacional. Y que desvió esos ingresos hacia una cuenta en Suiza. Pero lo defraudado a Hacienda no alcanzaría el límite para ser considerado delito fiscal. Ahora se investigan otras cuentas en Andorra.
Múltiples indicios tras una instrucción que finaliza
El caso Urdangarin es un hilo diminuto del ovillo en que se convirtió la denuncia del Gobierno progresista de Baleares que mandaba en las islas entre 2007 y 2011. El Ejecutivo que presidía el socialista Francesc Antich denunció el disparate de gasto público en que los anteriores gestores, del PP, convirtieron la construcción del polideportivo Palma-Arena, adjudicado en 48 millones de euros y que costó a la hacienda balear más de 100 millones.
El instituto Nóos, propiedad de Diego Torres e Iñaki Urdangarin, no tuvo ninguna relación con esa obra ejemplo del despilfarro público, pero durante los registros que ordenó el juez para desentrañar qué había pasado con la adjudicación del polideportivo, unos documentos hallados en dependencias del Gobierno balear pusieron sobre la pista del caso. Esos documentos acreditaban un trato de favor del Gobierno balear que presidía Jaume Matas (PP) a la entidad que gobernaban Urdangarin y Diego Torres.
El trato de favor consistía en que Nóos, que se presentaba como entidad sin ánimo de lucro, organizaría unos eventos para promocionar el turismo de la isla a través de congresos sobre deporte. El Gobierno balear, sin concurso, adjudicó a Nóos los contratos de 2005 y 2006 para organizar esos eventos y pagó por ellos 2,3 millones de euros.
Cuando el juez y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron hace un año la investigación de esas adjudicaciones sospechosas, se encontraron con un negocio basado en la influencia de Urdangarin sobre administraciones públicas que le entregaron, sin que mediara concurso alguno, más de seis millones en menos de tres años, para celebración de eventos que costaban mucho menos. La investigación destapó que el Gobierno balear no era el único que había tenido tratos con Nóos. También la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia o el de Alcalá de Henares.
Cuándo la Fiscalía y el juez se interesaron por los gastos del Instituto Nóos, se encontraron con que los eventos que organizaban costaban mucho menos del dinero público recibido y que en la justificación de los gastos aparecían, mayoritariamente, una maraña de empresas privadas con ánimo de lucro propiedad de Urdangarín y la infanta Cristina o de Diego Torres y su mujer. Cuando Torres intentó justificar los gastos, la Fiscalía y el juez se encontraron con nuevos engaños. Ahora los dos socios se enfrentan a una petición fiscal de cárcel por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fraude.
EL PAÍS.com - Andreu Manresa - Palma de Mallorca - 12 AGO 2012
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