Rodrigo Rato
Fernando Andreu admite a trámite la querella de UPyD tras el informe de Anticorrupción
La denuncia apunta a cinco posibles delitos, entre ellos estafa y apropiación indebida
Miguel Fernández Ordóñez, Julio Segura y el auditor declararán como testigos
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y les ha citado a declarar como imputados. Anticorrupción no ha presentado querella, pero ha emitido un informe a favor de que se admita a trámite la de UPyD.
Además, Andreu interrogará como imputados al expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y al exministro del Interior, Angel Acebes, que también formó parte del Consejo de Administración de BFA, nacionalizada por el Estado por sus graves problemas financieros, y que dejó la entidad poco antes de que estallase la crisis del grupo. El único de los citados como imputados que sigue en la entidad es el consejero delegado, Francisco Verdú.
Además, reclama abundante documentación a las siete cajas que crearon BFA, al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Las partes deberán comparecer el próximo 23 de julio para una vista tras la cual se decidirá sobre las medidas cautelares solicitadas por UPyD, que incluyen la intervención judicial del grupo Bankia, que supondría la sustitución de los gestores por un administrador concursal. El grupo de Rosa Díez también incluye como medidas cautelares el requerimiento a los querellados de una fianza que cubra la responsabilidad civil o, en su caso, el embargo de los bienes para hacer frente a esta.
El juez también cita también para que declaren, en este caso como testigos, al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura; al socio de Deloitte encargado de Bankia, Francisco Celma, y al representante legal de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
La Audiencia Nacional reclama a las cajas de ahorros integrantes del grupo BFA-Bankia que informen con detalle de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde 2008 en favor de los consejeros y directivos de y sus familiares y en favor de los partidos y grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y Parlamentos autonómicos que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja de ahorros.
El juez también exige que las cajas den toda la información sobre los planes de prejubilaciones, pensiones, seguros de vida y otras figuras análogas destinadas a los directivos, así como el importe desglosado de las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades, seguros de jubilación y pagos de indemnizaciones por cese (para casos de despido, renuncia o jubilación) abonados a los consejeros y altos directivos e las cajas desde el 1 de enero de 2008, así como el desglose de todas las retribuciones desde el 1 de enero de 2007.
Por su parte, a la CNMV le pide el expediente de la oferta pública de suscripción por la que Bankia salió a Bolsa y el folleto de emisión de dicha operación. El juez también reclama a las Bolsas que envíen toda la documentación relacionada con dicha operación.
Al Banco de España, el juez le solicita abundante documentación, incluidos todos los documentos de la inspección desde el 1 de enero de 2011, el plan de capitalización presentado ante el Banco de España en enero de 2012, los informes relativos a las retribuciones de los consejeros y directivos de Bankia y BFA desde el 28 de diciembre de 2010 (cuando el FROB inyectó 4.465 millones) y el plan de saneamiento alternativo remitido por Rato poco antes de su renuncia.
El juez reclama además al FROB toda la documentación sobre la entidad, incluidos los documentos relativos a la inyección adicional de 19.000 millones solicitada por el grupo BFA-Bankia una vez que tomó posesión el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri.
La Fiscalía Anticorupción anunció hace algo menos de un mes que investigaba posibles delitos societarios en la gestión de la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Según reveló este miércoles el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ordenó mantener las diligencias de investigación en secreto mientras fuera posible “para no incendiar el parqué” con la divulgación de una investigación penal sobre la entidad. La presentación de distintas acciones penales por parte de particulares y su admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción número 21 es lo que obligó al fiscal a judicializar sus investigaciones, según fuentes de la Fiscalía del Estado. Los delitos investigados, entre los que se citan los de falsedad y estafa se enunciaban, por el momento, solo “a título indicativo”.
La investigación fue encargada por Torres-Dulce al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, el pasado 28 de mayo. En el decreto de apertura de diligencias se citan cinco posibles delitos a investigar, entre ellos estafa, apropiación indebida, delitos contables, administración desleal y falsedad documental. Sin embargo, fuentes de Anticorrupción precisaron que dicha enumeración corresponde a un enunciado en la dirección de la investigación y que, por el momento, no se han apreciado indicios de ningún tipo penal, al estar las diligencias en una fase de investigación muy prematura. De hecho, Anticorrupción no ha presentado por ahora ninguna querella.
Días después, al pasado 11 de junio, la formación que preside Rosa Díez, UPyD, presentó una querella contra los miembros del Consejo de Administración del grupo Bankia por considerar que cometieron, al menos, cinco delitos durante el proceso de salida a Bolsa de Bankia.
Según dicha querella, Rodrigo Rato, y los 32 consejeros de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA) pudieron cometer un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas, este último no citado por Anticorrupción.
El País Madrid 4 JUL 2012
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