En la esquina inferior izquierda puede observarse la huella con la que firmó la suscriptora.
Documentos firmados con el dedo confirman las malas prácticas de la entidad
La política comercial de la antigua Caixanova, una de las dos entidades cuya fusión dio lugar a Novagalicia, de extender al máximo posible la venta de participaciones preferentes para mejorar el aspecto de sus cuentas ha tenido consecuencias dramáticas para muchos ahorradores. Pese a las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de comercializar estos productos solo a inversores con conocimientos sobre la mecánica de los mercados financieros, la entidad viguesa llegó a vender este producto a personas analfabetas, como puede verse en el documento que ilustra esta información. La orden de compra está firmada con su huella digital por una mujer de avanzada edad, residente en Cangas do Morrazo. En este caso se trata de una imposición por 6.000 euros que, como en tantas otras ocasiones, se ofreció al ordenante como un depósito que podría ser recuperado en cualquier momento.
Diversas circulares remitidas desde los servicios centrales de Caixanova a las sucursales entre 2004 y 2009 animaban a los empleados a colocar los títulos de deuda subordinada y las participaciones preferentes “al menudeo”, con los objetivos de dotar de recursos propios a la entidad, apoyar el cumplimiento de los criterios de solvencia, sustentar el crecimiento de la inversión crediticia, ampliar los límites de concentración de riesgos y permitir el desarrollo de proyectos estratégicos. Sin embargo, esta estrategia de venta colisiona con las instrucciones de la CNMV para comercializar con prudencia este tipo de productos opacos. Por ello, se llegó a solicitar la realización de tests de idoneidad antes de permitir que un cliente suscribiese un producto de este tipo.
Varios suscriptores de participaciones preferentes de Caixanova explicaron a EL PAÍS que nunca llegaron a realizar los citados tests. Algunos incluso indican que tienen copias de los contratos donde suscribían las preferentes que no aparecen firmadas. La falta de precauciones que se tomaron para comercializar este producto parece indicar que hubo una considerable presión hacia los empleados para colocar este producto a todos los clientes que fuese posible. La escasez de garantías hacia los clientes es uno de los aspectos en los que inciden las asociaciones de consumidores y la propia Fiscalía del Tribunal Superior, que prepara una demanda contra Novagalicia Banco por los procedimientos de venta de este tipo de productos.
Las entidades financieras españolas emitieron y vendieron cerca de 30.000 millones de euros en participaciones preferentes desde 1999, a través de sucursales de 52 cajas y bancos, en muchos casos hasta principios de 2011. Los compradores ponían su dinero en un producto legal y se les ofrecía buenos intereses a cambio de un compromiso de inversión para toda la vida.
La venta de participaciones preferentes a través de este tipo de prácticas puede abrir el camino a la vía penal para ahorradores que consideren que fueron engañados a la hora de suscribir el producto. Por el momento, muchos afectados están solicitando información a los servicios de atención al cliente de Novagalicia Banco o han presentado una solicitud de arbitraje, tal y como ha aconsejado la Xunta de Galicia.
La solución definitiva para los ahorradores gallegos que tienen su dinero atrapado en el corralito de las preferentes no se atisba por el momento. Otras entidades han propuesto un canje por acciones o incluso la suscripción de un depósito por el importe del capital invertido. Los actuales directivos de Novagalicia Banco no han podido poner en marcha una solución similar ya que la entidad se mueve en la indefinición jurídica. Novagalicia cuenta con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como accionista mayoritario. Ayer el subgobernador del Banco de España, Javier de Aríztegui, informó en el Congreso de que la entidad necesitará otra aportación de 4.500 millones de euros —además de los 2.465 millones ya provisionados— para cumplir con los últimos dos decretos de saneamiento financiero aprobados por el Gobierno central.
Novagalicia cuenta con 71.899 millones en activos, lo que le sitúa como décima entidad financiera española. El saldo vivo alcanzaba los 900 millones en mayo de 2011, según la CNMV.
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La Fiscalía apunta a delitos de estafa
El titular de la Fiscalía Superior de Galicia, Carlos Varela, apuntó ayer que la demanda que prepara este órgano judicial sobre las preferentes tendrá en cuenta muchas sentencias individuales en las que se reconoce que se perjudicó a muchos ahorradores por falta de información.
“Este tipo de argumentos estará también en la demanda que llevará la Fiscalía, la única diferencia es que la acción de la Fiscalía es conjunta”, explicó Varela, quien indicó también que ha recibido información sobre casos en los que se ha movilizado dinero procedente de un depósito hacia la compra de este tipo de productos, sin consentimiento del interesado.
El fiscal indicó que este tipo de actuaciones pueden ser evaluadas como delitos de estafa. “Son asuntos que se ventilan entre un concreto cliente y una concreta entidad y hay que verlos individualmente”, añadió el fiscal, quien considera que para el resto de afectados la acción colectiva es el instrumento jurídico más eficaz.
Varela explicó que la Fiscalía está estudiando la documentación procedente de cerca de medio millar de afectados y también de la información facilitados desde la asociación Adicae, que remitió al órgano judicial documentos referidos a medio centenar de afectados que recurrieron a la asociación.
EL PAÍS.com - José Luis Estévez - Santiago de Compostela - 7 JUN 2012
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