Ningún policía será expedientado por los incidentes de Valencia

El ministro del Interior respalda la actuación de la policía en Valencia
Asegura que los agentes fueron sometidos a “provocaciones y vejaciones”
El ministro del Interior elogia la actuación de los agentes en las protestas del Lluis Vives
Responsabiliza en el Congreso a grupos antisistema de las cargas policiales

El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha respaldado este jueves sin fisura alguna la actuación de la policía durante los incidentes que tuvieron lugar en Valencia hace un mes, con motivo de las protestas que se iniciaron en el instituto Luis Vives.

Fernández compareció a petición propia en la Comisión de Interior del Congreso para dar su versión de los hechos, exponer el expediente abierto por la Delegada del Gobierno en Valencia y concluir que “no existen elementos para incoar actuaciones contra ningún miembro de la policía”. Su exposición solo tuvo el apoyo de la portavoz del PP, Susana Camarero, quien, incluso, habló de “montajes organizados para provocar tensión”.

Según el ministro, los agentes actuaron con “enorme profesionalidad, soportando en numerosas ocasiones provocaciones y vejaciones que ninguna persona aguantaría”. En su relato, los policías ejercieron la “prudencia”, frente a la “permanente y continuada agresión”, que concretó en insultos, amenazas y piedras arrojadas contra ellos, entre otras. Por eso habló de la “intachable actuación de la policía, aguantando estoicamente agresiones verbales, amenazas, injurias y calumnias susceptibles de sanciones penales, con un especial esfuerzo de contención”.

Enfrente, explicó, había “concentraciones irregulares con elementos radicales que se conducen de forma extremadamente violenta, en este caso contra la policía”. Todo ello, en su opinión, afecta negativamente a la imagen de España, además de incomodar a los ciudadanos de Valencia.

De acuerdo con la exposición del ministro, el derecho de manifestación, según la jurisprudencia constitucional, tiene unos límites que, en este caso, fueron desbordados por quienes protestaban; no se cumplió el trámite de comunicación previa a las autoridades; se cometieron ilegalidades como impedir el derecho a la libre circulación de otros ciudadanos, quema de contenedores y agredir, insultar y amenazar a los policías. La conclusión, dijo, es que los sucesos han afectado a la imagen de España en el exterior.

Para sostener la ilegalidad de las protestas explicó que esos días hubo manifestaciones de sindicatos contra la reforma laboral y contra los recortes sociales, sin que se produjeran incidentes, precisamente, porque había sido comunicada previamente a la Delegación del Gobierno. “Si se hubiera comunicado se hubiera protegido el derecho de manifestación y los altercados no hubieran tenido lugar”.

El ministro del Interior explicó que en Valencia hay precedentes de protestas violentas y que “lo de febrero no se produce por generación espontánea ni porque la policía actúe brutalmente o porque el PP esté en el Gobierno, porque meses antes hubo actos especialmente violentos”. Citó incidentes que tuvieron lugar en junio de 2011 en Valencia con grupos ligados al 15-M y cómo la delegada del Gobierno de entonces denunció también como grupos radicales y antisistema.

“Hay una mayoría silenciosa cansada en Valencia y una absoluta minoría que altera la convivencia en Valencia. En el marco de la ley no vamos a consentirlo”, advirtió Fernández.

Su intervención inicial fue un relato pormenorizado por horas entre el lunes 13 de febrero y el sábado 25 de febrero en las calles de Valencia. El inicio está en la primera protesta de estudiantes adolescentes del instituto Luis Vives, que denunciaban recortes presupuestarios que se concretaban en falta de calefacción en las aulas. Y la forma en la que continuó con concentraciones, cortes de tráfico, lanzamiento de piedras a sedes del PP, actos frente a domicilios de políticos valencianos e intentos de asalto de edificios públicos, siempre según su versión. El ministro se esforzó en intentar dejar al margen el inicio de la protesta en el instituto, para evitar que fuera visto como una actuación policial frente a estudiantes menores. De hecho, se preocupó de dar siempre la edad de los detenidos, de tal forma que solo ocho de ellos eran menores y solo uno alumno del Luis Vives.

Sí hizo un pormenorizado relato de los insultos que proferían los manifestantes a los policías —“terroristas de Estado”, por ejemplo— y de las agresiones propinadas a los agentes, en forma de pedradas, mordiscos o patadas. Hasta relató las 32 pintadas insultantes realizadas en edificios públicos, algunos de ellos emblemáticos, de Valencia.

El resumen de los hechos es que hubo 43 detenidos, de los que 28 han sido imputados por delitos como desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia grave. Esos disturbios, según los datos oficiales del ministro, provocaron 60 heridos, de los cuales 21 eran policías y seis menores de edad. Todos ellos con lesiones que no requirieron hospitalización. Obviamente, no explicó la forma en que se produjeron las heridas los 39 atendidos que no son policías.

El ministro del Interior afirmó que en el expediente solo figura una carga policial que se produjo el lunes 20 de febrero, cuando entre 300 y 500 personas arremetieron contra los policías, al tiempo que “un grupo de encapuchados provistos de palos, piedras y botellas de cristal” lanzaron objetos a los agentes.

Fernández contó cómo cuando ya se habían iniciado las protestas, pero aún no había habido incidentes, fue registrado el dominio y el hastag (etiqueta de Twitter) #primaveravalenciana. Y se metió en un jardín al asegurar que los promotores pretendían hacer un paralelismo con la llamada “primavera árabe” o “con la primavera de Praga”, que terminó con la entrada en 1968 de los tanques soviéticos en la capital checa.

Fernando Garea / Mónica Ceberio Belaza EL PAÍS.com - Madrid 15 MAR 2012