El ministro de Educación, José Ignacio Wer
Educación resucita la polémica al desvirtuar Ciudadanía
La Conferencia Episcopal aplaude la medida como un victoria
La reforma de la secundaria le dará un año más también a la FP a costa de reducir la ESO
"Quiere contentar a los sectores más extremistas"
Cinco años después, el PP ha reavivado una polémica que parecía muerta. El rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que encabezaron en un principio los obispos españoles, volvió ayer al hemiciclo de la mano del ministro de Educación, José Ignacio Wert. El nuevo titular de la cartera asumió los argumentos de los sectores conservadores contrarios a la asignatura al decir que Ciudadanía ha creado una polémica y una “seria división social” porque “iba más allá de lo que es la educación cívica”. Y anunció que la sustituirá por Educación Cívica y Constitucional. La vuelta a esta controversia hizo sombra a otros anuncios de calado, como la profunda reforma del sistema educativo que se ha fijado y que quitará un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, que ahora tiene cuatro), para sumárselo al bachillerato y también a la Formación Profesional de grado medio (ahora tienen dos).
La nueva materia nacerá de eliminar de la antigua las “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”. Se suprimirá todo lo que no tenga que ver con el conocimiento de la Constitución y sus valores y las instituciones de cualquier sociedad democrática y de la Unión Europea. Esto anularía, por ejemplo, todo el bloque que en secundaria habla de las relaciones interpersonales y humanas.
Wert no ofreció ayer un calendario sobre su sustitución, pero un portavoz aclaró que se hará “cuanto antes, si es posible, para que esté lista el curso que viene”. La Conferencia Episcopal Española, que impulsó el boicoteo a Ciudadanía, aplaudió el anuncio, mientras buena parte de la comunidad educativa lo rechazó.
La materia, aprobada dentro de la ley educativa de 2006 (LOE), enseña respeto a la diversidad, las relaciones personales, la vida en comunidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución o los derechos humanos. La polémica arrancó con mucha fuerza, pero se ha ido apagando. En el último recuento hecho por este periódico en 2009, eran 114 de 800.000 estudiantes. Además, el Tribunal Supremo concluyó a principios de 2009 que no se puede objetar a esa materia obligatoria, aunque sí recomendaba vigilar los manuales.
El cambio de Ciudadanía no gustó a las asociaciones de padres, sindicatos ni oposición. “Sirve para contentar a sectores extremistas políticos y religiosos”, consideraron tanto desde la confederación de padres CEAPA, mayoritaria en la enseñanza pública, como desde el PSOE. Mario Bedera, exsecretario de Estado de Educación y socialista, añadió que “no tiene sentido continuar a estas alturas de la democracia con el debate” sobre Ciudadanía. La decisión “va a crispar a la comunidad educativa”, añadió Carlos López Cortinas, de UGT.
El ministro ofreció algún detalle más sobre la reforma que pretende de la secundaria, que consiste en quitarle un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación Secundaria Obligatoria, para sumárselo al bachillerato. El cambio afectará también a la Formación Profesional (FP) de grado medio, pero manteniendo la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 años. Así, los alumnos de 15 años deberán decidir si van al bachillerato o a la FP y estarán obligados por ley a cursar, al menos, el primer curso. Incluso si piensan dejar los estudios a los 16 años. La idea de quitarle un curso a la ESO ha sido muy criticada por distintos sectores de la comunidad educativa por sus posibles implicaciones en la igualdad de oportunidades, en la segregación educativa, costes y difícil encaje administrativo y pedagógico. Wert defendió ayer que “no será tal” la segregación, pues también se intenta con el cambio mejorar “la imagen social de la FP”. La reforma, añadió, “no tiene orientación ideológica, sino de eficacia”. Para ello quiere reunirse con empresarios y agentes sociales. También aclaró que se van a mantener las pasarelas para llegar desde la FP a la universidad.
En su discurso sobre los planes del ministerio, Wert insistió en el diálogo para llegar a acuerdos, en la necesidad de reducir el abandono escolar temprano (28,4%, casi el doble de la media europea) y de buscar la excelencia siendo más eficientes —“hacer más con menos” en tiempos de recortes—. También incluyó algunos detalles que no gustarán nada a la izquierda. Por ejemplo, dijo que la escuela de 0 a 3 años no es educación, sino conciliación.
Tampoco gustarán seguramente las pruebas externas para los alumnos, cuyos resultados se facilitarán a las familias para que los empleen en la elección de centros. Esta medida, que Madrid desarrolla desde hace años, ha despertado una amplia polémica en la comunidad gobernada por Esperanza Aguirre.
Wert también reiteró su intención de elaborar un estatuto del docente o extender los centros bilingües para pasar de “estudiar inglés a estudiar en inglés”. El ministro se reunirá con todas las comunidades autónomas para definir “de forma común” qué se entiende por bilingüismo. Espera aprobar los cambios a finales de 2012 para que se pueda aplicar a los centros en el curso 2013-2014.
J. A. Aunión / P. Álvarez - EL PAÍS.com - Madrid 31 ENE 2012
Educación resucita la polémica al desvirtuar Ciudadanía
La Conferencia Episcopal aplaude la medida como un victoria
La reforma de la secundaria le dará un año más también a la FP a costa de reducir la ESO
"Quiere contentar a los sectores más extremistas"
Cinco años después, el PP ha reavivado una polémica que parecía muerta. El rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que encabezaron en un principio los obispos españoles, volvió ayer al hemiciclo de la mano del ministro de Educación, José Ignacio Wert. El nuevo titular de la cartera asumió los argumentos de los sectores conservadores contrarios a la asignatura al decir que Ciudadanía ha creado una polémica y una “seria división social” porque “iba más allá de lo que es la educación cívica”. Y anunció que la sustituirá por Educación Cívica y Constitucional. La vuelta a esta controversia hizo sombra a otros anuncios de calado, como la profunda reforma del sistema educativo que se ha fijado y que quitará un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, que ahora tiene cuatro), para sumárselo al bachillerato y también a la Formación Profesional de grado medio (ahora tienen dos).
La nueva materia nacerá de eliminar de la antigua las “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”. Se suprimirá todo lo que no tenga que ver con el conocimiento de la Constitución y sus valores y las instituciones de cualquier sociedad democrática y de la Unión Europea. Esto anularía, por ejemplo, todo el bloque que en secundaria habla de las relaciones interpersonales y humanas.
Wert no ofreció ayer un calendario sobre su sustitución, pero un portavoz aclaró que se hará “cuanto antes, si es posible, para que esté lista el curso que viene”. La Conferencia Episcopal Española, que impulsó el boicoteo a Ciudadanía, aplaudió el anuncio, mientras buena parte de la comunidad educativa lo rechazó.
La materia, aprobada dentro de la ley educativa de 2006 (LOE), enseña respeto a la diversidad, las relaciones personales, la vida en comunidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución o los derechos humanos. La polémica arrancó con mucha fuerza, pero se ha ido apagando. En el último recuento hecho por este periódico en 2009, eran 114 de 800.000 estudiantes. Además, el Tribunal Supremo concluyó a principios de 2009 que no se puede objetar a esa materia obligatoria, aunque sí recomendaba vigilar los manuales.
El cambio de Ciudadanía no gustó a las asociaciones de padres, sindicatos ni oposición. “Sirve para contentar a sectores extremistas políticos y religiosos”, consideraron tanto desde la confederación de padres CEAPA, mayoritaria en la enseñanza pública, como desde el PSOE. Mario Bedera, exsecretario de Estado de Educación y socialista, añadió que “no tiene sentido continuar a estas alturas de la democracia con el debate” sobre Ciudadanía. La decisión “va a crispar a la comunidad educativa”, añadió Carlos López Cortinas, de UGT.
El ministro ofreció algún detalle más sobre la reforma que pretende de la secundaria, que consiste en quitarle un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación Secundaria Obligatoria, para sumárselo al bachillerato. El cambio afectará también a la Formación Profesional (FP) de grado medio, pero manteniendo la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 años. Así, los alumnos de 15 años deberán decidir si van al bachillerato o a la FP y estarán obligados por ley a cursar, al menos, el primer curso. Incluso si piensan dejar los estudios a los 16 años. La idea de quitarle un curso a la ESO ha sido muy criticada por distintos sectores de la comunidad educativa por sus posibles implicaciones en la igualdad de oportunidades, en la segregación educativa, costes y difícil encaje administrativo y pedagógico. Wert defendió ayer que “no será tal” la segregación, pues también se intenta con el cambio mejorar “la imagen social de la FP”. La reforma, añadió, “no tiene orientación ideológica, sino de eficacia”. Para ello quiere reunirse con empresarios y agentes sociales. También aclaró que se van a mantener las pasarelas para llegar desde la FP a la universidad.
En su discurso sobre los planes del ministerio, Wert insistió en el diálogo para llegar a acuerdos, en la necesidad de reducir el abandono escolar temprano (28,4%, casi el doble de la media europea) y de buscar la excelencia siendo más eficientes —“hacer más con menos” en tiempos de recortes—. También incluyó algunos detalles que no gustarán nada a la izquierda. Por ejemplo, dijo que la escuela de 0 a 3 años no es educación, sino conciliación.
Tampoco gustarán seguramente las pruebas externas para los alumnos, cuyos resultados se facilitarán a las familias para que los empleen en la elección de centros. Esta medida, que Madrid desarrolla desde hace años, ha despertado una amplia polémica en la comunidad gobernada por Esperanza Aguirre.
Wert también reiteró su intención de elaborar un estatuto del docente o extender los centros bilingües para pasar de “estudiar inglés a estudiar en inglés”. El ministro se reunirá con todas las comunidades autónomas para definir “de forma común” qué se entiende por bilingüismo. Espera aprobar los cambios a finales de 2012 para que se pueda aplicar a los centros en el curso 2013-2014.
J. A. Aunión / P. Álvarez - EL PAÍS.com - Madrid 31 ENE 2012
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