Urdangarin conversa con su ex socio en un acto en Barcelona en 2004. | Foto: Santi Cogolludo
El juez que investiga la supuesta apropiación indebida de fondos públicos del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y de su socio, Diego Torres, a través del Instituto Nóos, una entidad sin supuesto ánimo de lucro que logró contratos millonarios de los Gobiernos de Baleares, y la Comunidad Valenciana, ambos del PP, sin que mediara concurso alguno, ha impuesto una fianza de 8,1 millones de euros a ambos imputados. La mayoría del dinero logrado para organizar eventos relacionados con el deporte y el turismo acabó en la caja de empresas privadas de Urdangarin, de Torres o de ambos.
El instructor José Castro ha decidido aceptar la petición fiscal para imponer una fianza de responsabilidad civil a ambos para responder del supuesto daño patrimonial causado a las arcas públicas. El fiscal había pedido 8,2 millones de fianza que en el caso de que no pueda ser pagada por los dos afectados acarrearía el embargo de sus propiedades. Sus conclusiones se recogen en un auto de unos 500 folios.
Torres y Urdangarin montaron un negocio en 2003 basado en la posición privilegiada del yerno del Rey, que se encargaba de las relaciones públicas para lograr contratos de distintas administraciones. Durante los tres primeros años, su negocio, articulado bajo el paraguas de una supuesta entidad sin ánimo de lucro llamada Instituto Nóos, logró más de siete millones de euros de los Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, en este caso con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia. La mayor parte de ese dinero no se dedicaba a organizar los eventos para los que habían sido contratados sino que formaba parte de los beneficios de Torres y Urdangarin, que simulaban supuestos contratos de prestación de servicios suscritos por el Instituto Nóos con empresas privadas con ánimo de lucro que eran de su propiedad, según la investigación judicial y policial.
Una de las empresas privadas más beneficiadas por el negocio de Urdangarin y Torres a través del Instituto Nóos se llama Aizoon y es propiedad del Duque de Palma y de su esposa, la infanta Cristina. Pese a este hecho y a que la infanta formaba parte de la Junta Directiva de Nóos, el juez José Luis Castro, que instruye esta causa, no ha visto indicios suficientes para imputar de momento a la hija del Rey, al considerar que su participación en la trama fue nula. Sin embargo, en los últimos meses se han conocido correos electrónicos que implicarían a la infanta Cristina en alguna mediación a favor de los negocios de su marido y el socio de Urdangarin, Diego Torres, amenaza con hacer públicos nuevos correos electrónicos para involucrar todavía más a la esposa del Duque de Palma en los irregulares negocios de Nóos.
El caso Nóos arrancó tras descubrir el juez en unos registros relacionados con el caso Palma Arena –la construcción de un polideportivo con un 100% de sobrecoste sobre el precio de licitación de la obra- unos documentos sobre los contratos del Gobierno balear que presidía Jaume Matas con el Instituto Nóos para organizar en Palma de Mallorca unos eventos relacionados con el turismo y el deporte. Tras más de un año de investigación, la fiscalía y el juez han descubierto numerosas ilegalidades en la forma de actuar de Nóos, por lo que imputó a sus dos principales responsables por considerar que hay indicios suficientes de que han podido cometer los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude a la administración. La investigación también ha destapado dos supuestos delitos fiscales cometidos por el Duque de Palma a través de la empresa Aizoon cuya propiedad comparte con su mujer.
elpaís - Andreu Manresa - Palma de Mallorca - 30 ENE 2013
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